Abundan los artículos que dan cuenta del giro político que ha hecho el gobierno luego del resultado del plebiscito. ¿Y la oposición ha hecho otro tanto? En un régimen democrático ella es la contraparte del Ejecutivo y sus definiciones contribuyen a marcar el destino del país. Es una lógica consecuencia del pluralismo político y del principio de representación, principalmente en el Congreso.
El concepto mismo de oposición surge en el Reino Unido en el Siglo XIX cuando se legitima el papel de los partidos en la Cámara de los Comunes, pero sólo en 1937 se asigna un sueldo especial al jefe del principal partido minoritario. El reconocimiento constitucional explícito de la oposición no es frecuente.
Lo contempla la Constitución de Portugal de 1976 luego de la revolución de los claveles; su artículo 114 “reconoce a las minorías el derecho de oposición democrática, en los términos de la Constitución y la Ley (…) Los partidos políticos representados en la Asamblea de la República y que no forman parte del Gobierno gozan especialmente del derecho a ser informados regular y directamente por el Gobierno sobre la situación y evolución de las principales cuestiones de interés público…”.
En Colombia, por ejemplo, el artículo 112 de la Constitución de 1991 (modificado en 2005) establece que: “Los partidos y movimientos políticos que no participen en el Gobierno podrán ejercer libremente la función crítica frente a éste y plantear y desarrollar alternativas políticas. Para estos efectos, salvo las restricciones legales, se les garantizan los siguientes derechos: de acceso a la información y a la documentación oficiales; de uso de los medios de comunicación social del Estado de acuerdo con la representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; de réplica en los medios de comunicación del Estado frente a tergiversaciones graves y evidentes o ataques públicos proferidos por altos funcionarios oficiales, y de participación en los organismos electorales (…) Los partidos y movimientos minoritarios tendrán derecho a participar en las mesas directivas de los cuerpos colegiados, según su representación en ellos”.
En otros países, como Alemania y España, los Tribunales Constitucionales han reconocido el “derecho a la oposición”. La comisión de Venecia aprobó en 2019 un documento fijando criterios constitucionales para resguardar el rol de la oposición en una democracia.
Entre nosotros ese papel está establecido en los reglamentos de ambas cámaras y, en forma indirecta, en la Constitución luego de la reforma del 2005 que habilitó a la minoría de la Cámara de Diputados para ejercer facultades fiscalizadoras, creando comisiones investigadoras o interpelando a los ministros.
En un régimen presidencial con renovación parcial del Senado como el nuestro, por regla general los gobiernos carecen de mayoría en esa corporación o incluso en ambas cámaras.
La oposición pasa, entonces, a tener un papel más relevante en la fiscalización de los actos gubernamentales, en la definición de las leyes, en la aprobación del presupuesto y en la designación de importantes cargos estatales. La existencia hasta ahora de cuórums supra mayoritarios acentúa el poder de la oposición.
La oposición parlamentaria al gobierno Boric aparece conformada por diversas fuerzas: además de los tres partidos que conforman la alianza Chile Vamos, han aparecido el Partido Republicano con una definición más intransigente y el Partido de la Gente que oscila en su comportamiento; por su parte la DC ha definido su papel como de colaboración independiente. El gobierno no tiene mayoría en ninguna de las ramas del Congreso.
El objetivo de toda oposición es controlar al gobierno e incidir en las definiciones legales perfilando una alternativa política capaz de ganar el apoyo ciudadano necesario para llegar a la Moneda en las próximas elecciones. Los dilemas surgen al momento de definir cómo realizar esas tareas, sobre todo cuando no existe un solo partido hegemónico.
La primera disyuntiva es establecer si se va a seguir una política de trinchera, de tipo sectario u obstruccionista, sin escuchar razones o bien si de va a fijar una posición en cada caso según el mérito del asunto debatido.
Un ejemplo de la primera opción es la definición anunciada por el nuevo líder republicano de la Cámara de Representantes en los EE. UU. Kevin McCarthy, quien señaló que su misión consiste en detener el “proyecto Biden”.
Por su parte, en el Perú una oposición heterogénea ha intentado destituir al Presidente Castillo durante el primer año de su mandato. En Francia, como la oposición está dividida entre un sector de derecha y otro de izquierda (cada uno a su vez con componentes distintas), las mociones de censura al gabinete propias de un sistema semi presidencial, no han prosperado.
¿Y en Chile, que actitud adoptarán los partidos de oposición? Al definir una línea deben tomar en cuenta que ellos también están sometidos al escrutinio público. El parecer ciudadano se expresará indefectiblemente en las próximas elecciones. Las encuestas suelen ser engañosas: no indican necesariamente intención de voto. Pero sí muestran reiteradamente que la gente privilegia una disposición al diálogo y al acuerdo.
Si la oposición busca la alternancia en el poder, tiene que volver a ser mayoría ciudadana. Para lo cual debe escuchar el rumor de la calle o, dicho de otro modo, estar acorde con los tiempos que le toca vivir. No puede regirse por la nostalgia ni por ensoñaciones meramente ideológicas. Es muy relevante la credibilidad, la coherencia y la honestidad. Mal que mal se está buscando el apoyo de la ciudadanía para conducir el país.
La gente premia, por regla general, la responsabilidad con que se abordan los problemas del país. La aprobación de las reformas de un gobierno no asegura de por sí una sucesión exitosa, tampoco lo hace la popularidad del Presidente y de su gabinete. En las últimas 14 elecciones presidenciales en América Latina el electorado se ha inclinado en favor de la oposición.
Hay señales alentadoras. Pese a algunas votaciones disruptivas sobre ciertas partidas de la Ley de Presupuestos, el hecho que se haya continuado la tradición de suscribir un protocolo de acuerdo entre el gobierno y los parlamentarios indica que se ha mantenido una oportunidad al diálogo.
Lo mismo ocurrió con la aprobación del alza del salario mínimo. Veremos qué ocurre con las reformas tributaria y previsional y con las negociaciones en torno al proceso constituyente.
La ciudadanía está a la espera de saber cuál será el papel de la oposición luego del plebiscito. La realidad ha repuesto el escenario de los acuerdos. (El Líbero)
José Antonio Viera Gallo
