Será el tema que copará toda la semana. Esa fue la advertencia que la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), hizo este lunes al inicio del comité ampliado que se realiza habitualmente los lunes en La Moneda, donde abordó los efectos políticos y comunicacionales que tiene el escándalo que determinó la renuncia y formalización del director de la PDI, Sergio Muñoz, por la filtración de datos al abogado Luis Hermosilla.
La ministra aludió al tema en la cita a la que también asistieron su par de la Segpres, Álvaro Elizalde, y los presidentes de partido Lautaro Carmona (PC), Jaime Quintana (PPD), Flavia Torrealba (FRVS) y Marco Velarde (Comunes), además del secretario general del PS, Camilo Escalona.
Conscientes de que no hay control de agenda posible, La Moneda busca aminorar el golpe que implica que los dos jefes de la policía enfrenten procesos judiciales. Esta mañana la Fiscalía pidió la prisión preventiva de Muñoz y, por otro lado, crece la presión por la salida del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, que será formalizado el próximo 7 de mayo.
Frente a tal escenario el gobierno busca zanjar lo antes posible la situación de la PDI. De esta manera, en el palacio de gobierno reconocen que la prioridad hoy es resolver cuanto antes quién será el sucesor del jefe de la policía. Tradicionalmente la División de Gestión y Modernización de las Policías (Digempol) del Ministerio del Interior toma un rol activo en la recopilación de antecedentes de los eventuales postulantes. Sin embargo, en el Ejecutivo sostienen que los equipos de la Presidencia adoptaron un papel importante en la tarea de resolver quién será el candidato.
Hoy la ministra Tohá recibió por cerca de una hora en las dependencias de su ministerio al director general subrogante de Investigaciones, Claudio González, en donde se pudo abordar la situación.
El objetivo primordial del gobierno es el resguardo de la agenda de seguridad que encabeza la titular de Interior e intentar resaltar los anuncios del gobierno. En ese marco, por ejemplo, se buscó resaltar el crecimiento económico de un 0,2% a través de vocerías del propio Presidente Gabriel Boric y de los ministros Camila Vallejo (Segegob) y Mario Marcel (Hacienda).
El plan original del gobierno para esta semana era avanzar con el proyecto de Ley de Inteligencia y Reglas de Uso de la Fuerz, pero la crisis en la PDI distrajo a la secretaria de estado. La reunión de la ministra Tohá con el jefe subrogante de la policía impidió que la secretaria de Estado pudiera desplazarse hasta el Congreso en Valparaíso, en donde estaba citada a las 11.30 por la comisión investigadora que revisa “eventuales irregularidades en Servicio de Impuestos Internos y Comisión para el Mercado Financiero”.
Para evitar interrumpir la agenda de seguridad que conducen en Interior, la ministra se trasladará en la tarde a Valparaíso, para participar de la sesión especial de la Cámara por crimen organizado. Además, el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, estuvo presente en la Comisión de Defensa de la Cámara, en donde abordó la situación de inteligencia.
“Es una investigación que está comenzando y cuyos indicios no proyectan muy bien. Comienza respecto del caso Hermosilla, de las pericias sobre su teléfono y ahora se van a periciar estos otros teléfonos. (…) La situación es muy grave y en la medida que la investigación avance es probable que podamos conocer de otros hechos que son más complejos”, dijo el lunes el ministro de Justicia, Luis Cordero, a Tele13 Radio, dando luces de lo extenso que podría ser el caso.
Con un tono más duro, pero en la misma línea que Cordero, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, indicó este martes desde La Moneda que las situaciones que enfrentan Sergio Muñoz y Ricardo Yáñez distraen de sus labores a las autoridades del gobierno.
Dicho argumento fue utilizado por el timonel del PC para potenciar su rechazo a la permanencia del general director de Carabineros.
El pasado jueves, un día antes de que estallara el caso de Sergio Muñoz, sesionó por última vez el equipo que está revisando la reforma a las policías. El proceso inició con el gobierno de Sebastián Piñera y se amplió a la PDI durante la administración Boric, quien destinó como encargado del tema a José Roa.
Por esta razón, el equipo que está revisando la reforma no pudo conversar respecto de la crisis policial que se detonó con la formalización de Muñoz y el futuro proceso que deberá enfrentar Yáñez.
El tema, eso sí, será comentado en la próxima cita, que tendrá lugar en abril. Hoy, fuentes del gobierno transmiten que la reforma se ha trabajado por medio de tres momentos: probidad, derechos humanos y los desafíos de la nueva criminalidad.
Sin embargo, las mismas personas sinceran que esto será objeto de debate en la próxima reunión que tendrá el equipo. Allí se espera que se remarquen gestos en torno a la probidad, materia en la que se ha avanzado en tres lineamientos.
El primero son los canales de denuncia por temas de probidad o mal ejercicio de las funciones policiales en condición de anonimato; el segundo, es un modelo que revisa las conductas indebidas; mientras que el tercero, es establecer consejos de auditorías internos con mayor participación dentro de Carabineros y la PDI.
Hoy, sin embargo, desde el equipo, transversal a nivel político, que trabaja en la reforma, hay voces que han apuntado a lo complejo que es trabajar en un rediseño institucional de las policías sin tener a un mandamás de una de estas instituciones, como ocurre con la PDI. Desde el gobierno, sin embargo, rechazan esto advirtiendo que las reformas son institucionales y van más allá de las personas.
LOS CANDIDATOS
Tras el terremoto que significó en la Policía de Investigaciones (PDI) la renuncia del director general, Sergio Muñoz, en el gobierno buscan quién encabezará la institución durante los próximos seis años.
La tarea no es fácil para el Ejecutivo, y por lo mismo no solo el Ministerio del Interior está analizando los antecedentes de las primeras ocho antigüedades que pueden optar al cargo, el equipo de Presidencia también está haciendo la “prueba de blancura” de los candidatos.
Para el gobierno es de total importancia despejar quién comandará la institución, pues los últimos dos directores no salieron bien: Sergio Muñoz renunció a dos años y medio de asumir luego de que la Fiscalía pidiera formalizarlo por filtrar antecedentes reservados a Luis Hermosilla, pero antes, en 2021, su antecesor, Héctor Espinosa (2015-2021), tampoco salió bien.
Aunque Espinosa terminó su periodo, en los meses finales su jefatura se vio ensombrecida por la investigación que abrió la Fiscalía en su contra por el delito de malversación de caudales públicos, a través los gastos reservados de la PDI.
Por lo mismo es tan importante para el gobierno despejar cualquier atisbo de irregularidad que cargue el nuevo director general, pues comandará la institución por los próximos seis años.
Y es en esa búsqueda que aparecen tres nombres que más generan consenso en La Moneda: Claudio González, jefe de la Inspectoría General y actual director general (S) de la PDI; Lautaro Arias, subdirector de Investigación Policial y Criminalística, y Paulo Contreras, jefe nacional Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado.
En la interna de la PDI comentan que las tres opciones son buenas, dada la experticia operativa de cada uno, donde calza con la política enfocada en la persecución en el crimen organizado que busca el gobierno. En el caso de Contreras, es que el más se acerca a esta pretensión, pues participa constantemente en reuniones de trabajo con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
¿Y una mujer? Es imposible en este proceso de selección. La única detective que aparece cerca del alto mando es la prefecta inspectora Consuelo Peña, pero está en la ubicación 9 de la lista, lo que no le permite estar dentro de las ocho antigüedades que exige la norma.
De acuerdo con la Ley Orgánica Constitucional que rige a la Policía de Investigaciones (PDI), quien ostente el cargo de director general deberá ejercer la dirección y administración de la institución.
En el artículo 9° del decreto de ley 2.460, “dicho cargo será de la exclusiva confianza del Presidente de la República para todos los efectos legales y será designado por este de entre los ocho oficiales policiales de mayor antigüedad, con grado de Prefecto General o Prefecto Inspector. La persona que sea designada en el cargo de Director General deberá presentar una declaración jurada de patrimonio ante un notario de su domicilio, dentro del plazo de treinta días desde que hubiera asumido el cargo y dentro de los treinta días siguientes a la fecha de cesación en el mismo”.
Además, agrega que “el Director General solo podrá desempeñar el cargo por un plazo máximo de seis años consecutivos”.
Tanto para la institución como para el gobierno tener un jefe policial en el corto plazo es urgente, dado el contexto de violencia que se ha presentado durante los últimos años. Es allí donde la PDI cumple un rol fundamental en, principalmente, en la indagatoria de las bandas criminales.
Por ejemplo, la policía tiene a su cargo investigaciones de gran relevancia, como la del secuestro y homicidio del teniente (R) Ronald Ojeda; o la que busca desbaratar al “Tren de Aragua”. (La Tercera)
