“¿Por qué dices que Chile no podrá zafarse de la ruta del socialismo madurista?”, le pregunto a un venezolano que me responde con tristeza: “porque el desparpajo y descaro con el que está actuando el crimen organizado indica que están muy tranquilos y avanzan sin resistencias en este país”.
Lo que a mi interlocutor más le preocupaba era cuán infiltradas estarían nuestras FF.AA. y de Orden. Sus reflexiones se fundaban en la abrumadora presencia que el Partido Comunista ostenta en la Subsecretaría de las FF.AA. y el origen ideológico de la actual ministra de Defensa. Sus hipótesis y afirmaciones no están lejos de la realidad. En el Índice Global de Terrorismo 2024, Chile aparece lugar 17 de 27 países, aunque aún no sepamos claramente cuál es la penetración del crimen organizado en nuestras instituciones.
“Volando bajo el radar del derecho” era la recomendación para desmantelar nuestras instituciones de Fernando Atria, padre intelectual del octubrismo, en su libro La Constitución Tramposa. La fórmula ha tenido un éxito más allá de todo lo imaginable. Hubo un golpe de Estado y no se sabe quiénes fueron; nos han quemado medio Chile, pero no hay responsables y, entre tantos otros casos que servirían de muestra de su triunfo, no podemos dejar de mencionar la desaparición de miles de millones de pesos en manos de fundaciones fantasmagóricas. Esos son solo algunos de los hitos más visibles de ese “vuelo bajo el radar” que tiene a todo el país jugando a la gallinita ciega.
Para los que no lo conozcan, le explico: al jugador se le vendan los ojos, se pone una olla en algún lugar con un dulce en su interior y él debe avanzar pegando palos hasta dar con ella. Lo grave es que en el marco de los problemas que aquejan al país, la búsqueda de los responsables de nuestra crisis de seguridad no es un juego infantil, sino uno cruel que ha normalizado la corrupción política y la destrucción selectiva de zonas que ya no solo son rurales, sino blancos civiles del crimen organizado que involucran a un número significativo de chilenos.
El descaro con el que avanzan los tentáculos de los criminales no se detiene ahí. Añejas resuenan hoy las quejas de varios políticos que en 2019 denunciaron la infiltración del narco en nuestras instituciones. Ahora, cuando nos enteramos del currículum de Sebastián Guanumen, aspirante a embajador de Colombia en Chile -ferviente promotor del octubrismo golpista-, del secuestro de Ronald Ojeda, de los niños muertos por balas locas, la proliferación de sicarios o de los gustitos que se da el juez Daniel Urrutia (“Guerrero de la justicia social”) para defender los derechos de los criminales, nada parece sorprendernos. Estamos en una fase clave del proceso de degradación y captura del poder por parte de la oclocracia compuesta por octubristas, el crimen organizado y los clásicos marxistas. ¿Qué tienen todos ellos en común? Hannah Arendt nos explica la raíz ideológica que comparten: “Lo que resultaba tan atractivo era que el terrorismo se había convertido en una clase de filosofía a través de la cual se podía expresar el resentimiento, la frustración y el odio ciego, en un tipo de expresionismo político que recurría a las bombas para manifestarse, que observaba con placer la publicidad otorgada a los hechos resonantes y que estaba absolutamente dispuesto a pagar el precio de la vida por haber logrado imponer el reconocimiento de la existencia propia sobre los estratos normales de la sociedad” (Los Orígenes del Totalitarismo).
En otras palabras, ese odio propio de una izquierda resentida con la vida, a partir del cual justifica todos sus crímenes, encuentra una vía de desahogo en los terroristas, vándalos y narcos. En otros términos, no solo son la punta de lanza de su revolución, sino los héroes que logran superar la ignominia de las víctimas del capitalismo. Cuando se impone esta radicalización “romántica” del derecho garantista -que protege al victimario y deja a la víctima en el pozo del olvido, la impotencia y la desgracia- el mandato atriano a no ser detectados por “el radar del derecho” pierde vigencia. Estamos en un punto de inflexión donde los criminales pueden manifestarse con toda libertad en los diversos ámbitos de la vida nacional. Desde funerales protegidos por Carabineros, hasta la posibilidad de participar en el Festival de Viña representados por uno de sus activistas. Qué decir de la defensa abierta de parte de jueces, fiscales y políticos que hacen lo imposible por facilitarles la vida. Hoy los narcos se pasean por nuestro país con menos miedo y más plata que un chileno.
Ni un solo escándalo de parte del Servicio de impuestos Internos por los US$ 16 mil millones que, según el economista Sergio Urzúa (2023), producen los narcos en nuestro país. ¡Estamos hablando del 5% del PIB, la mitad de lo que produce toda la minería nacional! Tampoco vemos reacción de los políticos frente a los jueces que, como Urrutia, autoriza videollamadas de reos de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, ni menos aún una decisión en bloque de la sociedad en contra del consumo de drogas de nuestros jóvenes, que es uno de los más altos de Latinoamérica. En otras palabras, ya no necesitamos de la venda para seguir participando de este juego de degradación, crueldad y desmantelamiento institucional, pues nos hemos quedado ciegos. Basta leer la prensa donde al grupo que se puso de acuerdo en la hora de reunión, compró las pinturas y eligió al vagón de metro que vandalizaría con pasajeros en su interior le llama “turba” y no deja de hablar del “estallido” en lugar de decir la verdad y referirse al golpe de Estado del 18-O. Mientras, las víctimas del narcoterrorismo en el sur, de los incendios intencionales en el centro del país y de los carteles criminales se difuminan de nuestra memoria y nadie se hace preguntas mínimas como las que cierran esta columna.
¿Puede combatir al crimen organizado un gobierno que antes de llegar al poder legisló permanentemente impidiendo la aprobación de propuestas cuyo objetivo era frenar su avance en el país? ¿En qué favorece a la persecución del narcotráfico firmar acuerdos de seguridad con una narcoditadura? (El Líbero)
Vanessa Kaiser
