La tortura es una de las violaciones a los derechos humanos que más intensamente afectan la dignidad humana. Es políticamente ineficaz, legalmente condenable y moralmente inaceptable. Su utilización es reconocida como un grave crimen de acuerdo al derecho internacional y está prohibida en todo tiempo, espacio y lugar.
Como ha sido puesto en evidencia tanto por organismos internacionales como por instituciones nacionales, en la actualidad, en nuestro país, persisten casos y denuncias sobre violencia institucional y tortura, especialmente en espacios de privación de libertad o de personas sujetas al control de agentes del orden público.
Con dolor y con vergüenza, como ha dicho la Presidenta Michelle Bachelet, hemos visto que en ocasiones las instituciones chilenas no han estado a la altura. No podemos cerrar los ojos ante las denuncias de tortura cometidas en democracia y por eso estamos adoptando las medidas necesarias para prevenir y sancionar estos hechos.
En abril de este año recibimos la visita del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, órgano creado por el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Tras su visita, entregaron al Estado de Chile un informe con sus observaciones y recomendaciones, el que hicimos público esta semana.
Son estas recomendaciones las que nos permiten mirarnos críticamente, para ver cuánto hemos avanzado y cuánto nos falta. Como gobierno queremos ponernos a la altura de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, con la convicción de que un mejor destino para quienes habitan en nuestro país va de la mano con el respeto irrestricto de los derechos de todos y de todas.
El pasado 11 de noviembre la Presidenta promulgó la ley que tipifica delitos de tortura y de tratos crueles, inhumanos y degradantes, la que define el delito de tortura abarcando sus dimensiones física, sicológica y sexual, y consagra el rol de los agentes del Estado como garantes de los derechos humanos. Así, la legislación se sitúa a la altura de los más recientes avances en materia de prevención de este flagelo en el mundo.
Además, la adecuación del Reglamento Penitenciario a estándares de derechos humanos, en el que trabaja el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, está ad portas de concretarse, para que nadie privado de libertad se vea constreñido al abuso y a la fuerza. Es una misión que entregó a esta subsecretaria la Presidenta, tras lo ocurrido con Lorenza Cayuhán, mujer mapuche que vivió una situación humillante en el proceso de su parto, a manos de agentes del Estado. En la tarea de la lucha contra la tortura, la nueva legislación y el nuevo reglamento penitenciario son avances que serán complementados con la próxima presentación del proyecto de ley que creará un Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura en Chile.
Somos un Estado que busca, desde el reconocimiento de su historia reciente, avanzar hacia un horizonte en el que todos los derechos sean garantizados. Desde esa convicción debemos seguir ahondando nuestro compromiso con los derechos humanos en este proceso que, sabemos, es permanente y en el que cada día se abren nuevos desafíos. Hoy asumimos el desafío de prevenir y sancionar la tortura en cualquier tiempo, espacio y lugar. (La Tercera)
