Una supuesta desinformación de la industria de las AFP -la ministra Jeannette Jara las acusó de invertir “una gran cantidad de recursos en, más que informar, desinformar a la ciudadanía”-, habría justificado la realización de un spot encargado por el gobierno y su emisión a través de los canales de televisión abierta. Pero si de desinformación se trata, bien conviene recordar la que en esa materia posiblemente ha sido la acción más efectiva que se haya verificado nunca en el país, al punto de afectar severamente ni más ni menos que la licencia social para operar de una función de relevancia nacional, como es la que realizan las administradoras de fondos de pensiones.
En efecto, durante buena parte de la década pasada se esparció la consigna del “robo legalizado de las AFP”. Por años, no hubo marcha ni movilización donde faltaran lienzos -por lo visto muy efectivos- con ese mensaje falaz. Incluso se las acusó derechamente de practicar una monumental estafa Ponzi. Miles y hasta millones de chilenos se lo creyeron. Como era previsible, las AFP perdieron la confianza de sus cotizantes, y también de la ciudadanía, una cualidad indispensable para confiar ahorros a un administrador de activos financieros. No pasó mucho tiempo antes que las AFP aparecieran entre las instituciones menos valoradas en las encuestas de opinión pública, una desmejorada posición en la que han permanecido sin mayores cambios hasta ahora.
El ”robo legalizado de las AFP” tenía lugar mientras el Índice Global de Pensiones de Mercer -el indicador internacional más prestigioso en la materia-, año tras año clasificaba al sistema de pensiones chileno entre los diez mejores del mundo (actualmente se posiciona #14, a la cabeza de América Latina). Paradójicamente, entre los factores evaluados por la institución internacional se considera la integridad del sistema, en la que el chileno ha alcanzado sus mejores resultados, justo lo contrario del inverosímil fraude que se le atribuía. Pronto la justeza de la evaluación de la organización internacional, sobre todo en ese aspecto, quedaría en evidencia.
Y es que, inesperadamente para sus promotores, los infaustos retiros de fondos desde las cuentas previsionales mostraron en cosa de semanas y meses la falsedad de tales infundios. Los ahorros estaban allí intactos y rentando (incluso mejor que en otros países donde existen sistemas de ahorro individual), para beneficio de sus aportantes.
Aún así, el daño reputacional causado al sistema ha sido casi irreversible. Todavía se le siguen adjudicando faltas graves que no les son atingentes, al punto que incluso una AFP estatal -cuya creación en su momento se consideró una alternativa deseable- se ha tornado políticamente inviable. E increíblemente, todavía algún parlamentario o dirigente político suele repetir sin remilgos el embuste del “robo legalizado” y la estafa Ponzi.
Es difícil encontrar un ejemplo más nítido de una campaña de desinformación tan efectiva para despojar de legitimidad social a una función de indiscutible relevancia. Por cierto, ningún spot fue realizado y emitido en su tiempo para desvirtuar semejantes acusaciones. La fuerza de esas falacias, convertidas en posverdad nacional, parecía incontrarrestable. En su lugar, los polémicos retiros -quién lo iba a decir-, hicieron la importante tarea de restaurar la verdad. Ni un peso de los ahorros había sido “legalmente” birlado a sus aportantes.
Se afirma repetidamente que la política ha sido incapaz ya por diez años (o más) de acordar la reforma previsional que el sistema requiere con urgencia. La insuficiencia del monto ahorrado por los trabajadores es de lejos su principal falencia, sobre todo cuando la mayoría de las personas viven significativamente más que antes. De hecho, tanto la edad de jubilación cómo la tasa de ahorro mensual no han sido modificados en función de ese cambio trascendental, con efectos de magnitud relevante en el monto de las pensiones. Sin embargo, la falacia que puso a las AFP como la causa central de sus problemas ha trabado fatalmente un acuerdo cuya demora es ahora emblema de incapacidad política.
Los responsables de haber inducido una creencia carente de toda veracidad, y quienes guardaron en su momento un conveniente silencio, han logrado un resultado de marca mayor: inviabilizar una reforma que se hace urgente para vastos sectores de la sociedad chilena y que, de paso, ha puesto al sistema político por los suelos. Casi puede darse por seguro que de no haberse torcido de tal forma la realidad en la que se desenvuelve el sistema de pensiones, hace ya un tiempo que una reforma para corregir sus falencias se habría aprobado y estaría en plena aplicación.
Vaya logro: desviar la atención de donde estaban realmente los problemas del sistema de pensiones -sobre los que hay amplio consenso entre los expertos-, poniendo los focos en un supuesto culpable, ya no por las carencias del sistema -que las hay y no son marginales-, sino que por un inconcebible comportamiento rayano en lo delictual. Es difícil encontrar en otros lugares del mundo un ejemplo similar: la virtual cancelación de la licencia social para operar de una industria de enorme gravitación que, al contrario de lo denunciado por las consignas propaladas con singular eficacia comunicacional, ha cuidado con esmero los ahorros de los trabajadores -es lo que ha informado por años el Índice Global de Pensiones de Mercer- y los ha hecho rentar positivamente, como pudieron comprobar más allá de toda duda quienes efectuaron sucesivos retiros de sus cuentas de ahorro previsional.
Lo que debe sorprender -y hasta causar no poco temor- la facilidad y el bajo costo del esfuerzo realizado para trabar una deliberación política de primera importancia y para infligir un daño reputacional irreparable a una función crítica del sistema previsional, que debiera gozar de legitimidad social y de la confianza de la ciudadanía. Y lo que es peor, la prolongada demora ha agravado la situación previsional de millones de chilenos, una pesada carga que va a gravitar sobre las generaciones del futuro no tan lejano. (El Líbero)
Claudio Hohmann
