Nada llega a él. Todo termina en los ejecutivos de Bancard, la oficina desde la cual se administran sus negocios desde hace décadas. Y desde esas oficinas ha salido, en formato de presentaciones ante el Servicio de Impuestos Internos, su defensa. El ex Presidente Sebastián Piñera ha confidenciado que todos los flancos que insinúan que desde sus sociedades de inversión se fraguaron esquemas de financiamiento político irregular están acotados y tienen explicaciones razonables. Y que, en último término, él no tiene ninguna responsabilidad en las presuntas irregularidades que investiga la Fiscalía Nacional, porque en las fechas en que ocurrieron todos esos eventos -el segundo semestre de 2009 y la primera mitad de 2010-, él estaba desligado de sus negocios, había entregado la administración de parte de su patrimonio a cuatro fideicomisos ciegos y se había concentrado ciento por ciento en la campaña electoral y en asumir la Presidencia de la República. Los que tendrán que responder están en Bancard o en otras empresas con las que el grupo operó, dicen en su entorno.
Los expedientes del Ministerio Público reúnen información sobre tres materias.
Primero: un forward suscrito con el grupo CB y mediante el cual Administradora Bancorp, que integra su grupo de empresas, ganó $ 49,9 millones.
Segundo: 16 facturas de la misma Bancorp, emitidas a SQM, por $ 340 millones en 2009 y 2010, y documentos cursados por su firma de estudios de mercado Vox Populi por $ 26 millones.
Tercero: pagos que el ex director ejecutivo de Chilevisión Jaime de Aguirre recibió en 2010 de parte de cuatro empresas externas, por $ 110 millones, cuando el canal era controlado por Piñera.
En total, $ 526 millones.
Uno entre 160
La primera mención que involucró a alguna de las empresas del ex mandatario provino del fiscal Carlos Gajardo, quien sorpresivamente, de soslayo, mencionó la dirección comercial de Piñera. Fue el 6 de marzo, en la audiencia de formalización de los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín. El fiscal del caso hablaba sobre los forward irregulares que Penta empleaba para transferir dinero a sus ejecutivos ahorrando impuestos y para lo cual simulaba -en su opinión- transar monedas con el grupo CB, de Manuel Cruzat, mediante operaciones antedatadas. Ese día, Gajardo mencionó dos operaciones fechadas el 7 de diciembre de 2009. “¿Quiénes intervienen en este forward? Inversiones Penta III por un lado, que deposita $ 50 millones en Inversiones CB -forward de entrada- y $ 50 millones de salida. ¿Para qué empresa? Para Administradora Bancorp S.A, domiciliada en avenida Apoquindo 3000, piso 16. Saquemos nuestras propias conclusiones de qué significa este forward”, dijo el fiscal.
Días antes de la mención de Gajardo, el 25 de febrero, Bancorp había entregado a la fiscalía copia del contrato con CB Consultorías y Proyectos. El convenio lo firmaban, por Bancorp, que invirtió para su fondo de inversión Mediterráneo, los ejecutivos Santiago Valdés y Ana María Délano. El grupo liderado por Manuel Cruzat compraba a Bancorp US$ 5 millones a $ 507,9 por cada dólar, con vencimiento el 7 de enero de 2010. El dólar se cotizó al cierre a $ 497,9 y Bancorp ganó $ 49,9 millones en la apuesta. Un ejecutivo del grupo Cruzat, Iván Rojas, declaró que esa operación estaba calzada con otro forward en el que, el mismo 7 de enero, Penta perdió un monto casi equivalente con CB. Lo que perdía Penta, lo ganaba Bancorp. Según su testimonio, todos los forward se antedataban: era un juego con cartas marcadas.
En Apoquindo 3000 han negado toda coordinación con Penta y cualquier simulación con CB. Afirman que la ganancia se contabilizó en sus balances y que se pagaron los impuestos correspondientes.
En un texto con antecedentes enviados al SII el 20 de marzo, el grupo entregó detalles sobre el volumen de operaciones que realizaba Bancorp para demostrar la regularidad y veracidad de esas operaciones: en total, fueron 48 forward por más de US$ 250 millones en 2009 y 112 forward por más de US$ 1.000 millones en 2010. En total, 160 forward.
Por la arista de los forward, el SII se querelló el 23 de abril contra 26 personas. Ninguno de los querellados estaba vinculado a Bancorp, aunque el SII incluyó la transacción con CB en un listado de 97 operaciones de forward, “tanto de entrada, como de salida”.
Tras el primer envío de información al SII, detectaron otra operación que informaron luego a Impuestos Internos. El día previo al forward con CB, Bancorp invirtió la misma cantidad, US$ 5 millones, con JP Morgan en el exterior. Y como es habitual en sus operaciones internacionales, Bancorp se resguardó del riesgo cambiario con el forward con CB. Con ello, Bancorp traspasa el peso de la prueba al grupo Cruzat. “El calce con Penta lo debe explicar CB”, dice un cercano al grupo.
El activo circulante de SQM
Es el monto mayor. Bancorp comenzó a entregar facturas a SQM en julio de 2009. Terminó en octubre de 2010. Fueron 16 en total, por $ 340 millones. La glosa de las facturas decía: asesoría activo circulante. Bancorp prestaba estos servicios al gerente general de SQM, Patricio Contesse, para la gestión financiera de la caja con la que contaba la compañía. Pero SQM incluyó los pagos en una rectificación tributaria en la que declaró carecer de documentación de respaldo. Al menos tres ejecutivos de SQM han puesto en duda la prestación de esos servicios: Patricio de Solminihac, gerente general; Ricardo Ramos, vicepresidente de finanzas, y Gerardo Illanes, gerente de finanzas. Los fiscales que han interrogado a los tres preguntaron en primer lugar siempre por Bancorp. Ramos e Illanes dijeron que la gestión del flujo de caja, las cuentas por cobrar y el inventario de la empresa correspondían a sus áreas de trabajo y que jamás supieron de los servicios de Bancorp. “Es como alguien que venga a enseñarme a abrocharme los zapatos”, declaró Illanes el 27 de abril. Los tres, interpretan en Apoquindo 3000, intentan distanciarse y separarse de la gestión del destituido Patricio Contesse González.
Piñera ha dicho que él no sabía de esa asesoría y que es un servicio que su family office, cuyos ejecutivos son especialistas en materia de inversiones, prestaban a otras empresas, cuyas identidades no ha querido revelar por razones de confidencialidad.
En este caso, Bancorp acompañó documentación que avalaría este servicio ante el SII. La primera semana de abril allegó al organismo su información contable y a mediados de ese mes hizo llegar los respaldos de los servicios prestados. Entre ellos, dicen en la compañía, numerosos informes preparados en esa época.
Todo apunta en este caso a Santiago Valdés, gerente de administración y finanzas de Bancard entre 2009 y 2010. Su ex jefe, el gerente general de Bancard, Nicolás Noguera, declaró el 27 de abril que “el encargado de estas asesorías prestadas a terceros” era Valdés, quien personalmente asesoraba a Contesse.
Santiago Valdés declaró ante el SII el 22 de abril. Dijo no recordar los otros clientes que tenía Bancorp, sólo a SQM, “por su relevancia”. Dijo que Contesse los contactó para una asesoría global en términos económicos, que duraría 18 meses y costaría US$ 700 mil. La asesoría constaba de cuatro servicios: informes anuales preparados por sus analistas; informes mensuales con panorama macroeconómico, precios de materias primas, monedas y tasas, además de instrumentos para el manejo de caja; una selección de reportes de bancos de inversión extranjeros, y asesorías telefónicas.
Los documentos que respaldan esos servicios fueron entregados al SII: dos reportes anuales; varios mensuales y los estudios de terceros. “Entiendo que existía un contrato, lo estamos buscando, pero hoy no tengo copia”, declaró Noguera.
Cuando apareció este caso, el abogado de Barros Errázuriz y director de Bancorp, Fernando Barros, fue el vocero: “Bancorp es una empresa de reconocido prestigio, que presta servicios de asesoría financiera, de gestión, de administración de activos, acciones, bonos, etcétera, a muchas empresas”, indicó. “Yo no conozco a Bancorp como experto en el tema”, opinó Gerardo Illanes, de SQM, ante la fiscalía. Ricardo Ramos, en tanto, sugirió que quizás Contesse contrató esos servicios para controlar que el trabajo de sus subordinados fuese bien hecho. Esa misma justificación podría emplear el ex gerente general para explicar estas asesorías. Pero el ex brazo derecho de Julio Ponce, controlador de SQM, ha guardado silencio ante la fiscalía, el SII y hasta el directorio de la compañía, que por ello lo removió. Lo que hagan o digan Contesse o su abogado, Samuel Donoso, podría resultar clave. Hasta ahora, Contesse no ha acompañado respaldo de ninguno de los servicios cuestionados por el SII.
También la revisión que se ha hecho en SQM podría acarrear datos. El 20 de abril se reunió el comité de directores que en SQM investiga el caso. El abogado externo Manuel José Vial informó que en el piso 6, donde estaban las oficinas de Contesse, se encontró una serie de carpetas con “cerca de 70 contratos de servicios e informes” que debían analizar para determinar si constituían trabajos reales. La revisión ya está avanzada: no han encontrado ningún contrato ni reporte de Bancorp y los textos revisados para los otros casos no tienen una calidad tal que certifique los pagos que hizo la empresa.
En el caso de Vox Populi, Valdés dijo al SII que se hicieron dos estudios para SQM por $ 26 millones: uno de posicionamiento de mercado, que incluyó encuestas telefónicas en la I y la II Región, y otro sobre el mercado de los fertilizantes. Pero Valdés no tiene copia de los reportes, porque los computadores que empleaba quedaron en Apoquindo 3000. Noguera dijo el 27 de abril que a esa fecha aún no encontraban contratos ni correos que respaldaran comercialmente los servicios. En SQM tampoco tienen nada aún.
La Música
Es la arista que más complica a Piñera, porque es la que menos explicación tiene. Inversiones La Música, una sociedad creada por Jaime de Aguirre, emitió a comienzos de 2010 tres facturas a Aguas Andinas por $ 30 millones en total; tres a SQM por $ 45 millones; una a Pampa Calichera, controladora de SQM, por $ 15 millones, y otra a Ilihue, de José Cox, amigo y asesor de Piñera, por $ 20 millones. Por su trabajo como mandamás de Chilevisión, De Aguirre ganaba $ 7 millones al mes, pero en 2005 firmó con Bancard un contrato con un pago fijo mensual de $ 6,5 millones, más bonos variables. A comienzos de 2010, De Aguirre había emitido una factura por $ 146 millones a Bancard, dijo, por un híbrido entre bonos de desempeño por Chilevisión y asesorías a Bancard. De Aguirre declaró en la fiscalía que un ejecutivo de Piñera -no recordaba si Noguera o Valdés- le pidió que anulara ese documento y refacturara a las cuatro empresas $ 110 millones, más otros $ 36 millones a Bancard. En las oficinas de Piñera dicen que la factura anulada nunca ingresó a su contabilidad.
Nicolás Noguera envió un reporte con antecedentes sobre este caso al SII el 28 de mayo. Una de las cosas que pretende demostrar el grupo es que a De Aguirre jamás se le pagaron remuneraciones encubiertas desde Bancard por su rol en Chilevisión y que todo está plenamente justificado. El contrato de 2005 establece que el ejecutivo asesorará a Bancard “respecto de sus inversiones en el mercado de los medios de comunicación”.
Al SII, la sociedad del ex mandatario acompañó más de 20 informes y enumeró detalladamente todos los servicios que prestó De Aguirre para Bancard.
Varios ejemplos.
Piñera compró Chilevisión a Claxson en 2005, pero el fondo extranjero también quería vender Iberoamerican Radio. Bancard intentó adquirir el holding, pero se lo adjudicó la española Prisa.
Luego Bancard exploró la compra del desaparecido Estudio Gigante a Don Francisco para su transformación en un gran estudio televisivo. De Aguirre hizo un informe para ello. Ese proyecto se desechó para comprar Machasa y crear una ciudad de las comunicaciones, a la que invitaron a La Red, Vía X, Zona Latina y CNN, entre otras.
Con la asesoría de De Aguirre, también exploraron la compra de dos canales: ARTV, a Eduardo Tironi, y un porcentaje del Canal del Fútbol, controlado por la ANFP y Jorge Claro. También trabajaron en la creación de un canal de noticias 24 Horas junto a VTR. Y por último, se le encomendó a De Aguirre la realización de informes y asesorías sobre el impacto de la televisión digital en el país.
Todo ello fue informado al SII y avala una relación con De Aguirre fuera de Chilevisión. Pero no explica los pagos que le hicieron al ejecutivo Aguas Andinas, SQM, Calichera e Ilihue. La defensa de Bancard es que no les corresponde a ellos explicarlo. Que De Aguirre y las empresas que pagaron deben justificar estos desembolsos. El problema es que no es sólo el caso de De Aguirre. Mario Conca, ex gerente general de Chilevisión, declaró a la fiscalía, según publicó El Mostrador, que en 2010 facturó $ 50 millones a Aguas Andinas y Andes Task, a las que no prestó servicios, por honorarios variables convenidos con Bancard. Conca dijo que lo hizo a solicitud de Santiago Valdés.
El diputado RN Nicolás Monckeberg, cercano a Piñera, dice que en las fechas en que se realizan los pagos a De Aguirre y Conca, el entonces mandatario electo estaba en la Cumbre de la Celac y, por lo tanto, no tenía participación en esas decisiones. “Pese a ello, el ex presidente les ha pedido a sus gerentes que expliquen todos estos antecedentes y la naturaleza de todos los pagos a la fiscalía”, dice Monckeberg.
La relación de Santiago José Valdés Gutiérrez con Piñera no es nueva. Ingeniero civil de la UC de 37 años, entró a trabajar a Bancard en mayo de 2005. En 2009 fue su administrador electoral. En junio de 2010 fue a estudiar a la Universidad de Kellogg, en Estados Unidos. De regreso en Chile, formó una sociedad administradora de fondos de inversión y volvió a trabajar con Piñera, en La Moneda, como encargado nacional del programa Legado Bicentenario. Pero, además, Piñera conoce a Valdés desde pequeño: es hijo de uno de sus mejores amigos, Fabio Valdés. El joven ingeniero es el factor común de los tres casos: aparece en el forward a CB, en los servicios a SQM y en los pagos a los ejecutivos de Chilevisión. Cuando fue citado a declarar a la fiscalía, guardó silencio.
