¿Qué quiere Chile? Convertirse lo antes posible en un país desarrollado de buen nivel general de vida y pleno de oportunidades para el ascenso individual y familiar cuidando el medioambiente, con mayor equidad e igualdad, en pleno respeto a los derechos humanos. En esto hay consenso nacional, sin embargo estamos lejos de ello en estos momentos.
Chile ha alcanzado éxitos políticos, económicos y sociales muy importantes, que nos han ubicado como un faro en la región y admirado en varios países, siendo destino de inversión de muchos.
Sin embargo, estamos viviendo una crisis de desgaste, graves focos de corrupción y deterioro en los índices internacionales, estancamiento económico, pérdida de impulso y creatividad, junto al creciente y entendible aumento de las desconfianzas de los ciudadanos en las instituciones, en el mundo empresarial y la clase política, sumando las desconfianzas recíprocas entre los mismos actores políticos.
¿Acaso saben los ciudadanos hacia dónde vamos, en materia de seguridad, educación, sistema de salud, sistema previsional, vivienda, empleo, lo esencial para confiar en que el futuro ofrecerá oportunidades? No está nada claro.
El estancamiento tiene tres respuestas: un mal gobierno, la desigualdad de oportunidades y la corrupción, y en Chile la crisis de transparencia y probidad es muy grave.
Chile hoy acumula numerosos casos de corrupción -de una imaginación digna de los mejores guiones de cine- que han sacudido al país.
Hablamos de corrupción política, que utiliza dineros públicos para otros fines, de la que estamos inundados en municipios -transversalmente, de izquierdas a derechas-; además, en el seno del actual gobierno por el Caso Fundaciones. El director de la Unidad Especializada de Anticorrupción (UNAC) de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, informó que «son 47 corporaciones que están siendo investigadas por el Ministerio Público, respecto de los cuales inciden de fondos salidos del fisco de Chile», que involucraría alrededor de 32 mil millones de pesos chilenos.
Según registros del Consejo de Defensa del Estado, 180 de las 346 municipalidades del país enfrentan investigaciones por delitos asociados a corrupción, afectando a 475 funcionarios municipales, con miles de millones de pesos involucrados.
Chile Transparente hizo un crítico análisis acerca del avance de las medidas que anunció el gobierno para mejorar la probidad, manifestando que había escaso progreso respecto de medidas emblemáticas o agendas relativas a sanciones y controles.
Cada ciudadano espera una condena fuerte y tajante de toda la clase política, aunque el de conducta corrupta pertenezca a sus filas, y una disculpa de la autoridad cuando son sus funcionarios, de sus partidos políticos, quienes la han cometido. La autocrítica y la disculpa sanan la desconfianza, pero la mejora de la institucionalidad y las regulaciones la pueden recuperar.
Esto lleva a otro concepto clave que es la necesaria modernización del Estado, que requiere una profunda reflexión aparte.
Es necesaria también la honestidad política, como darle el debido valor a los fondos fiscales, como fondos ajenos que le pertenecen a todos los chilenos.
Un funcionario público, desde el presidente hasta el último escalón del sector público, recibe su remuneración de los impuestos pagados por los ciudadanos.
Es decir, el presidente no solo debe responsabilidad frente al voto recibido de los ciudadanos por la confianza depositada en sus promesas, por sí mismo y por los funcionarios que designe para acompañarlo en su gestión, sino también frente al hecho de que son los dineros de los ciudadanos los que pagan sus remuneraciones. ¿Lo tendrán claro todos?
Por otra parte, una promesa electoral que no se cumple es un acto que rompe un acuerdo entre quien vota y quien ha sido electo con ese voto. ¿Cómo se califica esto? Es responsabilidad también del votante conocer la propuesta que elige, de los medios de comunicación darlas a conocer y de las franjas electorales informar al ciudadano cuál es el proyecto país que propone. A veces en las franjas nos vamos entre cantos, bailes e interpretaciones que no necesariamente informan.
El discurso del Presidente Boric al triunfar en la elección manifestaba ya varias promesas:
–“La no discriminación y detener la violencia va a ser fundamental en nuestro gobierno»;
–“Debemos avanzar con responsabilidad en los cambios estructurales sin dejar a nadie atrás; crecer económicamente; convertir lo que para muchos son bienes de consumo en derechos sociales sin importar tamaño de billetera; y garantizar la vida tranquila y segura».
Nada de esto ha ocurrido, sino todo lo contrario.
Existe una gran contradicción: validaron la violencia ya desde el 2006, y prometen detenerla. Promete crecer económicamente, y garantizar la vida tranquila y segura. ¿Quién es realmente el Presidente Boric? ¿El que dio un maravilloso discurso republicano incluyendo un mea culpa por los excesos cometidos en las exequias del ex Presidente Sebastián Piñera? ¿O el que da indultos, pensiona a delincuentes y valida la violencia? ¿Será los dos? Y la coalición de gobierno, ¿cómo se siente ante tamañas contradicciones?
Señalar la contradicción de un político es casi un lamento nostálgico y estéril. Se dice una cosa y la contraria no se penaliza, ya que nadie se acuerda en días o semanas.
Tan grave es también la corrupción en el sector privado, cuando por colusiones se ha engañado a la gente, o cuando en forma compartida, política y empresa, financiaron la política.
¿Sabrá la sociedad cuánto cuesta la corrupción? Se mide en profesores, médicos, instalaciones para la educación y la salud, en viviendas, calles, agua, como en servicios públicos como por ejemplo la inseguridad. ¿Cuántos colegios u hospitales podrían construirse con los millones que vuelan entre las noticias de corrupción en los municipios y el Caso de las Fundaciones?
Corrupción no solo es robar, sino también mirar para otro lado o facilitar que otros puedan apropiarse en grandes cantidades de los recursos del país.
Creo que en líneas generales la gran mayoría de nuestros políticos son personas honestas, pero con una minoría ya se produce un cortocircuito en el sistema político. Podemos afirmar lo mismo de los empresarios.
La ONG Transparencia Internacional publicó su más reciente Índice de Percepción de la Corrupción: Chile se mantuvo en el puesto número 27 del sondeo.
Según María Jaraquemada, exdirectora ejecutiva de Chile Transparente, “Chile tiene una situación bastante mejor que la región, con cifras más similares a la de países OCDE, con 67 puntos. Sin embargo, es el mismo puntaje desde el 2017. Lejos quedan los años en que estábamos sobre los 70 puntos y liderábamos la región, hoy ese liderazgo lo ostenta Uruguay”.
La corrupción impacta en la calidad de la democracia. Afecta el crecimiento económico de los países, genera mayores desigualdades en el reparto de la riqueza. A menor corrupción, más democracia. La respuesta está en una mejor y fuerte institucionalidad, una menor fragmentación política y la excelencia en los entes reguladores y las entidades autónomas del Estado, sumado a la justicia y la independencia de poderes.
Es una necesidad ciudadana indispensable: una mayor transparencia pública y privada, tal de erradicar esta lacerante corrupción que hoy envuelve a Chile. (El Líbero)
Iris Boeninger
