Quienes nos consideramos opositores al gobierno probablemente nos divertimos mucho cuando leímos por primera vez el intercambio de comentarios entre Irací Hassler y Karol Cariola. Pero, pasado ese primer momento, corresponde serenarnos y pensar con calma acerca del fenómeno del cual fuimos o pudimos ser parte.
Y me excuso de la reflexión acerca del hecho fundamental que representa una incursión como la que todos tuvimos en la intimidad de dos personas, lo que probablemente representa una vulneración a su libertad individual; la violación del último reducto de libertad al que pueda aspirar cualquiera de nosotros: la propia intimidad. Y también me excuso de lucubrar acerca de si lo mostrado en los chats era materia de interés público o no. La verdad es que no estoy en condiciones de argumentar en una u otra dirección, aunque sí sé que la mayoría de chilenas y chilenos disfrutaron esa exhibición. Porque las chilenas y chilenos estamos siempre predispuestos a enterarnos de cómo hablan ciertas personas públicas cuando creen que nadie las oye, porque somos siempre proclives a saber que esas personas son capaces de tanta procacidad como cualquiera de nosotros y para verlas u oírlas usando imágenes y metáforas escatológicas; y, sobre todo, porque siempre estamos bien dispuestos para saber lo que ellas dicen de otras y otros. Es eso que llamamos “copucheo” y que es parte de nuestra cultura nacional.
No, no voy a hablar de ninguno de esos temas que probablemente ya estén agotados luego que el primer alud de memes y comentarios jocosos fuera seguido de reflexiones políticas relativas a las opiniones que a las dos distinguidas dirigentes comunistas les merecían el Presidente de la República, su jefe de gabinete y su Gobierno. Unas reflexiones que fueron seguidas, algo más tarde, de acusaciones y amenazas varias por la divulgación de los chats. Estas últimas estuvieron dirigidas principalmente a periodistas que no hicieron más que mostrar públicamente lo que otros les habían entregado en secreto, pero alcanzaron incluso al gobernador de Santiago, que tuvo la osadía de decir en voz alta lo que muchos comentaban en chats y sobremesas y por ello fue conminado por un airado fiscal a hacerse cargo legalmente de su opinión o sufrir las consecuencias correspondientes.
A lo que yo me quiero referir es al monstruoso daño a nuestra democracia que representa la filtración de esos diálogos. Sí, a la democracia, porque la filtración regular, casi sistemática, de información desde el Ministerio Público, está terminando por hacer desaparecer todo vestigio de la confianza que la ciudadanía podía tener en ese organismo, que es una institución de la democracia.
Mientras la investigación de Luis Hermosilla estuvo de moda, a diario la prensa daba cuenta de filtraciones de diálogos contenidos en los chats de su teléfono supuestamente custodiado por el Ministerio Público. Y siguió ocurriendo hasta que la defensa del investigado decidió hacer públicos ella misma esos diálogos, para eliminar el “copucheo” nacional a su costa. Cuando para su infortunio fue Manuel Monsalve quien se puso de moda, la fuga de información llegó más lejos porque fueron videos los que llegaron a filtrarse. Ahora es el turno de Hassler y Cariola y nadie duda que cualquier otra investigación judicial que atraiga la atención pública en el futuro sufrirá las mismas filtraciones con los mismos efectos.
Lo cierto es que se ha llegado a dar por normal esta situación que, lejos de serlo, es en realidad un delito. Y pareciera ser un delito que goza de impunidad. En noviembre del año pasado el fiscal Maximiliano Krause admitió haber entregado sus claves de acceso a información reservada a tres oficiales de la Armada en 2021. Mientras se investigaba a Manuel Monsalve, se supo que más de setenta funcionarios del Ministerio Público habían conocido información sobre la causa sin estar calificados para ello (habían copuchado, pues). Pero a la ciudadanía llana no han llegado noticias acerca de medidas o sanciones tomadas con relación a esas dos situaciones.
Lo más dramático es que, cada vez que faltas de este tipo se cometan y exista la obligación de investigar, la institución a cargo de la investigación deberá ser la propia investigada. Por lo menos en el caso de las filtraciones recientes de los diálogos entre Hassler y Cariola, la investigación correspondiente fue encargada por el fiscal nacional a un fiscal distinto de aquel que, junto con otros (abogados de las partes, PDI), es responsable de la custodia de lo filtrado. Pero esa situación, esto es la fiscalía investigándose a sí misma sin resultados aparentes, es algo que se repite y pone en el tapete la interrogante planteada por Juvenal: “quis custodiet ipsos custodes”, “quien vigila a los vigilantes”. Y ciertamente es otra palada de tierra sobre la tumba de la confianza en el Ministerio Público.
Lo verdaderamente trágico es que, en su caída, esa institución arrastra al conjunto de la institucionalidad nacional. Porque el sistema institucional es uno solo: las instituciones funcionan o no funcionan para sostener en conjunto el edificio de la democracia y basta que una de ellas colapse para que el edificio completo caiga en descrédito.
El descrédito de las instituciones democráticas ha sido la avenida por la que, a lo largo de la historia y en diversas latitudes, se han abierto paso populismos y autoritarismos de diverso tipo. Es la avenida que conduce a la destrucción de la democracia y ha sido pavimentada, en muchos casos, por los propios demócratas, que con sus actos permiten que se mine la confianza en sus instituciones. (El Líbero)
Álvaro Briones
