El anuncio del Presidente Gabriel Boric de un proyecto para poner fin al CAE (el Crédito con Aval del Estado para la educación universitaria) resultó tan predecible como decepcionante.
Si bien la carrera política de Boric y el origen mismo del Frente Amplio son inseparables del movimiento estudiantil que demandaba la gratuidad en la educación universitaria, remplazar el sistema de crédito universitario con un mecanismo de subsidio estatal para la educación superior es una política pública que profundiza la desigualdad, genera incentivos equivocados para los estudiantes que aspiran acceder a la educación superior, y debilita los mecanismos de rendición de cuentas que debiesen existir en la forma en que se asignan los recursos públicos. Para todos aquellos que deseamos que el país retome el sendero del desarrollo económico, la reducción de la desigualdad y la ampliación de oportunidades para los más excluidos, este anuncio del gobierno es un balde de agua fría que nos recuerda que, en los últimos años, las malas políticas públicas han estado a la orden del día.
Aunque muchos quisieran ver un proceso de maduración política en el Presidente Boric, lo cierto es que, el ex líder estudiantil y activista radical confirma el viejo dicho de que la cabra siempre tira al monte. Aunque Boric a veces parece querer demostrar que ha aprendido a habitar su importante cargo y que quiere tomar decisiones que buscan el bienestar colectivo y demuestren que él aspira a ser el Presidente de todos los chilenos, cada vez que se enfrenta a coyunturas que lo obligan a tener que decidirse entre hablarle a su base más dura o buscar un camino que mejore la calidad de vida de toda la población, Boric se deja seducir por los cantos de sirena de sus orígenes radicales, voluntaristas y comprometidos con propuestas que nos llevan por el sendero del estancamiento económico, la promoción de la desigualdad y la creación de pobreza.
Este gobierno ha hablado más que ninguno de los anteriores sobre su compromiso con combatir la desigualdad. Pero uno de los principales problemas que enfrenta el país hoy es que la desigualdad de ingresos antes de impuestos y gasto público es muy parecida a la desigualdad de ingresos después de que el Estado cobra los impuestos y presumiblemente distribuye el gasto en programas sociales e inversión pública. Otros países de la OECD tienen similares niveles de desigualdad que Chile antes de impuestos y gasto público, pero una vez que el Estado cobra impuestos y ejecuta el gasto público, disminuye sustancialmente la desigualdad. En Chile, el gasto público no reduce la desigualdad. Eso quiere decir que estamos priorizando equivocadamente el gasto público.
Por eso, mientras la izquierda insiste en que el camino es aumentar los impuestos, la evidencia sugiere que hay que focalizar el gasto en los que más necesitan ayuda. Por eso, cualquier política pública que beneficie mayoritariamente a grupos de ingresos medios y altos, como los chilenos con educación universitaria, sólo contribuye a aumentar la desigualdad.
En educación, Chile gasta más que otros países de la OECD en educación superior, pero menos en educación preescolar, básica y secundaria. Esto quiere decir que, en vez de corregir la desigualdad de origen temprano en la vida, invirtiendo más en educación preescolar y básica, Chile ha estado subsidiando a aquellos que logran terminar su educación secundaria y acceden a la educación superior. Como hay muchos jóvenes que nunca terminan la educación secundaria o que no adquieren las competencias básicas que deben tener los graduados de educación secundaria, el subsidio público de gratuidad universitaria a los que acceden a la educación superior termina produciendo más desigualdad.
Abogar por ayudar a profesionales con título de educación superior implica inevitablemente darle menos prioridad a las personas que tienen menos educación y están en los quintiles de menores ingresos. La focalización del gasto público en las personas que menos ingresos tienen es la forma más efectiva de combatir la desigualdad. Pero al privilegiar a los grupos de ingresos medios, que son los que más deudas de CAE poseen, el gobierno renuncia a reducir la desigualdad. Peor aún, la propuesta de política pública que ha hecho Boric sólo alimentará la desigualdad en un país que debiera estar comprometido con reducir la desigualdad de ingresos y oportunidades.
El Presidente Boric ha dicho que terminar con el CAE es una de sus promesas más importantes de campaña. Pero Boric también prometió sepultar el neoliberalismo, terminar con la capitalización individual para las pensiones y dar protección especial a los migrantes. La realidad terminó imponiéndose y Boric pareció abandonar esas promesas insensatas.
El Presidente debiera tomar el mismo camino de cambiar de rumbo en lo que se refiere a su compromiso de terminar con el CAE. Porque los valiosos recursos públicos debieran centrarse en ir en ayuda de los que menos tienen, para así reducir la desigualdad, y no de los que más ruido hacen o tiran más piedras, Boric debiera echar pie atrás y aceptar que su compromiso de campaña para terminar con el CAE era, como varias otras de sus promesas de campaña, avanzar por el camino equivocado. (El Lìbero)
Patricio Navia
