La compra fallida de la casa del ex Presidente Allende por parte del Estado ha dejado no sólo heridos sino necesarias reflexiones. La senadora Isabel Allende y la ministra Maya Fernández, hija y nieta del ex Presidente -de larga trayectoria en el Estado- compareciendo por la inconstitucionalidad de este acto es una penosa situación por donde se la mire. Optaron por el silencio ante la indagatoria. Le costó el cargo a la ministra de Bienes Nacionales, a la seremi metropolitana de Bienes Nacionales y seguramente caerán varios más.
Los errores en el presupuesto, en las proyecciones fiscales y de crecimiento económico; un error en la Ley de Cumplimiento Tributario que habría permitido importar artículos de hasta quinientos dólares sin pagar impuestos por más de un año; la ley de repatriación de capitales, parte de la Ley de Cumplimiento Tributario, recaudó sólo un 6% de su meta el uso de los fondos. En junio de 2023, la Dirección de Presupuestos (Dipres) incorporó erróneamente cerca de US$800 millones en el ítem «Otros Ingresos”, error equivalente a veinte veces el presupuesto anual de ese ítem en la partida presupuestaria del Ministerio de Educación, tuvo que ser reversado al mes siguiente, generando ingresos negativos para corregir la falla. El déficit está en un 40% del PIB. Se puede entender la desconfianza en la situación fiscal futura de Chile. El ministro Mario Marcel, enfrenta críticas y desafíos significativos, pero sería simplista considerarlo como «el problema» en sí mismo. Su apoyo a la Directora de Presupuestos ha sido claro. La situación es sin duda más compleja y multifacética.
Alberto Mayol, sociólogo, ex militante del Frente Amplio señala en su columna La banalidad al poder: el viaje de una generación decadente y sin límites, publicado en radio Bio Bío”: “¿Podemos creer que el actual gobierno solo tuvo debilidades de experiencia en la secuencia sorprendente de ‘autogoles’? Y es que el listado es abrumador. Hay algunos de estos casos donde el gobierno pagó una cuenta cara: la visita a Temucuicui de Siches, el apostar a un triunfo en el plebiscito de 2021 contra todas las predicciones, el conflicto con el embajador argentino Bielsa, el caso indultos (con un error ya no político, sino de orden de carpeta), el caso Monsalve (que el Presidente transformó en crisis de gobierno) y los recientes desórdenes de migrantes en Estación Central en una jornada organizada para ordenar. Estos son solo los listados de los casos más bullados. Pero hay casos donde el gobierno cometió igual o peores errores, pero la sacó barata: el arreglo de problema de las Isapres, el “tarifazo”, la ‘solución’ al CAE, los constantes robos de computadores, el trabajador muerto en La Moneda, los numerosos e incomprensibles problemas con empresarios por mensajes contradictorios. En fin. El listado es sorprendente. Creo que la generación frenteamplista (que incluye sus alrededores) evidencia hoy la fragilidad moral, técnica y política de gran parte de sus integrantes y líderes”.
El costo de estos errores lo están pagando todos los chilenos. Lo ocurrido con la casa del ex presidente Allende es un ejemplo más.
Al aceptar o postular a un cargo público, lo primero que debe preguntarse con honestidad quien lo hace, es si está capacitado para el mismo, si cuenta con la formación necesaria, responsabilidad que debe ser aún mayor en los “amigos” de quien gobierna. Es decir, desde el día uno debería saber que es lo que debe hacer y sentirse preparado para ello.
Al asumir un puesto en cualquier poder del Estado, es una responsabilidad de quien es designado, leer los manuales de ética y probidad de un cargo público y asesorarse en ello, para tener claro que se puede y que no se puede hacer. Es decir, desde el día uno ya sabe que es lo que NO puede hacer. Los límites existen en materia presupuestaria, materia legal, constitucional y por Ley de Lobby.
Si se suman las faltas de ética y probidad, es aún más grave el daño que se le hace a Chile. El jefe de asesores del Presidente de la República, Miguel Crispi, “omitió información a la Fiscalía». Esto es de una gravedad mayor. Los asesores, que abundan en las distintas reparticiones de los tres poderes del Estado, también deben cumplir con la ley, la justicia y los manuales de ética. No los exime el hecho de ser un asesor, todo lo contrario. ¿Cómo asesora quien no cumple con la ética?
La diputada Catalina Pérez faltó a la verdad en el caso de corrupción de Democracia Viva. Pertenece al Poder Legislativo. Contribuye a su desprestigio. Una nueva jueza sumariada por el caso Audio, suma a un triste año para la justicia, en el cual fueron destituidos dos jueces. Los municipios y gobernaciones tienen altísimos casos de corrupción bajo investigación, afectando a un cuarenta por ciento del total.
Es necesario adoptar medidas ambiciosas para disminuir la discrecionalidad, el clientelismo y el favor partidario en la asignación de cargos públicos.
En el último encuentro de ICARE, el panel de presidentes de partidos políticos coincidió en que los subsecretarios de Estado deberían ingresar, no por cuoteo político, sino a través del Sistema de Alta Dirección Pública. Esto mismo debería aplicar para organismos con menor autonomía como el Servicio de Impuestos Internos, el Registro Civil, las Superintendencias, el Servicio Nacional de Aduanas y porqué no, la Dirección de Presupuestos y toda aquella que por su labor debe ser autónoma sin salir de la dependencia ministerial. De esto trata la profesionalización del Estado.
Chile enfrenta además el imperativo de modernizar y transparentar su aparato estatal. Se requieren reformas profundas para agilizar trámites, reducir la burocracia excesiva y fortalecer los mecanismos de control ético. El Estado no puede asumir nuevas tareas ni aumentar el peso de las actuales ya que sin recursos y sin la modernización que se requiere se traducirá en mayores retrasos, desorden administrativo, y posible proliferación de malas prácticas.
Quienes hablan de hacer desaparecer el Estado, no se asientan en la realidad. No es posible y políticamente inviable. Hace falta un mejor Estado que incluye el funcionamiento del sistema político cuya reforma se está actualmente legislando. Incorporación de tecnología, digitalización y el más eficiente gobierno electrónico junto a la simplificación de procedimientos, capacitación del personal, y la permanente evaluación y fiscalización de la calidad de las políticas públicas, del rendimiento de los funcionarios, las rendiciones de cuentas, y una profesionalización creciente contribuyen a un mejor Estado y al delicado equilibrio del funcionario público.
Es necesaria una nueva generación de servidores públicos, que no sólo sean empleados públicos, sino que profesionales que tengan los conocimientos técnicos y científicos específicos en sus áreas. Por ello la importancia de la legitimación que da el servicio civil, disminuiría la cantidad de “operadores políticos”, corrupciones y graves errores administrativos como lo ocurrido con la compra de la casa del ex Presidente Allende y tantos otros, vulneran la confianza de los ciudadanos.
Friedrich Nietzsche decía: «No me molesta que me hayas mentido, me molesta que a partir de ahora no pueda creerte». (El Líbero)
Iris Boeninger
