Durante el debate de Archi de este miércoles, el candidato presidencial José Antonio Kast cuestionó duramente la decisión del gobierno de destinar once mil millones de pesos para la expropiación de cien hectáreas de terrenos ilegalmente ocupados en la megatoma de San Antonio.
Esta determinación gubernamental se anunció solo dos días antes de que venciera el plazo establecido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso para el desalojo del asentamiento, que alberga a más de cuatro mil familias. Diversos expertos han advertido que este tipo de acciones podrían inadvertidamente estimular futuras usurpaciones de terrenos.
Consultado sobre qué habría hecho él en esta situación, Kast respondió que habría actuado mucho antes, acusando al actual gobierno de realizar un «acto dilatorio permanente» en un proceso que se arrastra por años.
El candidato recordó que, al comienzo del año, el ministro (Montes) había prometido una solución mediante una especie de compra vía cooperativa, maniobra que, según Kast, «ganó seis meses para no cumplir el fallo judicial».
Ahora, con la promesa de comprar cien hectáreas, el republicano manifestó que esto «seguramente es para dilatar de nuevo el fallo judicial», calificándolo como una mala manera de ejercer el gobierno. En su opinión, si existe un fallo judicial que ordena el desalojo por la falta de derecho de propiedad, el gobierno debería haberlo aplicado sin más dilaciones.
Al detallar sus pasos a seguir, Kast aseguró que lo primero habría sido impedir que se generara esa megatoma, la cual, a su juicio, fue fomentada por una autoridad local irresponsable, incitando a las personas a «saltarse la fila».
El candidato recalcó que lo más grave es el mensaje que se da a los chilenos que han respetado las normas, siguiendo los procesos para acceder a la vivienda, como ahorrar o formar comités de allegados.
Frente a la inminente ejecución de la resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Kast fue enfático al señalar que su acción inmediata habría sido «cumplir el fallo. Como corresponde».
Subrayó que hacer cumplir la ley y los fallos es esencial para recuperar el Estado de derecho, vivir en paz y frenar a las organizaciones criminales que se toman terrenos para ejercer su autoridad delictual.
Respecto al destino de las familias, el candidato indicó que ellas deben prepararse para el desalojo, tal como se hizo en el campamento Dignidad. Señaló que la autoridad debe disponer los medios de transporte para el traslado de sus bienes.
En caso de no hacerlo, «se aplica la ley», aunque aseguró que la idea es evitar el conflicto y priorizar el respeto y la dignidad de las personas.
Sobre dónde hubiese reubicado a las familias, Kast concluyó que, «así como llegaron ahí, tendrán que revisar dónde están y, si no, la autoridad tendrá que buscar un lugar para ir acomodándolas, pero también con plazos determinados». (NP-Gemini-Ex Ante)
