Este domingo 28 de diciembre de 2025, Myanmar llevó a cabo la primera de las tres fases de sus elecciones generales desde el golpe de Estado de 2021. El proceso, diseñado por la junta militar liderada por Min Aung Hlaing, se desarrolló en un clima de apatía, baja participación y un fuerte rechazo por parte de la comunidad internacional, que califica los comicios de ilegítimos.
Con la oposición prodemocrática disuelta y su líder, Aung San Suu Kyi, aún en prisión, el Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo (USDP) —aliado de las fuerzas armadas— se perfila como el vencedor indiscutido. Según expertos, esta votación no busca una transición democrática, sino consolidar el control militar sobre el país mediante un barniz de legalidad parlamentaria.
UN PROCESO FRAGMENTADO POR LA GUERRA CIVIL
La realidad del conflicto interno en Myanmar ha impedido que las elecciones se realicen de manera uniforme en todo el territorio:
Fases de votación: La jornada de hoy cubrió 102 municipios; las siguientes etapas están fijadas para el 11 y 25 de enero de 2026.
Zonas excluidas: Al menos 56 municipios quedaron fuera del proceso electoral debido a que el ejército no tiene el control territorial, permaneciendo en manos de grupos insurgentes.
Boicot ciudadano: En localidades como Hakha y diversas zonas rurales, la población optó por no acudir a las urnas siguiendo los llamados de la resistencia local y ante el temor a nuevos enfrentamientos.
RECHAZO INTERNACIONAL Y FALTA DE GARANTÍAS
Naciones Unidas y diversas potencias occidentales han sido enfáticas en rechazar los resultados de estos comicios. Tom Andrews, enviado especial de la ONU, advirtió que la votación no representa una salida a la crisis humanitaria y política que atraviesa el país, donde la pobreza y la violencia han escalado desde el derrocamiento del gobierno civil hace cuatro años.
Pese a que el portavoz de la junta, Zaw Min Tun, aseguró que el proceso traerá «estabilidad política», los observadores señalan que la exclusión de más de 4 millones de birmanos en el extranjero y la prohibición de criticar el proceso electoral anulan cualquier estándar mínimo de transparencia y libertad. (NP-Gemini-La Tercera)
