Tal como nos mostraron los dirigentes estudiantiles devenidos tempranamente en diputados y conductores ejecutivos con su empeño en aprobar la reforma constitucional que posibilitó los retiros de fondos de pensiones, de lo que tratan esas reformas es, justamente, permitir concordar leyes que en un determinado momento se supusieron justas, pero que ya dejaron de serlo.
De allí que, la reforma para posibilitar los retiros de fondos de pensiones en situación de crisis pandémica, aun no siendo una buena política pública, las circunstancias los hicieron mutar en necesarios, rebasando así la opinión de otros poderes del Estado envueltos en la polémica. En el caso de la reforma propuesta en el Senado para encarar la crisis de las Isapres no hay, pues, afán de evadir fallos, ni obligaciones jurídicas, sino solo el buen sentido de ir conviniendo normas que las circunstancias tornan injustas, hacia una efectiva materialización plausible.
Por lo demás, el Presidente sabe perfectamente que el Poder Judicial también puede equivocarse, tal como lo afirmara con ocasión de los indultos a detenidos por los desórdenes del 19-O; y que hay centenares de leyes y normas que deben ajustarse para su mejor rendimiento, incluso desde el propio nivel constitucional, carta que está en pleno proceso de discusión ciudadana para su reemplazo a iniciativa de los propios administradores actuales del Estado.
No parece, pues, justo ni prudente, acusar a actores de otro poder del Estado de querer evadir un fallo de la justicia, pues no hay en la propuesta senatorial nada más que confianza en los procesos democráticos, intención que, empero, no se observa en el Gobierno, que, tras sus sucesivos fracasos electorales, pareciera querer imponer su programática reforma a la salud a través de «resquicios legales» que ponen en grave peligro la supervivencia del modelo público-privado vigente en Chile. (Red NP)
Adso de Melk
