Los derechos humanos constituyen la medida de la legitimidad del poder político: la naturaleza, alcance y tareas de este último están condicionados por lo que se entiende que exige el respeto de los primeros. La predilección moderna por la democracia se explica también por ellos: que el gobierno sea resultado de la elección popular es una forma de honrar tales derechos y, en consecuencia, la otra fuente de su legitimidad. Por esta razón, no es de extrañar que en los regímenes democráticos surjan y se promuevan asociaciones u organismos encargados de vigilar o verificar que sus respectivos Estados, en efecto, siguen una política de reconocimiento, protección y promoción de tales derechos. Asimismo, tampoco es de extrañar que dichas asociaciones cuenten, por su misma misión, con una importante autoridad moral y simbólica. Así era también la situación con el INDH en nuestro país. Y lamentablemente es necesario decir que lo “era” porque dicha corporación parece estar cada vez más entregada a intereses facciosos, que no tienen remilgos en instrumentalizar la causa de los derechos humanos. La más grave alerta de esta deriva partisana la dio, como es de conocimiento público, Sergio Micco. A tenor de la misma, pareciera que fue solo el albur de que él fuera el presidente de esa corporación durante el “estallido” lo que la salvó de convertirse en un cómplice activo —y tal vez decisivo— de los intentos por derrocar al Presidente Piñera.
En un nuevo episodio de gratuita autodeslegitimación, el Instituto presentó una querella para “asegurar el debido proceso y la imparcialidad de los tribunales y de los jueces que juzgan causas de derechos humanos”. Cabe preguntarse hasta dónde se extienden, en el concepto de sus actuales miembros, las competencias del INDH. Dada la importancia crucial que los derechos humanos tienen en la legitimación de las democracias liberales, quizás les resulta difícil resistir la tentación de creer que a todas las esferas de la vida política. De cualquier modo, gracias a la querella en cuestión sabemos que hasta ahora no han decidido adjudicarse facultades jurisdiccionales.
Las libertades que se toman los consejeros del INDH sugieren que sus miembros no entienden la importancia de su misma institución. No entienden que, al permitirse veleidades partidistas, debilitan la causa que deben defender. Dichas veleidades dan la señal de que la causa de los derechos humanos es partisana y no de todos los ciudadanos. No entienden que el Estado de derecho es parte de la democracia, que esta se debilita si este lo hace y que, con ello, lo propio sucede con la causa de los derechos humanos. No se dan cuenta, en fin, de que esos caprichos son particularmente inoportunos en momentos en que los populismos crecen alimentados por el hastío que a la población le produce la instrumentalización real o presunta de la causa de los derechos humanos. (El Mercurio)
Felipe Schwember
