A casi un año de que se destapara la mayor trama de sobornos en América Latina, este miércoles se conoció el primer caso que involucra a un chileno con el escándalo internacional que tiene en el centro a la constructora brasileña Odebrecht.
El diario español El País reveló este miércoles «Los papeles secretos del mayor escándalo de América». En su informe da cuenta que la empresa pagó 200 millones de dólares en «comisiones ilegales a políticos, funcionarios, empresarios y presuntos testaferros» en ocho países de la ragión a través de la Banca Privada d’ Andorra (BPA).
El diario detalló que obtuvo «documentación confidencial que políticos, altos cargos de la Administración, funcionarios, abogados y testaferros de Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y Argentina presentaron a la BPA para abrir sus cuentas secretas. Odebrecht transfirió a estos depósitos sobornos millonarios que enmascaró como servicios que nunca prestó«.
El informe de la Policía de Andorra menciona a 145 clientes y sociedades que abrieron cuentas en BPA a pedido de Odebrecht. «Se trata de clientes que recibieron y emitieron traspasos internos directos a las principales cuentas bajo sospecha. Los investigadores intentan determinar ahora si estos también son parte de esta alambicada red de compra de voluntades», explicó El País.
Los documentos sobre Chile mencionan a León Mozes Libedinsky y su sociedad de Belice, Ralford Limited.
«El empresario fue presentado a la BPA por Aeon Group, una de las sociedades empleadas por Odebrecht para pagar sobornos. La cuenta de este chileno presenta un saldo de 400.103 euros (293 millones de pesos chilenos). Y recibió tres millones de dólares (1.895 millones de pesos) desde Aeon», agregó El País que detalló que no lograron comunicarse con Mozes, quien reside en Panamá.
Mozes, en el cuestionario de la BPA para abrir la cuenta, se presentó en la entidad de Andorra como «director general y gerente de empesas». En el documento, el ciudadano chileno informa un saldo aproximado de un millón de dólares cuyo origen proviene de«un contrato con Aeon Group».
Asimismo detalla que destinaría su capital a «ahorro e inversión», reveló El País.
Mozes puso en la documentación un número telefónico al que contactó el medio español que logró hablar con un ciudadano panameño quien dijo que si bien conoce a Mozes, hace años que ya no tiene relación con él.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló en diciembre de 2016 que Odebrecht reconoció haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África.
El caso de los sobornos de Odebrecht involucra a decenas de funcionarios, ex funcionarios y empresarios de América Latina, y ha propiciado investigaciones inéditas por ejemplo en Panamá.
ALSACIA
La mayor empresa operadora del Transantiago, Alsacia, podrá postular al próximo proceso de licitación del transporte público de 2018, a pesar de que esta semana se diera a conocer que la compañía tendría vínculos con una sociedad en paraísos fiscales, en el marco de la investigación denominada «Paradise Papers».
Así lo confirmó esta mañana la ministra de Transportes, Paola Tapia, quien aseguró que la firma puede «como cualquier otro operador, presentar sus ofertas en la medida en que cumpla los requisitos que están previstos y también está sujeto como cualquier otro a la evaluación prevista en las bases de licitación (…) Nosotros tenemos que evaluarla y dependiendo de eso podría no ser calificada técnicamente viable».
Además, en caso de participar, la empresa tendrá que evidenciar que cumple con los requisitos de cumplimiento de los indicadores de desempeño que se les solicita a los actuales operadores, como regularidad o frecuencia del servicio.
En ese sentido, hasta el momento Alsacia es la única operadora que no supera el 80% de cumplimiento exigido para poder ser considerada para un nuevo periodo, por lo que quedaría fuera del proceso.
INVESTIGACIÓN DEL SII
Alsacia se ve ahora envuelta en una polémica al revelarse que integra la lista de empresas y personas que tienen sociedades y fondos en paraísos fiscales, publicada por la investigación de repercusión mundial denominada «Paradise Papers».
A pesar de que esto no significa que la compañía efectivamente haya incurrido en irregularidades tributarias, el Servicio de Impuestos Internos (SII) se encuentra realizando las indagaciones pertinentes para determinar si es así o no.
La ministra Tapia explicó que «esto no es algo que corresponda revisar al Ministerio de Transportes, es algo que está dentro de la esfera de competencia del SII y ésa es la razón por la que el día de ayer a primera hora nos reunimos con el director subrogante, le entregamos todos los antecedentes y él a su vez nos informó que llevan tiempo trabajando en el monitoreo, seguimiento y revisión de este tipo de casos».
Los antecedentes recolectados por el Ministerio tienen que ver con una auditoría llevada a cabo por el Ministerio de Transportes, a través de la consultora Price Waterhouse, en el marco de la reorganización a la que se abocaba Alsacia bajo la ex Ley de Quiebras, producto de su complicado déficit financiero.
«Aquí no hay que adelantar juicios, obviamente hay que esperar a que se realicen las revisiones correspondientes», manifestó la secretaria de Estado.
Agregó que «nuestro foco son los usuarios del transporte público, darle la tranquilidad a los usuarios de que el funcionamiento del transporte no tiene ningún riesgo, se mantiene la continuidad del servicio y nosotros vamos a obviamente generar todos los controles que sean necesarios para que todas las empresas del transporte público cumplan con los contratos».
CORREGIR LOS CONTRATOS
Los contratos de concesión a los que adscriben actualmente los operadores del Transantiago, que datan de 2012, no le dan la atribución al Ministerio para exigir a las empresas información sobre sus compañías relacionadas.
«Eso es algo que lamentablemente no podemos hacer. Entonces, qué hemos hecho. En las nuevas bases de licitación del Transantiago, nosotros hemos incorporado esta facultad, porque es importante para el órgano regulador del transporte conocer cuáles son esas empresas, saber cuáles son esos contratos y de ese modo también poder ejercer una labor de súpervigilancia», dijo la ministra.
«Eso hoy día no lo podemos hacer, lo hemos corregido en la licitación de tal forma que incluso una empresa que se niegue a pedir la autorización correspondiente podría poner término anticipado al contrato de concesión», explicó. (Cooperativa-Emol)
