Chile enfrenta un dilema urgente: o moderniza su Estado para responder a la velocidad de los tiempos, o seguirá atrapado en una burocracia que ni controla ni resuelve. En un país que digitaliza bancos, escuelas y hospitales, el aparato público sigue anclado en trámites manuales, duplicación de datos y controles formales más que de resultados. No es un problema de funcionarios, sino de diseño institucional. La IA puede ser la herramienta que transforme ese modelo, siempre que se use con dirección, ética y liderazgo.
La IA no reemplaza al funcionario público, lo libera de tareas repetitivas para concentrarse en decisiones de valor. Puede automatizar licencias, analizar patrones de gasto, detectar fraude en licitaciones o proyectar demanda hospitalaria con precisión. En transparencia, puede alertar sobre vínculos sospechosos entre consultoras y contratos públicos. Pero para que eso ocurra, se necesita una política de Estado sostenida y con visión de largo plazo.
Chile ya cuenta con una Política Nacional de Inteligencia Artificial, aprobada en 2021, que entrega una hoja de ruta. Además, este año avanza en el Congreso un proyecto de ley que regula el desarrollo y uso de sistemas de IA, clasificándolos según niveles de riesgo y estableciendo responsabilidades para proveedores y usuarios. Sin embargo, ambos instrumentos carecen aún de institucionalidad robusta y de liderazgo político para su implementación. Por eso, el desafío no es tecnológico, es político. Requiere conducción que entienda que la IA no es una moda, sino una herramienta para devolver legitimidad al Estado. Modernizar la gestión pública con IA implica menos discrecionalidad y más evidencia; menos burocracia y más desempeño. También implica establecer estándares de gobernanza y responsabilidad: algoritmos auditables, datos protegidos y funcionarios capacitados. Sin ética ni rendición de cuentas, la IA solo multiplicará los errores humanos.
Chile debiera avanzar hacia la creación de una agencia especializada en integridad y tecnología pública, con potestades para coordinar sistemas, cruzar datos, certificar buenas prácticas y evaluar impacto real. No se trata de gastar más, sino de gestionar mejor. La inteligencia artificial puede ayudar a focalizar subsidios, medir desempeño escolar, asignar turnos médicos y fiscalizar obras públicas en tiempo real. Es decir, permitir que el Estado sirva al ciudadano, no al revés.
Un Estado inteligente no necesita más funcionarios, necesita mejores datos y decisiones basadas en mérito. La IA no amenaza el empleo público: amenaza la inercia. El verdadero riesgo no es que la inteligencia artificial reemplace a los funcionarios, sino que el Estado chileno siga funcionando sin inteligencia. (El Líbero)
Álvaro Bellolio
