El Gobierno de Honduras, comandado por la presidenta izquierdista Xiomara Castro, se propone construir en 2023 dos nuevas cárceles de «máxima seguridad» con el objetivo de aislar a reos peligrosos y frenar sus acciones desde las prisiones, informó este miércoles el director de la Policía Nacional, Gustavo Sánchez.
Las nuevas cárceles permitirán «aislar a estas personas que están siendo procesadas o están sentenciadas por delitos del crimen organizado, ser miembros de maras y pandillas, pertenecer a estructuras criminales, narcotráfico», explicó Sánchez a la prensa.
Una de las prisiones será construida en las Islas del Cisne, en el Caribe del país centroamericano, y la otra, en una zona selvática entre Patuca, departamento de Olancho, y el cabo Gracias a Dios, en la frontera de Nicaragua, señaló el alto cargo, sin precisar el presupuesto que se necesita para las obras.
Cada cárcel tendrá la capacidad para alojar a 1.500 presos y estarán bajo el mando de la Secretaría de Seguridad, indicó el director de la Policía hondureña.
Honduras tiene dos cárceles de alta seguridad, una se localiza en el municipio de Morocelí, departamento de El Paraíso, en el oriente de Honduras, y la otra, en Ilama, departamento occidental de Santa Bárbara.
Los reos peligrosos y con mucho dinero fueron la autoridad real en el interior de las cárceles y, durante mucho tiempo, constituyeron la única ley que imperó, lo que reconocieron funcionarios del Gobierno y del Poder Judicial.
Según informes oficiales, los reos peligrosos, pandilleros, narcotraficantes y sicarios, entre otros, ordenaron crímenes de reciente y vieja data desde el interior de las cárceles de ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula y otras de las más importantes del país.
Las prisiones de Honduras también fueron escenarios de muertes de reos, ahorcamientos y asesinatos, como lo fue la tragedia que ocurrió el 14 de febrero de 2012 en la Granja Penal de Comayagua, unos 80 kilómetros al norte de Tegucigalpa, donde un incendio accidental causó la muerte de 360 reos y una mujer que visitaba a su marido preso.
El sistema penitenciario de Honduras, compuesto por unas 26 cárceles, alberga a 19.658 presos, cuando su capacidad máxima es de 8.000, y menos de la mitad de los reclusos han sido sentenciados, según cifras oficiales.
La seguridad ha sido uno de los temas más controversiales en Honduras.
En julio, y siguiendo la política del Presidente de la vecina El Salvador, Nayib Bukele, el Gobierno de Xiomara Castro emprendió una «guerra» contra las pandillas en Honduras, con la misión de reducir la tasa de homicidios en el país.(Emol EFE)
