En el marco de la Ley Corta de Isapres, cuyo objetivo esencial fue dar viabilidad a estas instituciones y minimizar el riesgo del colapso de la red asistencial, se generó un subproyecto adicional, según el cual los beneficiarios de Fonasa podrían optar a una nueva fórmula para cancelar parte de lo no cubierto por el seguro público mediante una póliza de una compañía dedicada al rubro, financiando a costo de los asegurados la prima que esta empresa definiera. Esta tarifa sería plana, idéntica para todos los contratos de dicha aseguradora, y no se podría discriminar a las personas por su riesgo de incurrir a futuro en más o menos gasto de salud.
El contrato tendría un año de duración, renovable. Se denominó Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC).
Los lugares de atención serían definidos por Fonasa, entre las clínicas que manifestaran interés. Los beneficiarios debían concurrir a estas instituciones, limitando la libertad de elección que hoy existe para la mayoría de los asegurados por el ente público, a través de la Modalidad de Libre Elección (MLC).
Se ha cerrado el segundo proceso de licitación, recordando que el primero fracasó por falta de interés de los seguros y las grandes clínicas. Este segundo llamado también ha concluido en un fracaso. Se presentó una sola compañía, la que se haría cargo de un séptimo de la cartera de afiliados que se podría interesar por esta modalidad.
Fonasa debe definir ahora si acepta esta postulación, en el entendido de que aún no se conoce qué población podría estar interesada en contratarla y que las instituciones de salud inscritas no dan una cobertura adecuada en escala nacional y en nivel de complejidad.
La oferta incluye una prima de aproximadamente $45.000 por persona asegurada. Esto es, una familia de tres miembros debe cancelar $135.000 por mes, lo que es una cifra elevada considerando el costo de los seguros complementarios disponibles hoy en el mercado, que ya financia a cerca de 11 millones de personas.
El escenario no es favorable para seguir adelante con esta iniciativa. Es ciertamente necesario lograr que las personas tengan menos gasto directo en el momento de recibir una atención de salud, que, de acuerdo con el último informe de la OCDE, ha empeorado, porque el dinero con el que las personas deben concurrir al momento de adquirir fármacos, o cancelar un copago no cubierto, que se denomina “gasto de bolsillo”, es hoy más alto que en el pasado. Es decir, el concepto de seguridad social en salud se debilita. Tenemos un patrón más regresivo en el que los que menos tienen deben gastar proporcionalmente más de sus ingresos.
Los seguros complementarios, crecientemente cofinanciados en forma voluntaria por los empleadores, son una forma de avanzar en la cobertura de salud, y el interés de las personas por estos productos solo aumenta.
Idealmente, deberían ser más cercanos a seguros colectivos que individuales, mantener la libre elección, tener una cobertura nacional, y protegerse del mal uso. Si no se generan medidas eficaces que prevengan el derroche y, directamente, el fraude, esta línea de seguros tampoco será viable.
Es imprescindible que cuenten con mecanismos para orientar a los pacientes hacia los prestadores más eficientes, que adopten modalidades de pago paquetizado (para lo cual se podría usar el arancel MCC), que activen cuando corresponda la cobertura AUGE, y en lo inmediato, que cubran solo el costo de medicamentos genéricos cuando los fármacos cuenten con la certificación respectiva del Instituto de Salud Pública. Hay esperanza.
Jaime Mañalich
