El exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe, se refirió este lunes a las declaraciones del ministro de Justicia, Luis Cordero, quien señaló este domingo que el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, debería evaluar su renuncia antes de ser formalizado por la Justicia, en torno a eventuales delitos en el contexto del estallido social.
Las palabras de Cordero se dan luego de que se conociera la renuncia del exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, a quien la Fiscalía le formulará cargos este martes, por presuntos delitos de revelación de información reservada.
Bajo ese marco, el también exsenador señaló en Radio Pauta que le “llama la atención que un tema de tal trascendencia sea comunicado o al menos expresado públicamente, por un ministro que no tiene a su cargo la coordinación policial”.
En ese sentido, cuestionó el accionar del Ejecutivo. “No sé cómo está trabajando este gobierno, lo desconozco ¿por qué el ministro de Justicia se permite decir eso y poner este tema en la mesa y no la ministra del Interior? (…) no sé si lo que ha expresado el señor ministro de Justicia, más allá del juicio de valor que uno puede hacer de sus palabras, representa al gobierno o son sus opiniones personales porque eso es muy complejo”, dijo.
“Lo que pasa es que es como una ocurrencia en este gobierno que de pronto las autoridades antepongan la ética de sus convicciones ante la ética de la responsabilidad que demanda el cargo. Ese es un error que incluso el propio Presidente ha cometido en varias oportunidades, cuando se da un gustito de decir alguna cosa contra la prensa, por ejemplo”, agregó.
Bajo esa línea, explicó que el caso de Muñoz y el de Yáñez, “son diametralmente distintos, pero que puede tener consecuencias similares entre el general director de Carabineros y el director general de la PDI”. Ya que, “este último, el de la PDI, hoy día, ha sido acusado por delitos de revelación de información relevante para investigaciones penales. Es decir, es un hecho propio por el cual se le acusa. Mientras que el general director, más bien es de responsabilidad de mando, con ocasión de los hechos ocurridos en el marco del estallido social”.
“Son dos situaciones completamente distintas, pero que van a terminar finalmente, según lo que ha dicho el Ministerio Público, en la misma resolución judicial, que es la formalización, no condena. En ese escenario, la pregunta es, ¿Cuál es la posición que el gobierno de Chile va a tomar respecto de una autoridad formalizada? Si la posición es autoridad formalizada, autoridad renunciada, bueno, viene una segunda pregunta, un doble clic ¿Conviene esperar hasta el 7 de mayo, que es la formalización del general director de Caleros para hacer el cambio? ¿O convendría, comillas, hacer la pérdida inmediata de las dos instituciones? una decisión como esa también sería injusta, porque mezclaría dos situaciones, como decía, una por acción y otra por omisión”, agregó.
En ese sentido, volvió a cuestionar las declaraciones de Cordero. “Dada la historia de estos dos años de gobierno, no sé si esa declaración del ministro de Justicia es en representación del gobierno de Chile, porque si es así, va a ser muy incómoda la pauta que tiene hoy día el presidente de la República con el general director. Hoy van a estar en Maipú, juntos. El ministro de Justicia debió haber evaluado que va a poner al presidente de la República en una situación muy incómoda, porque hoy va a compartir el escenario y el micrófono con el general director”.
PS: DISTINGUIR SITUACIONES
“Hay que distinguir entre responsabilidad de mando y eventual dolo en la participación directa de un delito”. Con esas palabras la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, pidió diferenciar las situaciones que afectan al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y al hoy exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, quien el pasado viernes se vio forzado a renunciar luego de que el Ministerio Público informara su formalización para este martes.
Esto, luego que la Fiscalía recabara antecedentes sobre filtraciones de información de Muñoz, sobre diferentes casos, al abogado Luis Hermosilla.
La salida del jefe de la PDI abrió un nuevo flanco para el gobierno, puesto que la máxima autoridad de Carabineros también se encuentra ad portas de ser formalizado, en mayo de este año, por su eventual responsabilidad en el delito de omisión “de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio” en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social, cuando se desempeñaba como encargado de Orden y Seguridad de Carabineros.
En este contexto, la postura de la timonel socialista contrasta con la de algunos parlamentarios y líderes del oficialismo quienes presionaron para que Yáñez deje su cargo antes de que sea formalizado. Esto, pese a la posición que ha sostenido el Ejecutivo de esperar ese hito.
En algunos partidos de gobierno creen que esa postura, en todo caso, es difícil de mantener, debido a que La Moneda enfrenta una crisis de seguridad, la que se ha transformado en uno de sus principales flancos.
De hecho, esperan que el tema sea conversado este lunes en el comité político ampliado de La Moneda.
De acuerdo a Vodanovic, según indicó a La Tercera, hay que distinguir entre ambos casos, ya que apuntó a que uno se le acusa de omisiones, mientras que a Muñoz de acción directa. “No podemos obviar que es complejo para las instituciones tener a su máxima jefatura ad portas de ser formalizados, pues obviamente ello permea a la institución. Más aún en un clima de inseguridad donde necesitamos a las policías totalmente involucradas en la persecución del crimen organizado, Pero hay que distinguir entre responsabilidad de mando y eventual dolo en la participación directa de un delito”, dijo.
En esa línea, agregó que “el gobierno ha señalado que respecto al general Yáñez no tomará ninguna determinación previo a su formalización; faltan casi dos meses para ello. Estimo, en este escenario, acertado aceptar renuncia al director general de la PDI. Y que las policías sepan que cuentan con el respaldo ciudadano, del gobierno y del Congreso, pues hemos dictado leyes que fortalecen las instituciones y con inyección importante de recurso”.
Esta postura también fue compartida por el senador José Miguel Insulza (PS), quien este domingo, en el programa Mesa Central, aseguró que “pueden ser casos distintos. En el caso del general Yáñez era un proceso que ya venía hace algún tiempo, lo curioso en su caso es que le fijaron esta fecha de formalización para cuatro meses después, y este señor, en cambio, salió rápidamente. La evidencia debe ser muy fuerte, muy sólida”.
Mientras tanto, en el resto del oficialismo insisten en que el general director de la institución debe dejar su cargo, pese a que reconocen que el escenario judicial puede ser distinto.
El presidente del PPD, Jaime Quintana, dijo a La Tercera que “el gobierno ya estableció un criterio razonable y que pone por delante a la institución policial más que a la persona que la conduce. No veo razón para aplicar un criterio distinto con el general Yáñez; el gobierno hizo una opción por priorizar a las instituciones policiales”.
Y agregó: “Cuando las policías están más exigidas que nunca, no resulta comprensible que sus mandos estén preocupados de sus defensas ante procesos penales”.
En esa línea, el timonel del Partido Radical (PR), Leonardo Cubillos, si bien reconoció que “la situación del exdirector general de la PDI claramente desde un punto de vista procesal era más compleja que la del actual director general de Carabineros”, aseguró que “siempre he indicado que una autoridad pública, cualquiera que sea, debe de dar cuenta del rol y confianza que tiene, y siempre debe de realizar en su fuero interno que si no es un aporte y compromete el rol de la institución a su cargo, la lealtad máxima a Chile y al Presidente de la República es dar un paso al costado”.
La opinión fue compartida por el diputado y presidente de Acción Humanista (AH), Tomás Hirsch. “Me parece que es imposible, es impensable tener a los directores de la policía en una situación en la cual son formalizados o están a punto de ser formalizados. Lo dijimos desde el primer momento en relación al general director de Carabineros y también lo dijimos el día reciente en relación al director de la PDI. Este ya presentó la renuncia y uno esperaría que el general director de Carabineros haga lo mismo”, señaló.
Pese a esto, aseguró que “si el gobierno decide esperar hasta la formalización, nosotros vamos a respetar totalmente esa decisión del Presidente, pero lo que está claro es que estando formalizado no va a poder seguir dirigiendo a la policía uniformada”.
En el Partido Comunista (PC), apenas se dio a conocer la formalización de Muñoz, algunos parlamentarios salieron a pedir la renuncia de Yáñez, presiones que ya se habían dado cuando en enero de este año se anunció el proceso de la Fiscalía en su contra.
“La pronta formalización del general Yáñez de Carabineros por responsabilidad de mando en la revuelta popular y ahora la de Muñoz, en el marco del caso Hermosilla, requiere una posición clara del gobierno en solicitar la salida de ambos. En estos casos, sin discutir la presunción de inocencia de ambos, se pone en cuestionamiento el funcionamiento de las dos instituciones”, señaló el diputado Matías Ramírez.
Mientras que en el Frente Amplio, el diputado Jaime Sáez (RD) dijo que “en un momento tan crítico para la seguridad del país (…), me parece delicado y grave que las máximas autoridades de las instituciones policiales se vean formalizadas por distintas situaciones”.
A diferencia Yañéz, Muñoz será procesado por el delito de infracción al Artículo 31 de la Ley 19.913 e infracción Artículo 246 del Código Penal. La cual sanciona el lavado y blanqueo de activos.
Las diligencias, dirigidas por la Fiscalía Oriente, son en el marco de la investigación por la filtración de audios de Luis Hermosilla, y se fundamenta en las pericias que se realizaron al teléfono celular del abogado.
Específicamente, el exdirector general habría revelado información de la investigación contra su antecesor, Héctor Espinosa, quien es indagado por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos. El abogado que contrató el otrora director general de la PDI fue, precisamente, el penalista Luis Hermosilla. (La Tercera)
