La Presidenta ha promulgado la ley que permite la elección de los actuales intendentes mediante una elección democrática. Los nuevos “gobernadores regionales” deberán obtener al menos el 40% de los votos para ser elegidos como tales. Asimismo, el gobernador regional presidirá el consejo regional y coordinará y fiscalizará los servicios públicos que dependan del Gobierno Regional por cuatro años. Sin duda es un gran paso hacia una real descentralización, pero lo central hoy es apurar y profundizar las modificaciones legales que otorgan reales atribuciones a los gobernadores para comandar sus regiones.
Los actuales intendentes no tienen ninguna atribución para regular o planificar el transporte urbano en una región, o definir las inversiones viales y de infraestructura necesarias para su desarrollo armónico, ni tampoco la tuición de la planificación territorial.
La actual autoridad regional es representante del gobierno central en la región y con escasas atribuciones autónomas, siendo las más notorias las autorizaciones de las marchas, la administración del tema de seguridad en los estadios, y cierta influencia en el trabajo de las secretarías regionales ministeriales (seremis) y asignación de fondos a nivel regional. Los gobernadores regionales llegarán con escaso poder si es que no se pone urgencia en la llamada transferencia de la atribuciones desde las Seremis, la Subdere y otros.
Mucho se discutió respecto de que con esta reforma se estaba poniendo la “carreta delante de los bueyes”. Lo cierto es que la discusión de las atribuciones para esta nueva autoridad será mucho más compleja, toda vez que será la que defina el real peso político de estos nuevos actores.
No solo de las atribuciones tendrá que preocuparse el nuevo gobernador. Los cambios legislativos deben asegurar que las facultades que se trasladen a la región vengan con los financiamientos necesarios para ejercerlas. Esto implicará renuncias importantes por parte de los ministerios, a sus presupuestos sectoriales de vivienda, obras públicas, y salud, entre otros. La negociación no será fácil.
Ciertamente el rol de los gobernadores en las regiones urbanizadas, especialmente la de Valparaíso, Bío Bío y Metropolitana, será diferente. Ellos serán las autoridades llamadas por la “ciudadanía urbanita”, a ejercer un rol lo más próximo posible al de un alcalde mayor de la ciudad, generando la coordinación y la inversión en los temas que nos afectan como metrópolis. Temas como la planificación del territorio, el manejo del transporte metropolitano, la disposición de los residuos, la descontaminación, las inversiones estratégicas de infraestructura para la región, debiesen ser claves en la fijación de prioridades de los próximos gobiernos regionales.
Finalmente, el traspaso de funciones y responsabilidades requerirá de equipos humanos que estén a la altura de los desafíos. Hoy las intendencias no cuentan con los equipos profesionales para abordar gran parte de estas nuevas temáticas. Será necesario prever de buena forma esta necesidad de capital humano para que esta reforma no se caiga por su flanco más blando, que es central para cualquier modernización del Estado que se quiera exitosa. (La Tercera)
Julio Poblete
