Los funcionarios del Registro Civil aceptaron esta tarde la última propuesta del Gobierno, poniendo así fin a un paro de 39 días que causó fuertes molestias entre usuarios que necesitaban obtener o renovar su documentación legal.
Según cálculos del Gobierno, el paro implicó un costo para el Fisco de más de 4 millones de dólares.
Más temprano, la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, había resumido la situación afirmando: “Poco, pero se avanzó”, refiriéndose a lo ocurrido en la décima reunión que sostuvo hoy con la ministra Blanco.
Tras la cita, que se extendió por más de tres horas -la más larga en los 14 días de negociación- la representante de los trabajadores afirmó que el Gobierno entregó una nueva propuesta “que se acerca un poco más” a lo esperado por sus representados.
En esa línea, Díaz explicó que durante la tarde de hoy volverá hasta la oficina de la secretaria de Estado luego de que se le informe lo conversado a las bases y estas voten en asamblea su postura ante la nueva oferta.
Al mismo tiempo, aseguró que “no se habló nada más” que lo referido a los montos de los bonos esperados por los trabajadores, descartando así que se haya puesto sobre la mesa el actual sumario.
Eso sí, la líder de los funcionarios movilizados confirmó la suspensión aplicada a dos empleados del servicio en regiones.
INTRANSIGENCIA
El ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, se refirió la mañana de este viernes al extendido paro de los funcionarios del Registro Civil -que ya suma 39 días- el cual lamentó debido a los “esfuerzos extraordinarios” que ha hecho el Ejecutivo para destrabar el conflicto.
“Hemos hecho esfuerzos extraordinarios por buscar mecanismos que permitan detener el paro, y creo que la intransigencia que hemos visto en la dirigencia del Registro Civil no se condice ni con el daño que se le está haciendo a la población ni con los esfuerzos que ha hecho el Gobierno”, dijo el vocero en conversación con radio “ADN”.
En la misma línea, remarcó que “los recursos no sobran”, como han asegurado desde los funcionarios del Registro Civil.
Por otro lado, Díaz aseguró que “vamos a cumplir la ley” respecto a la advertencia de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) de “no permitir” despidos en el servicio ante la prolongación de la paralización.
Consultado sobre un posible proyecto que permita el mecanismo de movilización para resolver controversias en el sector público, el secretario de Estado dijo que “primero hay que hacer un debate amplio”.
“Ese debate tiene que tener un eje fundamental y es que los ciudadanos no pueden pagar la factura o cuenta de una diferencia gremial, o remuneracional entre el Gobierno y los funcionarios públicos”, señaló.
Y añadió que “los servicios públicos no pueden parar y convertir a la gente en un rehén de la reivindicación de un gremio”.
Los dichos de Díaz ocurren luego que la presidenta de la Asociación de Funcionarios del Registro Civil, Nelly Díaz, se reuniera por novena vez con la ministra de Justicia, Javiera Blanco, sin llegar a acuerdo para destrabar el conflicto y poner fin a la movilización.
