El 31 de enero pasado, el presidente del Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso, Max Cancino, informó vía resolución que la acusación presentada por un grupo de concejales en contra del alcalde de la Ciudad Puerto, Jorge Sharp (Ind.), por notable abandono de deberes y faltas graves a la probidad administrativa, quedaba “en estudio, por el término de 30 días”.
El plazo vence el 14 de marzo próximo. Luego, los integrantes del TER estarán habilitados para dictar sentencia, en un plazo de 15 días (con una prórroga de otros 20, en caso de requerirlo para un “mejor resolver”). Así, se acerca el fin de un largo proceso, que definirá el destino político de Sharp. Como ya ocurrió con la exalcaldesa de Viña del Mar Virginia Reginato (UDI).
Uno de los puntos de prueba, que los concejales procuraron demostrar durante el juicio, es el N° 24, que refiere a la “efectividad de que ha habido demora en la instrucción de procedimientos sumarios y en la afirmativa participación del alcalde en la referida demora”.
Fue el caso, por ejemplo, de la exdirectora de Cultura de la alcaldía, Isabella Monsó, quien renunció a su cargo en febrero de 2021 “por el ambiente laboral”, después de haber presentado en mayo de 2019 una denuncia por acoso laboral contra una funcionaria que la insultaba durante las reuniones de equipo y gritaba a sus compañeros.
Hasta junio de 2022 la actriz desconocía si es que el sumario iniciado a raíz de su denuncia había concluido. Recientemente -comentó a este diario-, “según me han dicho compañeros con los que aún mantengo contacto, me cuentan que el sumario ya concluyó y determinó que sí hubo acoso laboral por parte de la persona contra quien presenté la denuncia. Lamentablemente, no tengo el resultado del sumario, porque nadie de la municipalidad se ha comunicado oficialmente conmigo para informarlo. Es lamentable, porque después de años de espera y de sufrir un trato negligente, ni siquiera se nos comunica algo tan importante. De reparador, el proceso no ha tenido nada”.
Pero Monsó no ha sido la única funcionaria, con cargo directivo, que ha renunciado producto de una denuncia o sumario instruido en su contra.
Recordado es el caso de la exdirectora de Desarrollo Económico Romina Maragaño (CS), actual seremi de Educación en la región, cuando en octubre de 2018, y tras divulgarse irregularidades en la administración del Estadio O’Higgins, presuntamente por parte del exencargado de Deportes Cristián Álvarez -que trabajaba para esa dirección-, el alcalde Sharp instruyó un sumario administrativo que involucró a ambos. Y Maragaño presentó su renuncia voluntaria para no entorpecer la investigación.
Sin embargo, la docente tuvo que recurrir a la justicia y presentar un recurso de protección en la Corte de Apelaciones para que su antiguo compañero del Movimiento Autonomista resolviera ágilmente el procedimiento iniciado en su contra. A la fecha, este sumario todavía no concluye.
El abogado de Álvarez, Pablo Ramírez, dijo a La Tercera que “Cristián lleva cinco años investigado por la Ilustre Municipalidad de Valparaíso por hechos que jamás han sido imputables a él, lo que genera inestabilidad en cualquier persona ante la presión mediática y personal que se le atribuye. Además, la formulación de los cargos en contra de él es totalmente vaga e imprecisa, no encontrándose acorde a los requisitos de lo señalado en la Ley 18.883, así como por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, generando graves problemas a su derecho a la defensa consagrado constitucionalmente. Por último, los descargos en favor de Cristián fueron realizados el 16 de agosto del 2022. Desde hace seis meses no ha habido ningún avance por parte de la fiscal a cargo del sumario”.
Asimismo, a fines de enero presentó su renuncia el exencargado de Emergencias Ezio Passadore, quien se conocía de la universidad (PUCV) con Sharp, luego de que el alcalde instruyera un sumario en su contra por contratación directa de maquinaria, durante la pandemia, para la habilitación de caminos en la parte alta de Valparaíso luego de un frente de mal tiempo.
Cuentan en el municipio que el alcalde tomó distancia de Passadore cuando este, públicamente, prestó apoyo al Presidente Gabriel Boric durante su campaña, antes de que Sharp se sumara a esa cruzada.
La administración de Sharp, quien asumió su primer periodo como alcalde en diciembre de 2016, informó vía Ley de Transparencia un total de 50 denuncias y 16 sumarios por acoso laboral, maltrato laboral y acoso sexual.
Transcurrido un año y un mes desde que una ciudadana solicitó la información al municipio, y pese a que recurrió a la justicia para impedirlo, finalmente la alcaldía liderada por Sharp dio cuenta del total de denuncias (43 por acoso laboral y siete por acoso sexual) y sumarios (12 por acoso laboral, dos por maltrato laboral y otros dos por acoso sexual), ingresados e iniciados desde el inicio de su administración, es decir, a partir de 2017 en adelante.
Del total de 43 denuncias por acoso laboral, 29 se encuentran cerradas y 13 en trámite. Sobre las de acoso sexual, cinco terminaron, una fue derivada a la Dirección de Asesoría Jurídica y otra fue informada “a jefatura”. Respecto de los sumarios, 12 están terminados y archivados, uno está en proceso de sobreseimiento y hay tres con resolución pendiente.
Además, el municipio informó, solo respecto de las 50 denuncias ingresadas, un “resumen de caso”.
En las de acoso laboral, destacan acusaciones por “violencia psicológica”, “situaciones de menoscabo”, trato que provoca “estrés severo” y “tratamiento neurológico y psicológico”, “aislamiento”, “maltrato verbal y físico, con conductas discriminatorias reiteradas”, “trato vejatorio”, “palabras obscenas y tono de voz elevado”, “acoso grupal” a raíz de “una filtración de imágenes”, “caso de persecución política” y “mal manejo de la ira”.
En estas denuncias también figura -como resolución del caso- la desvinculación del militante (CS) Guillermo Piñones Aguilera, por faltas a la probidad mediante acoso laboral, a raíz de una acusación ingresada el 18 de octubre de 2018 por funcionarios de la Secpla.
El actual consultor en Políticas Públicas de la FAO trabajó, posteriormente, para el gobierno de Gabriel Boric, como jefe de la división de Estudios y Políticas Públicas de la Subdere, entre marzo y octubre de 2022 -informa en LinkedIn-, con un sueldo bruto de $ 3.394.986, se indica en el portal de Transparencia.
Sobre las denuncias por acoso sexual, el municipio informa que cuatro implicaron la apertura de un sumario: uno de ellos derivó en un programa de reparación y en dos casos se solicitó la desvinculación.
Finalmente, sobre la resolución final o sanción de los sumarios informados, seis terminaron en sobreseimiento; tres en la suspensión del empleo por 60 o 30 días, y el goce del 50% de la remuneración mensual, y uno en la multa del 20% de la remuneración.
Consultado el alcalde, si acaso considera que las cifras informadas son normales en comparación con otros municipios, el departamento de prensa de la alcaldía señaló que “si bien no contamos con el dato específico respecto de la tasa de denuncias y sumarios, por acoso laboral, sexual y maltrato, de otros municipios para poder comparar, lo importante es que cuando existan denuncias se investiguen; lo que podemos afirmar con seguridad es que a todas las denuncias que se realizan formalmente en la Municipalidad de Valparaíso se les da tramitación y se investigan de acuerdo al procedimiento establecido para aquello”.
“Evidentemente algunas no prosperan por falta de antecedentes o por no ser efectivos los hechos, y otras avanzan a una etapa posterior de sumario administrativo, el que dependiendo del mérito del proceso puede o no terminar con sanción”, agregó.
Finalmente, consultado Sharp si considera que la cantidad de denuncias y sumarios instruidos han significado una complicación extra para su gestión -considerando que la dilación en la instrucción de sumarios es parte de la acusación que tramita el TER-, el equipo de comunicaciones respondió que “no, ya que el punto de prueba N° 24 al que usted se refiere es general y no está necesariamente referido a casos de acoso laboral o sexual”.
“Como quedó demostrado a través de la abundante prueba aportada en el proceso que lleva adelante el TER de Valparaíso, de acuerdo a la abundante jurisprudencia de la Contraloría General de la República, la potestad disciplinaria radica en el alcalde, lo que supone que quien detenta dicha calidad pondera el inicio o no de un determinado procedimiento disciplinario, los que como se demostró ante el tribunal, en la gran mayoría de los casos dichos procedimientos fueron iniciados, no resultando efectivo el cargo que se imputó”, complementó. (La Tercera)
