Se acerca marzo, mes históricamente complejo para las personas, ya que se acumulan una serie de gastos financieros con los que deben cumplir. Pero el escenario podría empeorar la situación de las familias producto de la crisis social.
Es por esto que el ministro de Economía, Lucas Palacios, se reunió con los dueños de los bancos para solicitarles un trato especial, para que, dada la contingencia, los clientes bancarios puedan repactar sus deudas con tasas más flexibles.
“Le pedimos a la banca, incluido Banco Estado, que de cara a marzo, mes donde se agrupan gran parte de los gastos, las personas que estén sobre endeudadas se acerquen para renegociar sus créditos”, señala el secretario de Estado.
El plan consiste en que las personas puedan postergar sus deudas con período de gracia, a bajas tasas, e incluso para casos extremos está abierta la opción de que sea a tasa 0%. Desde el gobierno aseguran que el compromiso es que la tasa sea baja, pero el número exacto dependerá de cada entidad financiera.
“Todos los bancos, a petición nuestra, generarán una venta para que reprogramen sus deudas, con periodos de gracias o bien postergar el pago de cuotas”, precisa Palacios.
De acuerdo al ministerio, inicialmente, el programa es para enfrentar marzo, hasta el 31 de ese mes. No obstante, desde Economía, sostienen que “se va a monitorear si es necesario expandir el plazo”.
Si bien con la banca en su conjunto la medida ya está cerrada, entre hoy y el miércoles, Palacios se reunirá con los representantes del retail financiero para lograr el mismo objetivo. Luego, los siguientes pasos apuntaran a convencer a las cooperativas, cajas de compensación y la empresas de financieros crédito automotriz.
Desde la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), su presidente José Manuel Mena, comentó que los meses inmediatamente previos a la crisis esta medida se comenzó a aplicar a las pymes, “durante el verano se amplío a personas naturales. Cada cliente con un grado de dificultad se puede acercar a su banco”.
En tanto, Tanner (crédito automotriz) sostienen que “queremos apoyar a nuestros clientes en los momentos en que más lo necesitan y en septiembre pasado adoptamos acciones concretas en ese sentido, ofreciéndoles postergar la cuota de octubre-noviembre para el final del crédito y sin costo para ellos”.
De acuerdo al Ministerio de Economía, en base a datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), uno de cada cinco deudores en Chile tiene una alta carga financiera, es decir, el porcentaje de sus ingresos que destina al pago de obligaciones financieras es superior al 50%. Además, existen 1,1 millones de deudores bancarios con deuda impaga, cifra que representa poco más de un quinto del número total de los deudores del sector.
Cómo se distribuye la industria: Los oferentes de crédito no bancario (OCNB) otorgan préstamos a hogares y empresas. En la cartera de consumo, estas entidades incluyen a las casas comerciales (CC), cajas de compensación y asignación familiar (CCAF), cooperativas de ahorro y crédito (CAC), y entidades que otorgan factoring y leasing (FyL) además de crédito automotriz.
De acuerdo al Informe de Estabilidad Financiera del Banco Central, del primer semestre de 2019, los OCNB en conjunto representan 57,9% del volumen de créditos de consumo de la banca. Esta participación se ha mantenido estable desde el año 2012, no obstante, se ha observado un aumento de casas comerciales desde mediados de 2013, y más recientemente, de las empresas orientadas al financiamiento automotriz.
LA UDI Y LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS
La deuda de los hogares chilenos ha alcanzado récords históricos ante el alza de los créditos hipotecarios, motivo por un cual un grupo de diputados de la UDI, liderado por el integrante de la Comisión de Economía Enrique van Rysselberghe, ingresó una serie de proyectos de ley destinados a “emparejar la cancha” entre deudores y acreedores.
“El aumento del endeudamiento de los hogares chilenos ha alcanzado un récord histórico de 71,1%, donde el 37,4% de los compromisos financieros corresponde a créditos hipotecarios. Sin duda, se hace necesario promover acciones destinadas a revertir esta situación”, dijo Van Rysselberghe.
El primero de estos proyectos, establece una modificación a la ley sobre derechos de los consumidores, asignando a cargo del proveedor del crédito hipotecario, los gastos operacionales derivados de su repactación o renegociación.
“La Constitución de un crédito hipotecario está asociada a una importante cantidad de gastos operacionales que son de cargo del deudor del crédito, como Tasación de la Propiedad, Servicios Legales, Gastos Notariales, Impuestos de Timbres y Estampillas e Inscripción ante Conservador de Bienes Raíces. El problema es que estos gastos deben pagarse no sólo al momento de constituir el crédito hipotecario, sino que por cada renegociación o repactación del crédito. Esto constituye un abuso, sobre todo si consideramos que las personas que acuden a la repactación de un crédito hipotecario, lo hacen porque se ven agobiados por la deuda”, señaló el parlamentario.
La segunda propuesta, en tanto, busca radicar en el acreedor los costos de constitución de un crédito hipotecario, estableciendo además condiciones para la ejecución forzada de la deuda hipotecaria.
“La constitución de un crédito hipotecario, implica un sinnúmero de medidas que se tornan proteccionistas del acreedor, claro ejemplo de esto son los gastos iniciales como tasación, estudios de título, entre otros. Este proyecto establece que esos gastos serán de cargo del banco, determinando además que el proveedor del crédito no podrá ejercer acciones legales tendientes a la ejecución forzada de la deuda, si el deudor en efecto ha demostrado una conducta de regular de pago. El objetivo de esta modificación legal es proteger a deudores y al acceso a la vivienda”, explicó Van Rysselberghe.
La última medida contemplada en el paquete de iniciativas legales, dice relación con el nivel de desconocimiento que muchas personas poseen respecto de los contratos que firman. Por ello, se busca exigir a los notarios que certifiquen el entendimiento de las cláusulas de los créditos hipotecarios por parte del deudor.
“Los notarios deberán certificar -sin costo alguno- que el deudor entiende las cláusulas suscritas en el crédito hipotecario, especialmente en lo que se refiere a la modalidad del crédito, la tasa de interés, el CAE y los principales derechos y obligaciones de que derivan del contrato, pues es fundamental que las personas entiendan lo que están firmando para evitar que sean víctimas de eventuales abusos”, sostuvo el diputado Van Rysselberghe.
“Actualmente existen muchos abusos o situaciones injustas hacia quien se encuentra endeudado por un crédito hipotecario, es necesario equilibrar la balanza entre deudores y acreedores”, añadió. (Pulso)
