Un aporte directo de $75 millones recibió la fundación Territorios Colectivos, registrada en El Quisco, Región de Valparaíso, como parte de una subvención presidencial en mayo de 2023, con el objetivo de “avanzar en el manejo integral y sostenible del sistema de residuos a nivel comunal mediante el desarrollo de mejoras en infraestructura, seguridad e innovación tecnológica en los espacios de compostaje de Isla Robinson Crusoe y desarrollo de capacidades en el personal a cargo del sistema de manejo de residuos y en los habitantes de San Juan Bautista, para lograr la disminución de los residuos domiciliarios y chatarra que recibe el vertedero de la comuna”.
Nada raro de no ser por tres detalles: el primero es que la fundación, que es parte de los llamadas #CentrosdeEstudiosPorBoric, data de 2020 y no tiene ningún giro registrado en el Servicio de Impuestos Internos (SII) para esa especialidad o una similar, sino que sus actividades económicas afectas a IVA son “actividades de organizaciones políticas”, “fundaciones y corporaciones: asociaciones de promueven actividades culturales” y “actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales” (sin IVA).
Lo segundo es que pese a tener directores ligados al trabajo medioambiental en otras fundaciones, toda su labor es de corte político, tal como declaran en el SII y queda en evidencia en sus redes sociales y su web, donde mostraron un fuerte trabajo en lo relativo al proceso constitucional y en relevar medidas del gobierno, no así en manejo de residuos. Este traspaso a Territorios Colectivos, es el único aporte que registra la entidad en el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades.
Y lo tercero, es que se trata de una fundación fuertemente ligada a Convergencia Social (CS), el partido del Presidente Gabriel Boric, lo que amplía los alcances del “Caso Convenios”, más allá de Revolución Democrática.
“Hemos analizado nuestro partido y a nuestros militantes, y, de momento, no hemos encontrado ninguna irregularidad o algún monto adjudicado por trato directo”, sostuvo el lunes el presidente de CS, Diego Ibáñez, en radio ADN. Consultado sobre este caso puntual, el diputado no respondió a El Líbero.
Respecto a la falta de concordancia entre el giro de la fundación para realizar actividades económicas y el objetivo de la subvención, desde Presidencia aseguraron que “no hay ninguna irregularidad en el caso señalado. La asignación de la subvención presidencial se hizo en base a los protocolos establecidos, con estricto control desde la Subsecretaría de Hacienda”.
Un alto ex funcionario de esa cartera, explicó a este medio que cuando la Unidad de Subvenciones Presidenciales pasó a depender de Hacienda, fueron sumamente cautelosos de entregar los fondos a entidades idóneas respecto al área postulada, por lo que en ese entonces el giro de las fundaciones y su experticia, eran factores fundamentales para entregar esos aportes: “Me costaría pensar que en esos tiempos el giro no era relevante”.
En este caso, no importó tanto. Recién el 27 de junio la fundación subió a su web su primera y única información sobre un proyecto de residuos: el que les asignaron en Presidencia. En una columna, el coordinador técnico, Gustavo Vergara, explicó que desarrollarán un programa de un año en Juan Fernández y que tendrá tres líneas de acción: involucramiento de usuarios y personal del vertedero en la reducción de residuos y seguimiento de flujo, a través de programas de educación ambiental; mejoramiento de infraestructura del vertedero con enfoque de economía circular y autoconstrucción sustentable; y la creación de un sistema de disposición centralizada de residuos orgánicos comunales.
Fuentes de El Líbero aseguraron que la Mesa de Residuos de la Región de Valparaíso, conformada por la Seremi de Medio Ambiente, el Gobierno Regional y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere); desconocía este proyecto.
HUELLA DE CONVERGENCIA SOCIAL
Hasta el 26 de junio, antes de que creciera el “Caso Convenios”, en el sitio web de la fundación Territorios Colectivos aparecía Nataly Campusano como directora de Incidencia, aunque según un comunicado de la fundación, Campusano dejó su cargo en diciembre pasado, tras finalizar un proyecto de cinco años con la fundación.
Campusano fue candidata a gobernadora por Valparaíso y actualmente es consejera regional de Convergencia Social por Valparaíso, Casablanca y Juan Fernández. Es ex pareja del presidente de Revolución Democrática, el senador Juan Ignacio Latorre, figura política duramente criticada por la diputada Catalina Pérez por el manejo del caso de las fundaciones.
Como panelista invitada a Tiempos Violentos en Vía X el 30 de junio pasado, Campusano sostuvo que la crisis de RD “no ha sido manejada de la mejor manera”, pues se ha expuesto más al gobierno de lo esperado, pero que “lo que le pasa a RD, nadie está exento de que pueda pasar en otro lado y efectivamente aprender de ello, para que no pase más”.
Sobre los tratos directos, la core sostuvo que “se da principalmente por la la completa burocracia que existe por parte del Estado para poder llegar a un objetivo. Para licitar, son un año, dos años para que pase el proceso de licitación y que se ejecute una determinada acción. Con trato directo con las fundaciones es mucho más rápido”, dijo y calificó como un “uso miserable” de la herramienta por parte de las fundaciones cuestionadas en Antofagasta.
Otros militantes de Convergencia Social en la fundación son su director ejecutivo, Juan Pablo Espinoza y sus columnistas, Pablo Selles, Bárbara Astudillo y la ex convencional constituyente, Jennifer Mella.
VÍNCULO CAMPUSANO-KARAMANOS
Nataly Campusano es una figura conocida en el Frente Amplio y en La Moneda. En 2018 comenzó a hacer talleres de participación para conocer la opinión de mujeres sobre políticas públicas y en 2022 trasladó el proyecto “Ciudades con Lentes de Mujer” a la fundación Territorios Colectivos, desde donde consiguió el apoyo de la entonces directora del área sociocultural de La Moneda, Irina Karamanos.
Posteriormente, ella misma presentó el libro del proyecto de Campusano en la Gran Logia masónica en diciembre de 2022, junto a la ex ministra de Culturas, las Artes y el Patrimonio, Julieta Brodsky. Con Karamanos ya había incursionado en columnas de opinión sobre gobiernos subregionales paritarios.
En abril de ese mismo año, según la cuenta de Instagram de Territorios Colectivos, Campusano representó a la fundación al reunirse con “el fundador de Podemos y presidente del Instituto República y Democracia”, Pablo Iglesias, “para conversar sobre el escenario político nacional e internacional y avanzar en relaciones de cooperación”, cita en la que también se fotografió con el diputado Gonzalo Winter, uno de sus cercanos en política.
