Los cinco funcionarios públicos hasta ahora indagados por su presunta participación en delitos de negociación incompatible, que fueron denunciados por la Contraloría General de la República, arriesgan penas que -en ningún caso- serán condenas efectivas de cárcel.
Ya lo había esbozado con anterioridad el fiscal regional metropolitano Sur, Raúl Guzmán, tras asumir la investigación de los casos que involucran a empleados de los gobiernos regionales de Los Lagos, Biobío, la Subdere y el MOP.
Específicamente, porque los hechos descritos son sancionados en el artículo 240 del Código Penal que establece que «el empleado público que directa o indirectamente se interesare en cualquiera clase de contrato u operación en que debe intervenir por razón de su cargo, será castigado con las penas de reclusión menor en su grado medio, inhabilitación absoluta temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo, y multa del diez al cincuenta por ciento del valor del interés que hubiere tomado en el negocio».
Esto es, quienes incurran este tipo de hechos, arriesgan desde 541 días hasta los 3 años de presidio. En cualquier escenario -y siempre que no tengan condenas anteriores- los imputados podrán cumplir su pena en libertad, en caso que sean acusados por estos hechos.
Debido a las bajas penas que contempla la ley, los involucrados -incluso- podrán optar a la suspensión condicional del procedimiento, lo que implica la aceptación de los hechos que le fueron atribuidos a cambio de una serie de condiciones que deberán ser establecidas por un tribunal.
Lo anterior, además, significa que los funcionarios podrán ser sobreseídos definitivamente luego del transcurso de un año.
EQUIPO INVESTIGADOR
En el marco de las indagatorias que inició el Ministerio Público, ayer el fiscal Guzmán reclutó a quienes integrarán su equipo para perseguir los hechos denunciados. Se trata de los fiscales Paulina Díaz Obilinovic y Víctor Núñez Escalona, ambos de la Unidad Especializada de Delitos Violentos y Económicos de la fiscalía sur.
El equipo ya se reunió y planificó la etapa inicial de la investigación, definiendo -además- las líneas de investigación y las primeras diligencias. Mientras, aún no hay un equipo policial definido, pues esta primera etapa será desarrollada- directamente- por los fiscales y los equipos de apoyo propios del Ministerio Público. (Emol)
