La muerte de un niño de cinco años baleado en el antejardín de su hogar la noche de este martes, en la comuna de Padre Hurtado, en lo que sería un “ajuste de cuentas” contra su familia, reactivó el llamado que algunos sectores políticos -tanto de oficialismo como de oposición- vienen realizando para que el gobierno aplique un estado de excepción constitucional como medida para enfrentar la delincuencia.
El diputado del Partido por la Democracia Raúl Soto llamó a la administración de Gabriel Boric a acoger una solicitud de resolución -que presentó junto a un grupo de diputados de centroizquierda-, para que se decrete a la brevedad la medida en todo el país.
“Estamos en el peor momento de la crisis de seguridad, y llego la hora de actuar con mano firme y dura para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia con todas las herramientas y capacidades del Estado. Por eso, vamos a insistir en que se decrete Estado de Excepción de carácter nacional y se despliegue a todas las fuerzas policiales y militares a lo largo del país, con la flexibilidad que permita ir focalizando esos esfuerzos en aquellas regiones y ciudades con tasas más altas de delitos violentos en Chile”, señaló el diputado Soto.
Por su parte el diputado de Renovación Nacional Jorge Durán respaldó la emergencia comunal aplicada por los alcaldes de La Reina, José Manuel Palacios, y la Florida, Rodolfo Carter, señalando que un municipio decide tomar medidas concretas “para resguardar la vida, la integridad de las personas decentes de este país, deben contar con todo el apoyo”.
“No es posible que la delincuencia esté desbordada de la manera que lo estamos viendo y que el gobierno solo se vaya en frases grandilocuentes, hablando que los vamos a perseguir, hablando de que no habrá impunidad. Son palabras, palabras, palabras, promesas, promesas y la gente necesita seguridad ya, medidas concretas. Más mano dura, más policías en las calles, más estado de excepción, más expulsión de delincuentes inmigrantes que han llegado a destruir nuestra comunidad y a matar personas”, planteó el legislador de RN.
En una línea similar se pronunciaron desde Demócratas.
“Como Partido Demócratas, ante la ola de crímenes incontrolados, hacemos un llamado al Presidente Gabriel Boric a emplear todas las herramientas del Estado para proteger la vida de las personas. Basta de lamentar más vidas en manos de esta violencia desatada”, indicó esa colectividad en una declaración dada a conocer este miércoles.
El alcalde Carter, en tanto, en el foco de la polémica con el gobierno por su “Batallón Ciudadano” contra la delincuencia, también insistió en un endurecimiento de medidas.
“¿Qué tiene que pasar? Lo inaceptable es que quien tiene el poder para hacer algo distinto, no lo haga solo por razones ideológicas. Hay que cambiar la política de seguridad pública, buscar la utilización de la herramienta constitucional de declaración de Estado de Excepción Constitucional, para ayudar a combatir el delito”, enfatizó el alcalde Rodolfo Carter.
El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, acudió el lunes la oficina de partes de La Moneda para entregar una carta dirigida al Presidente de la República, Gabriel Boric, en donde solicita al Mandatario decretar Estado de Excepción Constitucional para la Región Metropolitana.
Palacios señaló que con el estado de excepción se permitirá la liberación de recursos, “los que pueden ser destinados en estrategias en el territorio, a través del apoyo también de las Fuerzas Armadas”.
En entrevista en radio Bío-Bío, en tanto, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, planteó que “si el gobierno no quiere decretar estado de excepción, que aplique la Ley de Infraestructura Crítica”.
“Necesitamos medidas drásticas para poder bajar el temor que existe en la población y así implementar con tiempo leyes duras y actualizadas”, indicó la autoridad regional electa.
También abogó por un estado de excepción la diputada independiente del comité parlamentario mixto de los partidos Radical, Liberal, DC y Amarillos, Viviana Delgado.
“Ya no resistimos más, la delincuencia se tomó las calles, el miedo se apoderó de nuestras comunidades”, dijo, anunciando que apoyará desde el Congreso un estado de emergencia en la Región Metropolitana para “enfrentar con firmeza la delincuencia”.
“El país lo que requiere es una estrategia seria para enfrentar los temas de seguridad. Que a cada autoridad se le ocurra algo después de que ocurra un delito violento, bueno, es parte del debate político, pero eso no es una estrategia de seguridad”, señaló el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, consultado por el tema en una actividad en Valparaíso.
Tras enumerar iniciativas como los equipos especiales del Ministerio Público que empezaron a operar en noviembre, con un costo de 11.000 millones de pesos anuales, para la contratación de 240 profesionales para perseguir los delitos violentos en 10 regiones, Monsalve comentó que “hay autoridades que dan a entender como si se partiera de cero, como si no hubiera política nacional contra el crimen organizado, como si no hubiera plan cuadrante, como si no hubiera política de seguridad nacional, como si no hubiera plan calle sin violencia”.
“Respecto a lo que han anunciado algunos alcaldes, los municipios tienen contratados hoy día guardias de seguridad. Eso ocurre hoy día, no es nuevo (…). En el caso del anuncio que se ha hecho, es que el municipio que ya tiene guardias de seguridad, algunos alcaldes han decidido contratar más. Y está bien que así sea. Lo único que hemos dicho es que es importante mantener una coordinación con Carabineros, con los delegados, para que esos recursos sean distribuidos de acuerdo a los problemas de seguridad que tiene la comuna. Nada más. Eso requiere coordinación y colaboración. Y si un alcalde, con el presupuesto municipal, quiere colocar más guardias de seguridad para complementar el patrullaje, bienvenido sea. Lo único que pedimos es coordinación con las policías”, señaló la autoridad de gobierno. (La Tercera)
