El 17 de abril del 2018, el entonces general y auditor del Ejército, Felipe Cunich, se reunió en la biblioteca de la Escuela Militar con el general Rodrigo Díaz. Los ahora altos oficiales en retiro, se juntaron a hablar sobre el sumario que estaba realizando la institución castrense en el marco de las presuntas irregularidades en el Fondo de Ayuda Mutua (FAM). Díaz grabó la conversación en la que Cunich le mencionaba qué decir en su declaración en la investigación, lo que generaría el llamado a retiro del exauditor el 10 de marzo de 2021. Por lo mismo, el general (R) presentó un recurso de protección en contra del Presidente Gabriel Boric, con el cual espera que se revierta la resolución que lo llamó a retiro.
En los 9 minutos y 13 segundos del audio grabado por Díaz, se escucha la voz de Cunich leyendo una minuta para que el otro general reconociera en su declaración en el sumario interno su presunta responsabilidad en el pago de viáticos a exfuncionarios por comisiones de servicio que nunca realizaron. A raíz de esto, el exauditor del Ejército fue llamado a retiro el 2021 y luego de que un sumario de Contraloría determinara que el general (R) intentó manipular la indagatoria administrativa en el que se indagaban los pagos ilegales.
Lo anterior, en el marco de una de las aristas del caso de fraude en el Ejército, precisamente en lo que respecta al Fondo de Ayuda Mutua (FAM): instrumento de financiamiento para el personal en Coyhaique, donde mensualmente los funcionarios depositaban dinero el cual retiraban al irse del Ejército. Sin embargo, el 2006 este fondo cayó en insolvencia. Con el fin de regresar los dineros perdidos, se creó el mecanismo de fraude.
El 10 de marzo del 2021, un día antes de dejar La Moneda, el expresidente Sebastián Piñera firmó el llamado a retiro de Cunich, quien fue notificado poco más de un mes después. Aquello motivó a que en mayo del mismo año el exgeneral presentara un recurso de protección en contra del Mandatario, esta vez Boric, para que dejara sin efecto la resolución que lo dejó fuera de las filas del Ejército.
La acción judicial presentada por el exauditor sostiene que la decisión del Mandatario “resulta ilegal y arbitraria”, ya que ha sido dictada únicamente por un procedimiento administrativo que considera de la misma manera.
A juicio de la defensa del exmilitar, a cargo del abogado Mario Zumelzu, la Contraloría -quien realizó un sumario el 2018-, carece de atribuciones para realizar sumarios administrativos de responsabilidades personales en las Fuerzas Armadas. Aquello, además de ser ilegal -según la defensa-, transgrede los derechos fundamentales del exgeneral, como el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales.
Junto con eso, Zumelzu argumenta que las pruebas que se utilizaron para demostrar la baja de Cunich, carecen de legalidad, ya que la grabación “fue efectuada sin conocimiento ni menos autorización de mi representado, dentro de un lugar que no es de acceso al público, como lo es una logia de vidrio con aislación acústica, en una biblioteca militar fuera del horario de atención”. Además de esto, el exauditor presentó ante el Ministerio Público los antecedentes para que se investigaran las posibles responsabilidades penales por la grabación realizada sin que él tuviera conocimiento, además de una denuncia en Contraloría.
En el recurso presentado ante el tribunal de alzada, el general (R) pide que se deje sin efecto la resolución firmada por Piñera, la cual, sostiene, genera un daño irreparable. Lo anterior, según argumenta, ya que aparte de llamarlo a retiro, también lo sanciona con la inhabilidad a ejercer labores en la administración pública por cinco años. Aquello lo perjudica, según su defensa, ya que es en esto donde más probable estaría su fuente laboral tras dejar el Ejército.
En julio del año pasado, el Presidente Boric envió a la Corte de Apelaciones el informe solicitado en el que da respuesta al recurso de protección. En el texto ingresado al tribunal de alzada, el Mandatario solicita ser desestimada la presentación del exauditor al no existir los requisitos para la interposición del recurso.
Dentro de una serie de argumentos jurídicos, el informe presentado por el Presidente señala que los recursos de protección buscan restablecer derechos que han sufrido de privación, lo que no ocurre en este caso. “No se advierte la manera en que la resolución impugnada y el procedimiento han podido vulnerar los derechos fundamentales del recurrente, sobre todo considerando la descripción de naturaleza de la acción constitucional”, argumenta.
Ante eso, señala que al no existir una conexión entre lo presentado por el exmilitar y la acción judicial, sostiene que el general (R) de la institución castrense pretende evadir su responsabilidad administrativa. Esto, porque en el recurso del exauditor “se encarga de entregar una serie de argumentos para impugnar las facultades de la Contraloría en el marco de procedimientos sumarios, materia relativa a la competencia y procedencia de la persecución de responsabilidad respecto de los funcionarios de las Fuerzas Armadas; y, explícitamente, solicita la revisión de la prueba rendida durante su sustanciación y su ponderación”.
Finalmente, agrega que “el señor Cunich pretende obtener en sede judicial la absolución de la medida disciplinaria fundado en elementos de mérito y vicios procedimentales, buscando la impugnación del procedimiento disciplinario en su totalidad”. Además de eso, agrega que “resulta claro que, a través de la acción, el recurrente no busca cautelar las garantías constitucionales presuntamente vulneradas, sino dar lugar a un procedimiento contencioso administrativo en el que la jurisdicción realice una revisión, de fondo y alcance permanente, y lo exima de su responsabilidad administrativa”.
Ahora se espera que sea la misma Corte de Apelaciones de Santiago quien analice los argumentos de ambas partes y resuelva si acoger o no el recurso presentado por el general (R). (La Tercera)
