En un monto superior a los $5.000 millones, exactamente $5.483.709.087, fue avaluado por el Ejército de Chile el fraude cometido por funcionarios con los dineros de la polémica Ley Reservada del Cobre, según informó la radio ADN.
Esta cifra fue dada a conocer este viernes, tras informarse sobre el sumario interno que llevó la institución castrense.
Asimismo, se determinó la baja del Coronel Clovis Montero, extesorero del Estado Mayor del Ejército, y el paso a retiro de otros cinco ex uniformados.
Estos últimos son el cabo segundo Juan Carlos Cruz Valverde (conocido por haber gastado un total de 1.200 millones de pesos en el casino Monticello), la sargento segundo Millaray Simunovic Bustamante, suboficial Claudio González Palominos, el sargento segundo Miguel Escobar Díaz, sargento primero Luis Meléndez Carrillo y la sargento segundo Liliana Villagrán Vásquez.
De acuerdo al documento revelado por la emisora, «el perjuicio fiscal derivado de los hechos investigados en esta ISA asciende a la suma de $5.483.709.087, que equivale a la sumatoria de las cantidades de las facturas falsas que fueron pagadas a la TE a los siguientes proveedores: Francisco Huincahue Necuñir, Inversiones y Comercio Capellán SA, Pedro Antonio Salinas Reyes, Raúl Fuentes Quintanilla y Waldo Pinto Gaete».
JAIME PILOWSKY
Tras conocerse que el Ejército cifró en $5.483.709.087 el monto involucrado en el fraude a cuenta de la Ley Reservada del Cobre, el presidente de la comisión investigadora por el tema de la Cámara de Diputados, Jaime Pilowsky, aseguró que el sumario que reveló dicho monto también debió abarcar las responsabilidades de los altos mandos.
«Los sumarios determinan las responsabilidades administrativas de los funcionarios. En este sentido, considero que falta explicitar un mayor reproche a los generales y oficiales superiores que estuvieron a cargo del Comando de Apoyo de la Fuerza, la Tesorería y la Contraloría del Ejército», manifestó el parlamentario a La Tercera.
Agregó que «también hay responsabilidad de ellos por no hacer su trabajo de supervisión con la debida diligencia y cuidado».
«Lo anterior es precisamente lo que discutiremos la próxima semana al interior de la la Comisión investigadora. Quienes ejercen el mando como Generales en esas reparticiones también son responsables, al menos por omisión. Se conformaron con controles básicos y no hicieron adecuadamente su trabajo», complementó.
En cuanto al monto que «la cifra de fraude de 5.500 millones y que estos hechos ilícitos se venían produciendo a lo menos del año 2009, revela la falta de un sistema de control integrado y efectivo en el Ejército».
Por otro lado, agregó que «resulta lamentable que haya casos en que no hay sanción administrativa por prescripción. A diferencia de los civiles que el plazo es de 4 años, en las fuerzas armadas es de dos. Ese tema debe ser modificado a la brevedad. Solicito al gobierno urgencia a un proyecto que ya aprobamos en la Cámara de Diputados para homologar el plazo en 4 años». (La Tercera)
