La formalización contra el ex senador de la UDI, Jovino Novoa, imputado por delitos tributarios asociados al eventual financiamiento irregular de campañas. Previamente se efectuó un procedimiento similar contra Alberto Cardemil, quien es investigado por delitos similares. En su caso, el tribunal determinó las medidas cautelares de firma quincenal y arraigo nacional.

En el caso de Jovino Novoa su defensa criticó la falta de «rigurosidad» del SII al momento de presentar su acción judicial contra el histórico dirigente, dando a entender que no hubo una investigación acabada respecto de los datos que lo involucran y que no existen antecedentes concretos para acreditar que Novoa recaudaba dinero para campañas.

A su turno, el Ministerio Público, representado por Emiliano Arias aseguró en su exposición que «la imputación del Ministerio Público se basa en que el imputado Novoa solicitaba dinero para el financiamiento de campañas políticas, en ninguna parte se señala que se hayan destinado a campañas políticas», dijo Arias.

El persecutor agregó que  «Hasta este punto lo que tenemos en la investigación son que esta persona recolectaba dinero de forma ilegal y que los pudo haber gastado en lo que él quisiera», afirmó.

Al respecto Arias citó lo que en enero declararon los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, quienes en sus testimonios judiciales confirmaron que entregaban dinero a Novoa para que él lo repartiera como estimara conveniente entre candidatos de la UDI.

Pero el abogado de Novoa estimó que esa declaración «tiene una veracidad bastante acotada» desestimando también el testimonio del ex gerente de Penta, Hugo Bravo.

Luego de esta exposicion, vino la réplica del abogado Francisco Cox, quien calificó las imputaciones contra Novoa como parte de una persecución «contra un opositor político».

«Yo jamás votaría por don Jovino Novoa, no comparto sus ideas políticas, pero me parece que el trato igualitario tiene que ser trato igualitario. El trato ante la ley debe ser igual», afirmó Cox.

El juez Juan Carlos Valdés, determinó que a las 16:00 horas comunicará su decisión respecto de las medidas cautelares. La fiscalía pidió el arresto domiciliario total y arraigo nacional, lo que fue concedido por el juez del Octavo Juzgado de Garantía, Juan Carlos Valdés, quien acreditó los delitos atribuidos contra el ex ex senador gremialista.