El cartel integrado por CMPC Tissue y SCA (ex PISA) durante 2000 y, al menos, fines de 2011, se transformó en uno de los más relevantes que ha sido descubierto en la historia de la libre competencia de Chile.
Así lo afirmó el fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, quien manifestó que «me atrevería a catalogarlo como uno de los más importantes que ha logrado desbaratar esta Fiscalía». Lo anterior, debido al impacto generado en el mercado donde operaba -de alto consumo en los hogares- y por su larga duración.
Irarrázabal destacó la sofisticación que han ido desarrollando las empresas que se coluden para alcanzar sus acuerdos. En este sentido, señaló que se trata de «carteles 2.0 o 3.0, por la confidencialidad y secretismo» en el que han incurrido, consigna «El Mercurio».
Añadió que «en ese sentido adquiere extremada importancia la delación compensada para desactivar los carteles y porque le permite a uno, como autoridad, entender los hechos de forma más nítida, porque son confesiones de los actores que participaron en el cartel».
El fiscal también se refirió a la relevancia de haber iniciado la indagación a fines de 2014, a la que posteriormente se añadieron las delaciones compensadas. Comentó que la investigación de oficio impulsada por la FNE «probablemente empujó a CMPC a optar a una delación compensada».
Respecto de SCA, recordó que la autodenuncia ocurrió después de un allanamiento que efectuaron en coordinación con la PDI. Afirmó que ya contaban con antecedentes para solicitar diligencias.
Irarrázabal indicó que en el extranjero, donde existe una mayor cultura relacionada con la delación compensada, se dan casos en que son las propias compañías las que se acercan de forma voluntaria a autodenunciarse, antes de que el fiscalizador actúe por oficio. De todos modos, sostuvo que las autoridades siempre deben ser proactivas y abrir investigaciones, porque a través de esas acciones se puede llegar a obtener información relevante.
La autoridad destacó que en Estados Unidos y Europa existen casos de éxito de organismos de libre competencia que se sustentan en la delación compensada, siendo este mecanismo el que ha dado origen a grandes sanciones. Esta fórmula se comenzó a implementar en Chile en 2009.
Con relación a las ganancias que podrían haber obtenido las compañías en los más de 10 años en que mantuvieron el cartel, Irarrázabal afirmó que «ese es un tema que estamos precisando, pero en todo caso podemos decir que fue en ambos casos superior al tope máximo de sanción que establece la normativa de libre competencia normativa; esto es, 30 mil UTA (US$ 23,3 millones) por cada uno de ellos. Estamos hablando de un beneficio importante».
Recalcó que «no nos queremos aventurar con cifras». De todos modos, la FNE ya encargó informes económicos para tener mayor claridad al respecto.
Con relación a los plazos de duración del proceso en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, Irarrázabal descartó proyectar fechas. Pese a ello, indicó que los tiempos podrían ser más breves porque hay delaciones compensadas de por medio, con reconocimiento de los hechos por parte de las empresas. El TDLC debe ratificar o no las penas solicitadas por la Fiscalía.
Si otros organismos se sienten afectados por el cartel, deberían esperar la sentencia del TDLC para iniciar procesos de indemnización.
PRESIDENTA BACHELET
La Presidenta Michelle Bachelet, calificó de grave el accionar de las empresas CMPC Tissue y SCA Chile, acusadas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de colusión durante 10 añoss «Me parece un hecho de la máxima gravedad», dijo la Mandataria, quien recordó episodios anteriores como la colusión de las farmacias y de las empresas faenadoras de pollos.
MINISTRO BURGOS
Luego de que la Fiscalía Nacional Económica denunciara que las empresas CMPC Tissue y SCA Chile habrían sostenido durante más de 10 años un cartel de reparto de mercado y fijación de precios en el negocio de productos de papel tissue, el ministro del Interior calificó de “reprochable” los hechos y afirmó que “lo importante es que funcione la institucionalidad”.
“De comprobarse los hechos obviamente que son reprochables de comienzo a fin y da cuenta de la necesidad que en todos los sectores de la sociedad evitemos cualquier tipo de acción de esta naturaleza, de colusión, de mezcla de dinero con la política etc”, dijo el titular del Interior.
“Lo importante es que no haya impunidad respecto a estos hechos y que funcione la institucionalidad”, añadió.
En esta línea, Burgos indicó que “yo no soy tribunal, yo no puedo dictar sentencias exculpatorias ni condenatorias. A mí me parece importante, más allá de quienes sean los dueños principales de una determinada empresa, es que la institucionalidad funcione y que pueda hacerse una investigación como lo ha hecho la Fiscalía Nacional Económica y pueda recurrir a la instancia jurisdiccional que corresponde para pedir las sanciones pecuniarias que corresponde”.
MINISTRO CÉSPEDES
Como una situación «indignante e inaceptable» calificó el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, la colusión entre la CMPC y ex Pisa.
En conversación con La Tercera, el secretario de Estado señaló que lo ocurrido tiene que ser «condenado enérgicamente por todos los actores» ya que es algo que afecta de manera a los más vulnerables por tratarse de un producto de primera necesidad.
Céspedes indicó que si bien las instituciones tiene que funcionar, «también creemos que es muy importante avanzar en el proyecto de ley que tenemos en el Congreso que ya fue aprobado por la comisión de Economía de la Cámara de Diputados, donde se establecen sanciones adicionales».
En marzo de este año el Ejecutivo presentó un proyecto que propone un tipo penal especial para casos de colusión. En este se busca aprobar las penas de reclusión desde cinco años y un día a 10 años. Además que las multas máximas puedan llegar al 30% de las ventas correspondientes al período durante el que la infracción se haya prolongado, y si no se puede determinar la suma, el doble del beneficio económico obtenido. Así como también la instauración de sanciones para quienes entorpezcan las investigaciones de la FNE.
Según indicó el ministro «nos parece que esos límites juegan un efecto disuasivo y también de reparación del daño que se genera en este tipo de situaciones».
«Creemos que tenemos que avanzar en estas sanciones para los ejecutivos, para aquellas personas que se han visto involucradas en los casos. Por eso nos parece que la pena de cárcel tiene que ser un parte instrumental disponible para sancionar este tipo de acciones, así como también inhabilidades para ejercer cargos públicos. Nos parece que tenemos que avanzar en esas dimensiones», dijo.
Si bien aún no está claro si el gobierno dará algún tipo de urgencia al proyecto, el secretario de Estado dijo que «nuestro objetivo es avanzar rápidamente en este proyecto».
En cuanto a la tramitación del proyecto, el ministro aseguró que éste ha generado un cierto grado de debate. «Cuando presentamos el proyecto muchos nos dijeron que las penas eran muy altas o las sanciones de pena de cárcel no eran buenas».
