El Ministerio Público y Policía de Investigaciones (PDI) realizó esta jornada diversas diligencias en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago y el penal Santiago I luego de que se revelara la liberación del sicario Osmar Ferrer.
El sujeto había quedado en prisión preventiva por el asesinato por encargo de José Reyes Ossa, alias «Rey de Meiggs». Sin embargo, ese mismo día dicha medida cautelar quedó sin efecto tras una presunta resolución del tribunal remitida a Gendarmería de Chile.
El fiscal Marcos Pastén de la Fiscalía Metropolitana Occidente que lidera la indagatoria, afirmó que esta tarde «realizamos una serie de diligencias consistente en declaraciones a las personas que aparecen involucradas en la cadena de comunicaciones que hubo entre el Poder Judicial y Gendarmería».
«Tomamos declaraciones en calidad de testigos a la señora magistrado (Irene Rodríguez) y a funcionarios del tribunal. Además, voluntariamente hicieron entrega de sus dispositivos celulares, los cuales levantamos para registrar información que pudiera ser útil. Incautamos computadores desde los cuales hicieron las comunicaciones y otra serie de antecedentes», mencionó el persecutor.
Consultado sobre una posible extorsión de la jueza, apuntó que «nosotros no descartamos ninguna hipótesis con los antecedentes que tenemos hoy día. Antecedentes de esa naturaleza todavía no han aparecido en esta primera indagación. Esta es una indagación que está recién comenzando».
Pese a que desde Gendarmería afirmaron esta mañana que sus sistemas informáticos no fueron vulnerados, el fiscal Pastén afirmó que «el hackeo no lo puedo descartar porque eso requiere informes periciales. No se descarta ninguna hipótesis, no se descarta que sea un error, tampoco se descarta que haya sido por alguna automatización».
Además, subrayó que «la única resolución que se dictó es una resolución que decretó la prisión preventiva del imputado. Las otras comunicaciones que hay entre Gendarmería y el Poder Judicial es lo que estamos precisamente investigando. Pero técnicamente hablando, esta persona nunca debió haber estado puesta en libertad porque la única resolución vigente es la resolución que decretó la prisión preventiva».
«Tengo que determinar si es responsabilidad del Poder Judicial, si es responsabilidad de Gendarmería o que bien corresponda», cerró el persecutor.
En tanto, el prefecto Mauricio Jorquera, jefe de la Prefectura Contra el Crimen Organizado Centro de la PDI, mencionó que «personal de la Policía de Investigaciones de Chile, específicamente de la Brigada Anticorrupción, apoyados por la Brigada del Sistema de Crimen y el Laboratorio de Criminalística Central, se apersonaron en el tribunal con el fin de tomar declaración tanto a funcionarios del tribunal y a la magistrada».
También «se hicieron diligencias paralelas de investigación en Santiago I, donde también tomaron declaraciones policiales bajo la dirección de la Fiscalía y también se incautaron teléfonos. Todo se desarrolló en completa normalidad y los aparatos fueron entregados de forma voluntaria«.
Según detalló el prefecto Jorquera, en el tribunal entregaron testimonio tres personas en calidad de testigos y un total de cinco de Gendarmería. Además, agregó que «PDI hizo el requerimiento del imputado que se fue a libertad a nivel nacional como también a nivel internacional por Interpol. Así que existe una notificación roja para la ubicación y captura de este sujeto».
PODER JUDICIAL SE NIEGA A ENTREGA VOLUNTARIA DE COMPUTADORES
Diversas diligencias desarrolló la jornada de este martes el fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, en relación a la investigación que busca esclarecer las circunstancias en que fue dejado en libertad el sicario Osmar Ferrer Ramírez.
Durante la mañana, el persecutor concurrió hasta el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, donde requirió la entrega voluntaria de documentación física y dispositivos electrónicos, como celulares y computadores, lo que se materializó.
Junto con ello, el fiscal y los equipos de la Policía de Investigaciones (PDI), tomaron declaración a tres personas en calidad de testigos: la jueza Irene Rodríguez y a otros dos funcionarios del tribunal.
Pero una de las diligencias no pudo concretarse. Y es que a pesar de las peticiones realizadas por los equipos que participan de las pesquisas, la Corporación Administrativa del Poder Judicial se negó a entregar de manera voluntaria una copia de los servidores, lo que era considerado clave para conocer las comunicaciones que se produjeron entre el tribunal y Gendarmería.
Por lo mismo, ahora los investigadores, según pudo conocer este medio, deberán tramitar una orden judicial ante el Séptimo Juzgado de Garantía para lograr la acción. (Emol)
