El fiscal regional Mario Carrera ingresó una extensa querella de capítulos de 71 páginas en la Corte de Apelaciones de Santiago contra el exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra. Esta acción del Ministerio Público busca activar el desafuero (medida cautelar) del exfuncionario, pese a que ya no forma parte de la institución, argumentando que los presuntos delitos fueron cometidos en el ejercicio de sus funciones como fiscal.
La base de la querella son los chats obtenidos del celular de Guerra y del abogado Luis Hermosilla, principal imputado en el Caso Audio. A partir de estos antecedentes, Carrera llegó a la convicción de que Guerra cometió una «serie de actos irregulares» e «infracción de diversos deberes» que derivaron en los delitos de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa.
Según la Fiscalía, el objetivo de estos actos fue «favorecer indebidamente los intereses del imputado Hermosilla y su red de contactos». A cambio de estos favores, Guerra «solicitó reiteradamente beneficios indebidos, tanto para sí mismo como para terceros», al menos desde el año 2015.
Los «favores» de Guerra a Hermosilla consistían en la «entrega de información reservada y secreta, anticipación de información reservada y secreta, así como otras decisiones y acciones manifiestamente injustas» en el contexto de persecución penal. Específicamente, el fiscal Carrera acusa que el peak de estas infracciones ocurrió en 2017, cuando Guerra «ejecutó maniobras engañosas en el contexto del Caso Penta para obtener la exclusión de los querellantes, eliminar las imputaciones por delitos de corrupción y poder conceder a los imputados penas considerablemente inferiores».
A cambio de la ayuda, la querella detalla una red de favores mutuos donde Guerra solicitó a Hermosilla beneficios indebidos desde 2018. Estos beneficios incluyen:
Oportunidades de trabajo para sí mismo (en el Consejo de Defensa del Estado – CDE o la comunidad de techo de Hermosilla y Andrés Chadwick) y para terceros (finalmente, Guerra consiguió empleo en la Universidad San Sebastián antes de renunciar a la Fiscalía).
Ayuda judicial para el fiscal Tufit Bufadel, investigado por delitos sexuales, solicitando a Hermosilla conseguir su sobreseimiento.
Influencia para designar a una amiga como notaria de una notaría en Santiago.
La querella enumera ocho causas penales en las que Guerra, «utilizando su posición como autoridad regional», habría actuado a gusto de Hermosilla, anteponiendo intereses particulares al interés público. Entre las causas se mencionan:
Caso Penta: Guerra gestionó una salida alternativa (suspensión condicional) para el senador Iván Moreira y logró la reducción de cargos para Carlos Alberto Délano, Pablo Wagner y Carlos Eugenio Lavín.
Santiago Valdés (Bancard): Entregó información secreta y realizó gestiones en la investigación contra el exadministrador electoral de la campaña de Sebastián Piñera.
Caso Exalmar: Guerra, quien asignó personalmente la indagatoria al expresidente Piñera, reveló información reservada a Hermosilla, quien no era interviniente.
Senador Manuel José Ossandón: Guerra lo mantuvo al tanto de los avances e incluso le preguntó a Hermosilla sobre los intereses del Gobierno respecto al caso.
Exdirector PDI Héctor Espinosa: Guerra entregó «consejería técnica» a la defensa del imputado, que en ese momento era Hermosilla.
Caso Vitacura (Raúl Torrealba): Estando ya fuera de la Fiscalía, Guerra obtuvo y transmitió información reservada muy detallada del caso a Hermosilla.
Caso Huracán (Arista) y Fiscalía de Las Condes: Entregó información reservada en la primera y en la segunda, Hermosilla le pidió directamente que «vea el caso». (NP-Gemini-La Tercera)
