Exactamente 14 días demoró la Unidad Especializada en Anticorrupción, de la Fiscalía Nacional, en decidir el futuro de la denuncia presentada por parlamentarios RN, en que se solicita investigar el paso del hijo de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, por la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) y las labores que ejecutó paralelamente para Caval.
La Fiscalía Nacional decidió que esta indagación quedará en manos del fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo, el mismo que investiga la compra y venta de tres terrenos en Machalí por parte de Caval, la firma que pertenece en un 50 % a Natalia Compagnon, esposa de Dávalos.
Toledo indicó ayer que esta nueva arista es sobre “los trabajos efectuados por el señor Sebastián Dávalos en sus labores en Direcon y también ejecutaba labores en Caval. Eso es lo que me llegó por parte del fiscal nacional”. Estos antecedentes fueron revelados por el propio ex director Sociocultural de La Moneda en su declaración ante la fiscalía el 13 de abril, donde señaló que el primer semestre de 2012 realizó labores paralelas para la Direcon y para Caval. Esta arista buscará aclarar si sus actividades privadas entraron en conflicto con su calidad de funcionario público.
El antecedente que más captó la atención fue la asesoría que Dávalos le prestó al empresario Gonzalo Vial Concha en una reunión con inversionistas asiáticos. Precisamente, Asia es una de las zonas comerciales en las que tiene injerencia la Direcon.
“A Gonzalo Vial lo vi una vez en el Hotel Hyatt en Santiago, por una reunión de una empresa india o de Singapur que quería realizar proyectos mineros en Chile y Vial tenía pertenencias mineras. A mí me invitaron como traductor”, declaró Dávalos en abril.
“Dentro del primer semestre de 2012 trabajé para la Direcon y también para Caval, concretamente en la creación de una fundación de hipoterapia y un museo para Gonzalo Vial Concha”, agregó ante el fiscal. Por estas labores, Dávalos admitió que Caval recibió pagos del empresario.
Si bien el persecutor no quiso adelantar si citará a declarar nuevamente a Dávalos, sí señaló que “se van a realizar todas las diligencias de rigor. Usted saque sus propias conclusiones”.
Toledo, desde el lunes, ya empezó a delinear como abordará esta investigación. Trascendió que, entre las diligencias que tiene planificadas, se encuentra pedirle al Ministerio de Relaciones Exteriores (organismo del cual depende la Direcon) copia de los contratos de Dávalos.
Otra de las pesquisas que tiene planeado realizar el fiscal de O’Higgins es citar a declarar a los jefes que tuvo el hijo de la mandataria en la Direcon.
El objetivo de estas diligencias es establecer cuál era la labor de Dávalos en dicha repartición, y así establecer qué actividades ajenas pudieron entrar en conflicto con esta función.
Fue tras conocer estos antecedentes que el abogado Eduardo Riquelme había pedido a Toledo indagar esta arista. No obstante, el persecutor se negó argumentando que no se relacionaba con el negocio de Machalí. Tras recibir esta respuesta, Riquelme, junto a los diputados de RN Diego Paulsen y Marcela Sabat, presentaron el 20 de mayo esta acción legal ante el Ministerio Público.
Paulsen indicó ayer que “creemos que es una arista que hay que investigar. No podemos dejar pasar que funcionarios públicos, aunque sea el mismísimo hijo de la Presidenta, puedan haber recibido algún tipo de pago siendo funcionario público”.
Con esto, ya son tres las causas que han surgido del caso Caval que han llegado a Toledo en la última semana. Además de la relacionada con la Direcon, está la denuncia que presentó el diputado del PC Daniel Núñez, para investigar un posible cohecho para cambiar el plan regulador de Machalí. La tercera es la querella presentada por Patricio Cordero, que acusa la incorporación de boletas ideológicamente falsas a Caval.
Ayer, en tanto, se dictó el sobreseimiento de la causa de la estafa que la empresa Silca interpuso contra Caval. En esto, fue clave el acuerdo en que llegaron ambas partes.
