El Ministerio Público ingresó ante la Corte de Apelaciones de Santiago una ampliación a la querella de capítulos previamente presentada contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. En el nuevo requerimiento, la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, detalla antecedentes que se sumaron a la indagatoria del denominado caso Bioelorrusa, buscando que el tribunal de alzada autorice solicitar medidas cautelares contra la removida magistrada.
Los nuevos antecedentes se basan en el informe de la Comisión de Ética del máximo tribunal e incluyen el presunto pago de US$ 15.600 a favor de la exjueza. Este pago fue revelado durante la formalización de su pareja, Gonzalo Migueles, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, pero no se había incluido en la querella original.
Según la Fiscalía, el 4 de julio de 2023, tras emitir un voto favorable al Consorcio Belaz Movitec (CBM) —representado por Lagos y Vargas— y en contra de Codelco, la entonces ministra Vivanco habría concurrido a la oficina de los abogados para recibir el pago. Esta acusación se sustenta en informes de georreferenciación de Carabineros. Vivanco ha negado rotundamente haber visitado la oficina, explicando que la georreferenciación la ubica en el perímetro debido a su asistencia regular a una peluquería cercana.
No obstante, la fiscal Wittwer plantea en la ampliación que, con posterioridad, el 5 de julio de 2023, la exministra Vivanco «concurrió con su voto a rechazar la nulidad procesal solicitada por Codelco», incurriendo en infracción a sus deberes del cargo al no inhabilitarse en un recurso que patrocinaban sus amigos y supuestos beneficiarios.
La acción penal también detalla el presunto movimiento del dinero: Migueles habría recibido de Vivanco los US$15.600 al día siguiente (5 de julio) «a sabiendas de su origen ilícito» como retribución por la intervención de la exministra. Ese mismo día, Migueles habría procedido a la venta del dinero en efectivo en una sucursal bancaria, transformándolo a moneda nacional por un total de $12.331.020, con ánimo de lucro.
La tramitación de esta querella de capítulos es un paso fundamental, dado que jueces y fiscales poseen una protección especial —similar al fuero parlamentario— que los protege de las acciones judiciales por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones. A pesar de que Vivanco ya no ejerce, los hechos imputados por el Ministerio Público ocurrieron mientras era ministra de la Corte Suprema. (NP-Gemini-La Tercera)
