La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió esta tarde la solicitud de la Fiscalía y ordenó el desafuero de la diputada Catalina Pérez (ex FA). De esta manera, la parlamentaria podrá ser formalizada por el Ministerio Público en el marco del caso Democracia Viva, por el delito de fraude al fisco.
La audiencia se desarrolló desde las 09.00 horas de este lunes y se extendió hasta las 13.30 horas. Luego de la deliberación, el tribunal dio a conocer la decisión de desafuero, la que fue tomada de manera unánime.
«Teniendo en consideración el estándar que rige la procedencia de la solicitud de desafuero, que exige un estudio de probabilidad eventual de éxito de la persecución penal, y de evitar imputaciones arbitrarias e injustas que puedan provocar desequilibrio en el sistema democrático, y existiendo elementos objetivos y precisos que dan cuenta de los hechos delictivos atribuidos por el Ministerio Público, como asimismo, la participación de la Diputada de la República, señora Catalina Pérez Salinas, se ha acordado, de forma unánime con este tribunal, acceder a la solicitud de desafuero interpuesta por el Ministerio Público», detalló el juez.
Añadió que «conforme lo dispone el artículo 416, inciso II del Código Procesal Penal, se declara que se hace lugar a la formación de causa en contra de la diputada por los delitos reiterados de fraude al fisco, debiendo seguir el procedimiento penal respectivo, conforme a las reglas generales, respecto de la honorable Diputada de la República, Catalina Pérez Salinas».
En tanto, la audiencia de lectura a sentencia quedó fijada para el jueves 20 de febrero, en dependencias de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, a las 09.00 horas. La parlamentaria podrá apelar a la resolución ante la Corte Suprema. En tanto, ahora desaforada, la diputada no podrá votar ni emitir opiniones en el hemiciclo de la Cámara.
ACUSACIÓN DE FISCALÍA
En Corte de Apelaciones de Antofagasta de desarrolló este lunes la audiencia de solicitud de desafuero del Ministerio Público en contra de la diputada Catalina Pérez (ex FA), con el objetivo de formalizarla en el marco del caso Democracia Viva, por el delito de fraude al fisco. Será a eso de las 15.00 horas cuando el tribunal de alzada revele su decisión.
Durante la audiencia, que comenzó a las 9.00 horas, la defensa de Pérez enfatizó que la parlamentaria colaboró con la indagatoria, y autorizó la revisión de su celular.
«Por lo tanto, aquí se reafirma que cualquier tipo de involucramiento que se pueda desprender de esta prueba, solamente ha sido político y mediático. La defensa de la diputada Pérez sostiene que la solicitud de desafuero se basa en especulaciones, en rumores, y no existen pruebas suficientes», señaló la defensa.
En tanto, el fiscal jefe de la Fiscalía de Antofagasta, Cristian Aguilar, detalló la suscripción de tres convenios de la Fundación Democracia Viva -de Daniel Andrade, ex pareja de la diputada-, con el Serviu, facilitados por el ex seremi Carlos Contreras y el rol de Pérez en las tratativas. «(…) Entonces ya desde esa época partimos mal y estamos viendo cómo se va artificialmente creándose una maquinación para favorecerse contratos fiscales para fines políticos, fines políticos, porque eso es lo que el mismo Daniel Andrade reconoce también en conversaciones por WhatsApp», sostuvo el fiscal.
El abogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE), como parte querellante, enfatizó que «a fines de junio de 2022, Daniel Andrade ya estaba en conversaciones, con la asistencia de la diputada Catalina Pérez, de que había dinero fiscal respecto del cual podía ser favorecida la fundación que él representaba».
«El punto es que la invitación oficial se le cursa a Democracia Viva, por instrucción de Carlos Contreras el 14 de julio de 2022. Es decir, 15 días antes Daniel Andrade tenía antecedentes de que iba a ser invitado para participar como institución en la ejecución de tratos fiscales, ¿cómo lo consiguió? Por Carlos Contreras con la asistencia de la diputada Pérez», acotó.
La parte querellante también enfatizó en que si bien Contreras y Andrade tenían conversaciones en torno a los convenios, posteriormente «en los celulares de Andrade y Contreras no existen conversaciones entre ellos.
Resulta que Daniel Andrade le envió pantallazos a Paulina Cabrera y a Catalina Guzmán de conversaciones que tenía con Contreras de los convenios. ¿Qué significa esto? Para ocultar la información o las conversaciones que tenían, ambos eliminaban los chats (…) lo mismo pasa con la diputada Pérez».
Asimismo, en la audiencia se detalló que Daniel Andrade «le contaba todo lo que hacía (a Pérez) y le pedía su consejo y su ayuda para todas las actividades que desplegaba, en su vida normal como en el desempeño de actividades laborales. Le pedía asistencia, consejo de cómo lo tenía que hacer para postular (…) incluso le pedía que le corrigiera los borradores de las conversaciones por WhatsApp respecto a lo que él enviaba».
La parte querellante también expuso que la diputada Pérez «estaba al tanto que Andrade tramitaba un contrato falso de arrendamiento del inmueble (…) en Ñuñoa», en referencia a la presunta oficina donde funcionaba Democracia Viva.
Además, señaló que Contreras y Andrade se pusieron de acuerdo para «blindar» a la parlamentaria por cualquier responsabilidad en torno a los convenios, «y por eso hay conversaciones donde se dice que ‘se cambia de estrategia, Catalina Pérez nos va a echar la culpa y nosotros tenemos que asumir la responsabilidad'».
En otro punto, el querellante sostuvo que tanto Pérez como Andrade eliminaron de sus celulares todo contacto que mantuvieron con el imputado Contreras.
DEFENSA DE PÉREZ: «NO CUMPLE ESTÁNDARES JURÍDICOS»
