El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó su análisis sobre el impacto fiscal del FES, el mecanismo que ha propuesto el gobierno para financiar la educación superior y reemplazar al Crédito con Aval del Estado (CAE). El informe es sencillamente demoledor: ratifica las críticas que el mismo consejo anticipó tiempo atrás y aporta nuevos argumentos para sumarse al cuestionamiento de la Contraloría por el modo como la Dipres pretende registrar los ingresos y gastos que se realicen en virtud del nuevo instrumento.
El CFA, de esta forma, reafirma la idea de que el FES es más un impuesto que un préstamo -aunque no lo explicita- y desestima la posibilidad de que los desembolsos asociados a este sean considerados como un activo, elemento clave para su viabilidad fiscal. El que los beneficiarios de estos pagos no queden comprometidos a la restitución de una suma cierta y conocida -con la consecuencia de poder terminar devolviendo varias veces el costo de su carrera-, obliga a concebirlos como gasto, que deberá contabilizarse como tal y que contribuirá a un déficit fiscal que ya no resiste nuevas presiones, menos de la envergadura implicada.
En definitiva, sostiene el CFA, el FES propiamente tal es un mecanismo deficitario, pues de acuerdo a su Informe Financiero, los desembolsos que se estiman para financiar a sus beneficiarios son siempre menores que las contribuciones que se espera recaudar de los mismos. Ello, aun sin incorporar la posibilidad cierta de que estudiantes con buenas perspectivas futuras recurran a alternativas menos costosas para financiar sus estudios, privando al sistema de los ingresos que requiere para sostenerse.
En cambio, lo que hace que el informe financiero arroje en la última línea un saldo positivo -un ahorro para el Fisco- no es el FES en sí, sino el menor gasto debido a otras modificaciones independientes a este que contempla el proyecto de ley: la eliminación de becas de arancel, la postergación de la extensión de la gratuidad y el término del CAE, que se supone mantendrá la misma morosidad actual. Morosidad que, paradojalmente, no se habría disparado si es que el propio gobierno no hubiera prometido una condonación que actuó igual que un llamado al no pago y, en su lugar, se hubiera ocupado reprogramando las deudas e incluso ejerciendo su atribución de cobrar directamente al 55% de deudores cuya garantía se ejecutó y de quienes el Fisco pasó a ser acreedor.
El informe del CFA, así como el pronunciamiento de la Contraloría y análisis como el de la Universidad Católica, indican que el FES requiere de una reformulación total y no solo de cambios cosméticos o parciales, como pretende el gobierno. Avanzar en esa dirección será la única forma para subsanar simultáneamente las amenazas que este sistema introduce en cada una de las dimensiones que afecta: los estudiantes, las universidades y las finanzas públicas. (La Tercera)
María Paz Arzola
