El traumático proceso que concluyó con la decisión del Gobierno de retirar la postulación de la ministra Dobra Lusic a la Corte Suprema de Justicia puso de manifiesto una vez más la urgente necesidad de modificar el sistema de nombramientos en el Poder Judicial.
Con ocasión de este episodio se ha develado el poder impropio que detentan jueces en materia de nombramientos de otros jueces, notarios y conservadores, fiscales del Ministerio Público y ministros del Tribunal Constitucional. Por lo mismo, resulta incomprensible que algunos ministros del más alto Tribunal aún no acepten la dura e indeseada realidad.
Si para ser incluido en una terna, los méritos y competencias profesionales, junto al correcto desempeño del cargo, no son suficientes y resulta más relevante, o al menos necesario, incluir llamados o visitas a quienes deciden, o hablar con los amigos de ellos, es que algo no funciona bien en el sistema. De ahí a usar ese diseño para favorecer o perjudicar a candidatos a partir de simpatías, favores similares o dinero, entre otros, hay solo un paso. No es el juez o la jueza quien debe resolver si se somete a ese oscuro diseño o desiste de la prometida expectativa de ascenso o al menos cambio de funciones. Debe ser el sistema institucional el que lo proteja para que pueda desarrollar su función libre de presiones. Debe ser el sistema el que controle eficientemente la ausencia de espacios abiertos a conductas reñidas con la probidad y la ética.
No se trata de aspirar a “super jueces y juezas” nadando contra la corriente de oscuras aguas. Es por esto que llamamos a nuestras más altas autoridades judiciales y legislativas a impulsar una efectiva solución al problema. Las primeras, comprometiéndose a dejar el camino libre para que las segundas asuman la tarea, tanto tiempo postergada, de repensar la estructura moderna y democrática del Poder Judicial. (El Mercurio Cartas)
Soledad Piñeiro
Presidenta Asociación Nacional de Magistrados
