Esta semana, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, anunció que el Gobierno enviará indicaciones a la Ley de Inteligencia que se discute en el Congreso, y que a partir de la próxima semana se debería discutir en la comisión mixta de la Cámara de Diputados.
El anuncio del secretario de Estado se dio en el contexto de los casos de tráfico de drogas al interior de las Fuerzas Armadas, en concreto, en el Ejército y en la Fuerza Aérea.
Por eso, junto con anunciar una serie de medidas relativas al control de instituciones, incluyendo rotación de personal, también se buscará robustecer aspectos de inteligencia en el Estado vía legislativa.
A fines de junio, el Senado aprobó una serie de enmiendas introducidas en el proyecto, pero debido a que hubo divergencia y se rechazaron varios artículos, el texto fue despachado a comisión mixta. Se trata de una iniciativa que fue ingresada en 2018 al Congreso -durante el gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera-, y que ha tenido una serie de tramitaciones con el ingreso y retiro de indicaciones, además de la aplicación y retiro de la suma urgencia.
La discusión en estos últimos años ha estado marcada, además, por varios hechos de alta connotación pública que han tocado las altas esferas del Ejecutivo. Por ejemplo, en 2024, cuando estalló el caso Monsalve, los parlamentarios cuestionaron la figura del «zar de inteligencia» que empujaba el exsubsecretario del Interior, por considerar que se podría hacer un «mal uso» de las facultades que este cargo otorgaría a una sola persona.
Consultados por Emol, expertos detallan algunos elementos que deberían ser considerados en la tramitación, de manera que una vez que la normativa logre ser despachada, se logren abordar lo que para algunos siguen siendo «falencias» en la forma en la que hoy se desarrolla la inteligencia en el país.
MÁS ATRIBUCIONES Y CONTRAINTELIGENCIA
Pedro Valdivia, coronel (r) de Carabineros y experto en seguridad, plantea que una clave es que la inteligencia en Chile no deje de lado «el aspecto operativo; es decir, la búsqueda de información con recursos propios, lo que es fundamental en materia de manejo de información. Lo poco que se ha avanzado en ese aspecto no permite en este minuto hacer un trabajo de inteligencia acabado. Debe haber más trabajo de campo, de calle, con agentes», precisa.
Lo anterior, a juicio de Valdivia, es que el país aún conserva «un trauma» que no se ha solucionado y que «termina por desfavorecer al propio Estado, porque un Estado que no puede generar información que pueda permitirle diseñar escenarios futuros, es un país absolutamente debilitado».
El ex director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Gonzalo Yuseff, por su parte, cree que «los esfuerzos debieran ser prácticos, como reforzar los servicios existentes, con más recursos y más personal, y no modificar leyes«.
Esto, porque la legislación vigente «ya contempla un marco que permite a las instituciones avanzar en pasos concretos». Uno de esos pasos, dice, apunta a «reforzar las áreas de contrainteligencia», pero explica que este elemento ya existe en la actual normativa, y de ella se infiere que «se debe proteger a las instituciones de este tipo de situaciones (como el narcotráfico)«.
Consultado por su parecer en torno a la figura del «zar de inteligencia», Yuseff dice estar en desacuerdo, puesto que este tipo de figuras sólo sumarán «burocracia».
Otras fuentes conocedoras de las labores de inteligencia institucional, coinciden en que se deben fortalecer las atribuciones que tienen las divisiones de inteligencia para que puedan acceder más información y para que las instituciones puedan detectar oportunamente casos como los que hoy se han visto en el Ejército y la FACh.
Esto, afirman, especialmente a raíz de este «cambio de paradigma» que supone el avance del crimen organizado en el país. Eso sí, el nivel de atribuciones que se otorgue a las divisiones de inteligencia, debe ir en correspondencia con las amenazas que existan en el entorno. Al entregar más atribuciones, también se deben contemplar los correspondientes controles democráticos, para evitar que una mayor recopilación de información atente contra la libertad. (Emol)
