El exteniente Pedro Barrientos, hallado culpable en Estados Unidos por su rol en el asesinato de Víctor Jara en 1973, llegó esta tarde al país tras ser extraditado por haber utilizado datos falsos para solicitar su residencia en el país norteamericano.
Tras su arribo al Aeropuerto Pudahuel, Barrientos fue trasladado por la Policía de Investigaciones (PDI) hasta el Batallón de la policía militar de Peñalolén, donde quedará detenido en calidad de procesado y permanecerá en prisión preventiva.
Según constató el ministro encargado del caso, Guillermo de la Barra, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos entregó a Barrientos a la PDI, que procedió a su arresto.
Barrientos, que fue uno de los oficiales que organizaron la multitudinaria represión a civiles en el Estadio Nacional en los días posteriores al golpe de Estado del Ejército contra el Gobierno democrático del socialista Salvador Allende en 1973, fue arrestado el pasado 5 de octubre en Florida (EE.UU.) por miembros de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés).
Según se informó entonces, el arresto del oficial, cuyo nombre completo es Pedro Paulo Barrientos Núñez, se produjo en la ciudad de Deltona en relación con «su participación en torturas y ejecuciones extrajudiciales tras el golpe militar de 1973» en Chile y con base en un dictamen emitido en 2016 por una corte estadounidense que lo hallaba «responsable» de la tortura y el asesinato extrajudicial en 1973 del cantautor.
Meses antes del arresto, el 14 de julio, un juez local lo había despojado de la ciudadanía estadounidense por «ocultar intencionalmente hechos materiales relacionados con su servicio militar en sus solicitudes de inmigración», lo que llevó a una investigación de HSI.
Según el expediente judicial, Barrientos adquirió de forma ilegal la ciudadanía porque carecía de buen carácter moral al cometer actos ilegales, dar falso testimonio y participar en ejecuciones extrajudiciales.
En 2016 un jurado de un tribunal federal en Orlando había responsabilizado al exmilitar de la «tortura y el asesinato» de Jara, tras una demanda presentada por la esposa del cantante, Joan, y sus dos hijas, Manuela Bunster y Amanda.
El jurado pidió en 2016 al exmilitar chileno el pago de una compensación millonaria por daños y perjuicios para la familia Jara. (Cooperativa)
