Eliminar la exención tributaria de 65% del IVA a la construcción de viviendas es una de las medidas que le propuso al ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, la comisión presidida por Rodrigo Vergara e integrada por economistas de distintos sectores.
Durante dos décadas planteamos la necesidad de terminar con este beneficio. En el momento de su implementación, hace 45 años, se dijo que el propósito era inducir la incorporación de las empresas constructoras al naciente sistema del IVA. Aunque ese objetivo se logró rápidamente, se mantuvo el “incentivo”.
No se atendieron las advertencias relacionadas con el alto impacto fiscal que tenía la medida, como tampoco el carácter regresivo de su aplicación. El argumento de sus apasionados defensores apuntó a que su eliminación provocaría el alza del precio de la vivienda. En un mercado y submercados tan imperfectos, la relación entre precio y exención depende del nivel de demanda y déficit por segmentos sociales y territorios.
De acuerdo con las estimaciones de la Dipres, en 2020, el efecto fiscal fue de 560 millones de dólares. Hay que considerar que esa cifra sería mayor si en la reforma de 2014 no se hubiera bajado el límite para acceder al beneficio a 2 mil UF valor de construcción (alrededor de 4 mil UF valor comercial). Antes de este cambio, el impacto fiscal era incluso superior, superando los recursos destinados a viviendas sociales.
Esta exención favoreció durante años la construcción de viviendas y barrios para sectores de altos ingresos y la rentabilidad de empresas constructoras. Mientras que las viviendas sociales eran de baja calidad y en los bordes de las ciudades, porque no se contaba con recursos.
La eliminación de este beneficio debería provocar una reflexión sobre el destino de los recursos públicos que se recuperan. La respuesta simple es incorporarlos a los ingresos generales de la nación y a los presupuestos regulares. Lo serio y responsable es asumir la deuda histórica con las familias que viven en viviendas sociales y barrios de baja calidad.
Por eso, proponemos constituir un fondo adicional para estos fines de, al menos, 600 millones de dólares anuales por 10 años, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de miles de familias. (El Mercurio Cartas)
Carlos Montes C.
Senador PS
