El exministro de Hacienda, Mario Marcel, abordó la controversia por la restricción de despidos a funcionarios a contrata incluida en el reajuste del sector público. Según el economista, el país enfrenta un problema histórico de inamovilidad no resuelto.
Marcel explicó que la búsqueda de estabilidad de los funcionarios se ha reflejado durante años en instructivos de diversos gobiernos. La diferencia actual radica en la propuesta de elevar estas normas a rango de ley para otorgar mayores garantías.
El otrora secretario de Estado señaló que el temor de los trabajadores ha aumentado ante los planes de la próxima administración de reducir el empleo público. Esto ha impulsado soluciones que, aunque no son óptimas, responden a dicha incertidumbre.
Para el expresidente del Banco Central, la estabilidad protege al público de un eventual «clientelismo político». Afirmó que, sin causas fundadas para el despido, los funcionarios podrían ser removidos arbitrariamente, afectando la continuidad de la labor estatal.
Marcel reconoció que el sistema de contrata fue diseñado para empleos temporales y específicos. No obstante, con el tiempo, el crecimiento del empleo público se canalizó por esta vía, generando los escenarios de tensión laboral que hoy se discuten.
Por su parte, la ministra Macarena Lobos rechazó el concepto de «ley de amarre» utilizado por la oposición. La autoridad de la Segpres argumentó que existe un mal encuadre comunicacional respecto al protocolo de acuerdo con la Mesa del Sector Público.
Lobos precisó que el punto 14 del protocolo no impide las desvinculaciones, sino que exige que sean justificadas mediante actos motivados. Esta exigencia ya es parte de la jurisprudencia administrativa de la Contraloría y de los tribunales de justicia.
La ministra detalló que los despidos deben fundarse en causales objetivas y notificarse con 30 días de anticipación. Estas reglas buscan dar transparencia a los procesos de salida de personal que no cumple funciones de confianza directa.
Respecto a los cargos de confianza en gabinetes de ministros, subsecretarios y gobernadores, el protocolo establece una regla clara. En estos casos, el personal debe cesar sus funciones el mismo día en que deja el cargo la jefatura respectiva.
La autoridad descartó que se esté complejizando la gestión del futuro gobierno. Aseguró que la norma solo cristaliza instructivos de Hacienda que se han repetido desde la primera administración de Bachelet y también durante los gobiernos de Piñera.
Finalmente, Lobos calificó las críticas de la oposición como un discurso más propio de una campaña que de un gobierno electo. Reiteró el compromiso del Ejecutivo por realizar un traspaso de mando transparente, eficiente y apegado a la realidad. (NP-Gemini-Emol)
