El caso de Juan Francisco Villalobos Prado, un ex prófugo por estafa, ha puesto de relieve las controversias asociadas a las 418 pensiones de gracia otorgadas tras el 18-O. Villalobos ha recibido más de $19,1 millones hasta septiembre, pese a que la Fiscalía decidió no perseverar en la causa donde figuraba como presunta víctima de tortura con abuso sexual por parte de Carabineros.
Villalobos Prado, beneficiario de una pensión de casi $700 mil mensuales otorgada por el Presidente Gabriel Boric, mantiene el beneficio a pesar de varios antecedentes:
Desistimiento de Causa: En enero de este año, la Fiscalía decidió no perseverar en la querella presentada por el INDH en su nombre, debido a que Villalobos no asistió a pericias del SML ni mostró interés en su causa, dejando su testimonio sin respaldo judicial ni investigación abierta.
Causa por Estafa: El beneficiario estuvo prófugo por una causa de estafa (robo de $900 mil de una cuenta Rut en 2019) entre junio y septiembre de 2022. Casualmente, el decreto que le otorgó la pensión de gracia fue emitido el 7 de septiembre de 2022, mientras estaba prófugo. La causa de estafa se cerró en enero de 2024 tras pagar una caución de $300 mil, cerca de la mitad de su pensión mensual.
Antecedentes Penales: Villalobos ya había sido condenado por hurto en 2008.
Los diputados de RN Andrés Longton y Diego Schalper han solicitado la revocación del beneficio, acusando una «pasividad preocupante» de la Fiscalía por no formalizar cargos en su contra.
El caso de Villalobos contrasta con los 28 beneficios que el Gobierno sí canceló. De ellos, Robinson Jaramillo Monje (58) y Francisco Gatica Catalán (34) se convirtieron este jueves en los dos primeros formalizados por fraude de subvenciones en esta arista:
Robinson Jaramillo Monje: Acusó haber sido baleado por militares en una zona sin personal del Ejército y tenía una condena por abuso sexual de una niña. Recibió $6,8 millones y quedó en prisión preventiva por peligro de fuga.
Francisco Gatica Catalán: Reconoció haber inventado el relato de un tiro de perdigón de Carabineros. Recibió $7,3 millones y quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.
El problema de los beneficiarios cuestionados se origina en el hecho de que ni el INDH, que presentó los casos, ni la comisión presidencial que los analizó revisaron sus antecedentes penales, argumentando que no era un requisito legal al momento de otorgar el beneficio. De las 418 pensiones totales del 18-O, 270 fueron otorgadas por el Presidente Boric y 148 por el expresidente Sebastián Piñera. (NP-Gemini-Ex Ante)
