Personeros importantes del gobierno manifestaron no tener preocupación por los efectos que podría tener el caso audio, confiando en el accionar de la justicia. El caso Hermosilla ha tenido un impacto significativo en la percepción de la justicia en Chile, afectando la credibilidad de varias instituciones y generando un clima de desconfianza en el sistema judicial. ¿Acaso no es para preocuparse? Se juega la institucionalidad y gobernabilidad de Chile. Ni más ni menos.
La justicia debe actuar. Debe indagarse qué canales se rompieron, qué líneas rojas se cruzaron y permitieron esta debacle.
Combatir este flagelo no es sólo competencia de la justicia. Debe partir por el ejemplo que debe dar el gobierno, la clase política y la sociedad con acciones y formas de comportamiento. Actitudes y medidas.
El Presidente manifestó que “no me afecta ni me hacen cambiar de opinión las críticas de un sector de la élite que cree que a los poderosos no se les puede tocar”. ¿Quiénes son los poderosos? Hay muchos y de todo tipo. De hecho cualquiera que torció la ley ejerce de mala manera un poder. El Presidente ostenta el poder, sujeto a la ley, la Constitución y a su propia capacidad para gobernar y llegar a acuerdos. Confirmó que no había preocupación por parte del gobierno respecto el caso Hermosilla, ya que actuaba la justicia. Debería estar preocupado el gobierno, la oposición y los ciudadanos porque a mayor corrupción, menor democracia.
El costo de la corrupción es inmenso. Peor aún es el costo de perder la confianza en las personas e instituciones. Preocupan las condiciones morales previas que han llevado a la corrupción que rompe la ley, la conciencia y la ética.
Existen corrupciones de comportamiento previas que deben considerarse. La validación de la violencia, la mentira que se utiliza para lograr adherentes, la negación a calificar y rechazar una dictadura son actos que se riñen con la ética pública.
El ilegal financiamiento a la política incluyendo fraude al fisco del caso SQM ya fue una alerta.
Se necesitan mejores leyes y más eficaces, no hay duda. Sin embargo todo este descrédito surge del incumplimiento y uso fraudulento de la normativa. La lucha contra este vicio, debe incluir a toda la cadena institucional y democrática.
Chile ha tenido una seguidilla de casos de corrupción y tráfico de influencias que deben preocupar y ocupar a todos. ¿Qué instituciones no han estado a la altura de la fiscalización correspondiente? ¿Por qué hubo tanta demora en nombrar a los cuatro consejeros del Consejo de Defensa del Estado? ¿Por qué no se nombra al Contralor? Dorothy Pérez ha demostrado hacerlo bien en la subrogancia, pero no puede quedar así. Justamente la Contraloría General de la República, encargada de ejercer el control de legalidad sobre los actos de la administración pública no tiene un contralor designado.
Se han descubierto graves casos de corrupción en los últimos años. El caso Penta por fraude tributario y de financiación de campañas políticas de manera irregular. El caso SQM que abarcó delitos tributarios y tráfico de influencias descubriéndose que la empresa había financiado campañas políticas de manera irregular, lo que llevó a investigaciones sobre la corrupción en la política chilena. El caso Caval, un escándalo político y judicial en Chile que involucró a Sebastián Dávalos, hijo de la ex Presidenta Michelle Bachelet, y a su esposa, Natalia Compagnon. Este caso se centra en presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de fondos relacionados con la obtención de un crédito millonario para la compra de terrenos en Machalí. Las graves e inaceptables colusiones a nivel privado.
El reciente caso Fundaciones, también conocido como caso Convenios, escándalo político y de malversación de fondos públicos que se conoció en junio de 2023 por un reportaje del medio online Timeline. Los principales hechos fueron: el traspaso irregular de dineros públicos a la Fundación Democracia Viva, cuyos integrantes pertenecían a la coalición oficialista del gobierno de Gabriel Boric, principalmente del partido Revolución Democrática. La fundación operaba mediante la fragmentación de fondos públicos destinados a teóricos fines sociales para utilizarlos en otros propósitos, con tal de evadir la fiscalización de la Contraloría General de la República. Esto abrió una investigación a otras cincuenta y tres fundaciones de diferentes corrientes políticas a lo largo del país, que habrían tenido procedimientos similares. Aún no hay respuestas sobre responsables y de donde están esos fondos. Según informes de la Fiscalía, el monto de defraudación ascendería a 14 mil millones de pesos chilenos (aproximadamente 16,4 millones de dólares).
El caso Hermosilla destacó la corrupción sistémica en Chile, donde se evidenció el uso indebido de información privilegiada por parte de funcionarios públicos para obtener beneficios personales. Aún resta mucho por conocer y saber de este caso que ocupa al país hace semanas. La investigación judicial dará respuesta a la ciudadanía de montos de fondos involucrados y responsables. Hará lo propio con el tráfico de influencias que daña la institucionalidad y diluye a certeza de que van los mejores a ciertos cargos.
Las Fuerzas Armadas, Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile no han estado exentas de casos de corrupción en los últimos años.
Un 40% de las municipalidades están bajo investigación por corrupción. Esto se traduce en más de 200 querellas presentadas por el Consejo de Defensa del Estado y alrededor de 700 investigaciones en curso por parte de la Fiscalía en diversas regiones del país. La situación ha involucrado a una treintena de alcaldes de diferentes afiliaciones políticas, quienes han sido imputados o condenados por delitos graves como fraude al fisco, cohecho y malversación de caudales públicos.
La corrupción y el tráfico de influencias en Chile son problemas persistentes que han afectado la confianza pública en las instituciones. A pesar de que Chile es considerado uno de los países con menor corrupción en América Latina, los casos recientes han afectado la credibilidad en el país.
La tranquilidad de una sociedad se basa en la confianza en sus instituciones. Existe un deterioro constante en la efectividad y calidad de la democracia. Es más notorio en los países en desarrollo y en proceso de transformación.
La polarización puede hacerse cada vez más habitual; la creciente fragmentación política y candidatos que se radicalizan y ganan popularidad se transforma en un desafío frente a instituciones persistentemente débiles. Ello exacerba la inestabilidad política y erosiona la democracia. Todo está relacionado.
La fragmentación política en Chile ha generado un impacto significativo en el sistema democrático y en la gobernabilidad del país. Este fenómeno se ha intensificado en los últimos diez años, especialmente tras la reforma electoral de 2015, que permitió la entrada de un mayor número de partidos al Congreso. Actualmente, el Parlamento chileno cuenta con representantes de veinticuatro partidos políticos diferentes con representación parlamentaria, tres partidos en formación además de un número considerable de independientes, lo que ha dificultado la formación de coaliciones efectivas, ha dificultado el dialogo y ha incrementado la polarización política. Fragmentación que ha llevado a un sistema político incapaz de procesar conflictos y demandas sociales de manera efectiva. Esto se traduce en una creciente distancia entre la ciudadanía y la democracia, contribuyendo a la aparición de liderazgos antisistema y anti élites.
En un contexto de múltiples partidos, se hace más complicado alcanzar consensos para aprobar leyes. Esto ha resultado en un estancamiento y bloqueo legislativo, donde las coaliciones de oposición son más fáciles de formar que las de apoyo al gobierno, lo que agrava la parálisis en la implementación de reformas necesarias.
La fragmentación también ha llevado a una desconexión entre los partidos y sus bases, donde los representantes pueden cambiar de partido durante su mandato, lo que genera desconfianza y descontento entre los votantes. Esto afecta la gobernabilidad.
El análisis de la experiencia comparada, hace notar que la corrupción en diversos sistemas democráticos es uno de los factores de amenaza a la gobernabilidad y estabilidad institucional.
Es fundamental recuperar la ética pública que abarca las obligaciones cívicas que todos deben desplegar en una sociedad.
Es hora de tomar acciones para recuperar las confianzas básicas que exige la democracia. (El Líbero)
Iris Boeninger
