La emisión de Licencias Médicas Electrónicas (LME) por enfermedad o accidente común ha experimentado una caída significativa en Chile durante el último año, alcanzando niveles que no se observaban desde 2022, el año en que la LME se hizo obligatoria.
El promedio mensual de LME emitidas en lo que va del año se ha reducido a 607 mil, una cifra notoriamente inferior a las 823 mil de 2022 (con efecto Covid-19) y las 692 mil de 2024.
La caída se hizo más notoria desde el 20 de mayo, fecha en que la Contraloría General de la República (CGR) reveló que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron fuera del país durante el periodo de sus licencias médicas entre 2023 y 2024.
Bajo este escenario, el sistema encadena cuatro meses consecutivos (junio a septiembre, posteriores al escándalo) en los que las LME emitidas están por debajo de las 600 mil. Específicamente, septiembre registró 565.810 LME, lo que representa una caída del 12% interanual.
La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) atribuye la tendencia no solo al efecto de la fiscalización de Contraloría, sino también a las medidas internas del regulador. Suseso reporta el bloqueo preventivo a 735 profesionales de la salud habilitados para emitir licencias debido a «comportamientos sospechosos», además de la suspensión de 97 profesionales en lo que va de 2025.
El tercer trimestre (terminado en septiembre) marcó un total de 1.717.966 LME emitidas, el menor nivel registrado desde enero de 2022, el inicio de las cifras mensuales comparables en el sitio web de la Suseso. Esto implica una baja del 18% en comparación con igual trimestre del año anterior.
La superintendenta (s) de Seguridad Social, Patricia Soto, comentó que la disminución interanual superó de forma sostenida los dos dígitos desde mayo, siendo en promedio un 17% inferior a la registrada en 2024. Soto señala que el promedio mensual de licencias se ha estabilizado cerca de las 600 mil, a diferencia de las 700 mil registradas el año pasado.
Las economistas consultadas coinciden en que la caída es una «buena noticia» que demuestra la incidencia positiva de la fiscalización de Contraloría. Sin embargo, la economista de Horizontal, Soledad Hormazábal, subraya que la fiscalización debe ser constante y que es «fundamental que se apruebe el proyecto de ley que equipará las condiciones de las licencias médicas entre el sector público y el privado» para lograr un cambio estructural que reduzca los abusos de forma permanente.
Daniela Sugg, economista de la salud, sostiene que la caída no se ha traducido en un aumento equivalente de la tasa de rechazo, lo que refuerza la hipótesis de que la baja responde a un proceso de depuración y mayor racionalidad en la emisión, y no a un endurecimiento en los criterios de aprobación.
Sugg advierte que persisten diferencias estructurales en los mecanismos de fiscalización. Mientras Fonasa presenta una tasa de rechazo de primera instancia del 5,9%, en el caso de las isapres esta alcanza el 22,1%. Este aspecto requiere «ajustes normativos y reformas legales» para mayor coherencia y equidad.
Hacia adelante, Sugg estima que la emisión de licencias se mantendrá relativamente estabilizada, con alzas estacionales por virus respiratorios, y advierte que este escenario de mayor control solo se sostendrá si las entidades fiscalizadoras mantienen su rol activo y el tema no se diluye de la agenda pública, evitando que las «malas prácticas tiendan a reaparecer». (NP-Gemini-La Tercera)
