El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, salió al paso de las críticas por el proyecto de ley que busca aumentar las exigencias para desvincular a funcionarios a contrata. Desde el Palacio de La Moneda, el secretario de Estado fue enfático en señalar que esta normativa no protege a quienes ocupan cargos de confianza política, asegurando que todos los colaboradores que llegaron por adhesión al programa del Presidente Boric cesarán en sus funciones el próximo 11 de marzo, permitiendo que la administración de José Antonio Kast designe a sus propios equipos.
ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL Y DEBATE DE CIFRAS
Ante la amenaza de la UDI de presentar una acusación constitucional contra el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, Elizalde calificó la ofensiva como «absurda jurídica y políticamente». Argumentó que desnaturaliza los instrumentos de fiscalización del Congreso, ya que el desacuerdo con un proyecto de ley debe manifestarse a través del voto en contra y no mediante juicios políticos. Asimismo, rebatió el informe del centro de estudios Horizontal que cifraba en 33 mil los beneficiados, señalando que los datos están distorsionados por el traspaso de funcionarios municipales a los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
CRITERIOS DE DESVINCULACIÓN
Funcionarios de Carrera: El ministro reiteró que el acuerdo con el sector público busca que cualquier despido de personal técnico o de carrera sea debidamente fundado, en cumplimiento con los principios básicos del derecho administrativo.
Personal de Confianza: Aclaró que estos funcionarios no entran en la categoría de «carrera» y, por tanto, su salida es automática al término del mandato actual para dar paso a las nuevas autoridades.
Cifras en Disputa: Evitó dar un número exacto de funcionarios bajo este régimen, argumentando que las planillas de la Dipres se actualizan mensualmente.
PROTOCOLOS PARA EL CAMBIO DE MANDO
Respecto a la polémica por la invitación al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el titular de Interior apeló a la tradición republicana: «Se invita a todos los países con los cuales Chile tiene relaciones diplomáticas». Precisó que aún es prematuro confirmar asistencias de mandatarios extranjeros. Finalmente, al abordar la posible disolución de la coalición oficialista planteada por el diputado Raúl Soto (PPD), Elizalde desestimó la tesis calificándola como una declaración «categórica» de debate, insistiendo en que la prioridad tras el 11 de marzo será mantener la unidad de los sectores progresistas. (NP-Gemini-La Tercera)
