El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a las declaraciones del diputado Henry Leal (UDI), quien no descartó una acusación constitucional. La amenaza es contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, por la anunciada expropiación de 100 hectáreas en la toma San Antonio.
En Radio Agricultura, Leal dejó abierta la presentación de un libelo acusatorio contra el titular del Minvu. El parlamentario acusó que el ministro está «legalizando un delito» y que «usurpar es un delito en Chile».
LA LEGALIDAD DE LA EXPROPIACIÓN
Consultado sobre las palabras del diputado, Elizalde apuntó que una acusación constitucional requiere una infracción constitucional o legal. El ministro enfatizó que, en este caso, no existe tal infracción.
Elizalde recordó que el ordenamiento jurídico chileno establece la expropiación como una herramienta válida, que va de la mano con la indemnización correspondiente. De hecho, el Gobierno del Presidente Piñera la utilizó más veces que el actual Gobierno.
Por lo tanto, Elizalde señaló que si el Gobierno decide usar una de las alternativas que otorga la ley, se puede tener una diferencia política, pero no se puede señalar que la acción sea ilegal o inconstitucional.
El titular de Interior reparó que es fácil criticar, pero lo distinto es buscar soluciones efectivas para los problemas. El Gobierno enfrenta un desafío humanitario claro en la toma San Antonio.
FRACASO DEL ACUERDO
Elizalde recordó que hace muchos meses se planteó la necesidad de adquirir esos terrenos para llevar adelante un plan habitacional. Se estableció una mesa técnica para generar un acuerdo, pero este no fue posible.
Con todo, Elizalde llamó a no confundir el debate democrático y la libertad de expresión con una supuesta ilegalidad o inconstitucionalidad. Este último punto es el fundamento de una acusación constitucional.
El ministro concluyó que, en caso contrario, «habrían violado la constitución y las leyes todas las autoridades del Gobierno del Presidente Piñera que llevaron adelante estas expropiaciones».
CAPELLÁN DE TECHO
El capellán de Techo-Chile, Benjamín Donoso, se sumó al debate por el desalojo en el cerro 18 de Lo Barnechea. Esto ocurrió tras el cruce entre la directora social de la organización, Isidora García, y el alcalde Felipe Alessandri.
También se refirió a la trama generada por la expropiación de 100 hectáreas en la toma de San Antonio, buscando una solución habitacional para quienes usurparon el lugar.
DESALOJO SIN ESTRATEGIA EN LO BARNECHEA
Sobre Lo Barnechea, Donoso señaló que no reprochan la gestión directa de la municipalidad. De hecho, los estándares del desalojo han sido buenos, al igual que en la toma Japón de Maipú.
El punto central para Techo es qué pasa con el «después» de estas familias, que son «vecinos históricos» de la comuna por varias generaciones. Al recibir arriendos temporales, el dinero no es suficiente para quedarse en la comuna.
Donoso precisó que están relevando un desalojo sin una estrategia de reubicación que permita a las familias mantener sus redes y cohesión social. Esto es un peligro complejo para las pseudosoluciones a la crisis habitacional.
El capellán enfatizó que las familias son conscientes de que deben salir por vivir en un lugar de riesgo y un terreno ajeno. Sin embargo, se debe aprender la lección para construir ciudad con acceso para todos sin generar más segregación.
En el caso de Lo Barnechea, Donoso afirmó que se reunió con el alcalde Alessandri, quien tenía sensibilidad para seguir considerando a las familias como vecinos. El objetivo es que se mantengan en la fila de subsidios para vivir de manera ordenada.
CARGA ESPURIA EN SAN ANTONIO
Techo-Chile no tiene presencia en la toma de San Antonio debido a una razón práctica, según Donoso. Sus oficinas más cercanas están en Valparaíso y Viña del Mar, y trabajan con campamentos más históricos.
Donoso reflexionó que la toma de San Antonio tiene una «carga especial» porque su origen es espurio. Fue planificada por personas, incluso profesionales, con una inversión importante de recursos en un terreno que no era suyo.
El capellán insistió en que si hubieran estado en San Antonio, habrían participado, siempre que las familias estuvieran realizando sus procesos regulares de acceso a la vivienda. Recalcó que la toma no debe ser vista como un mecanismo para saltarse la fila.
Consultado sobre qué es lo «espurio», Donoso explicitó que hay un nuevo fenómeno en la proliferación de campamentos: una actividad planificada de grupos que se toman terrenos para hacer «negocios en negro» y cobrar por ellos.
El capellán sostuvo que no debe validarse una toma así, pero el Estado debe hacerse cargo del problema tal como lo recibe. La pregunta es qué hacer con las familias que, por necesidad, pagan por esos servicios informales. (NP-Gemini-Emol-Agricultura)
