A principios de enero de 2021, un portal de noticias de Miami -de corte anticastrista y antimaduro- publicó un reportaje que amenazaba con ser una bomba política en el país, todo ello a 11 meses de la elección presidencial del 21 de noviembre. En febrero del mismo año el artículo fue republicado en un medio de oposición en Venezuela. Las notas llevaban por título: Las cuentas secretas de la política chilena.
La noticia sugería un escándalo. Revelaba las cuentas secretas en paraísos fiscales de 11 políticos del «socialismo chileno», entre las que destacaban las del entonces precandidato presidencial del PPD, Heraldo Muñoz, y la del presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), más las del excandidato presidencial de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Según el reportaje, el destino de las cuentas offshore eran Luxemburgo, Islas Caimán, Zúrich, Nueva York, Nueva Zelanda, Mónaco, Miami, Gibraltar y Trinidad y Tobago.
Por no existir pruebas sobre las veracidad de estas revelaciones, la publicación cayó en el saco donde paran las fakenews, pero nueve meses más tarde, en Octubre de 2021 -a poco más de un mes de la primera vuelta presidencial- el exconvencional constituyente de la UDI Martín Arrau puso a disposición de la fiscal regional del Nuble, Nayalet González, un dossier de documentos que le llegaron de forma anónima y que no hablaba solo de las señaladas cuentas en el extranjero, sino que también daba luces sobre movimientos de cuentas bancarias en instituciones nacionales.
Así se inició una investigación criminal que el ex Fiscal Nacional Jorge Abbott traspasó al Fiscal Regional de Magallanes, Eugenio Campos, para que continúe con las indagaciones. Fuentes del Ministerio Público señalan que la investigación no tenía más destino que el archivo provisional, pero tres hechos marcaron su cambio de rumbo: las declaraciones prestadas por una larga lista de políticos; las gestiones del entonces abogado privado Ángel Valencia Vásquez -hoy Fiscal Nacional- para representar al presidente del Senado, escrito de patrocinio y poder de por medio, y la decisión del fiscal Campos de decretar el secreto de la investigación, tras aplicarle reserva en virtud de la Ley de Lavado de Activos.
DE ARAYA A ELIZALDE
Mientras se desarrollaban los primeros meses del gobierno del Presidente Gabriel Boric, declararon por zoom en la causa, más de 15 personas ligadas a la política chilena, entre ellos parlamentarios, ex parlamentarios y ex ministros de Estado. Entre quienes prestaron declaraciones ante el fiscal Campos figuran el senador Pedro Araya, uno de los promotores de Ángel Valencia en el Senado para que fuera ratificado como Fiscal Nacional, y el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, literalmente compadre de Ángel Valencia.
En los antecedentes que presentó Martín Arrau (UDI) a la fiscal Nayalet González en octubre de 2021, se mencionaría entre los posibles poseedores de cuentas en paraísos fiscales a Javiera Blanco (pareja del senador Pedro Araya) y el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.
En esta lista figuran además los abogados brasileños y expertos en derecho mercantil Domenico Dos Santos Neto y Gabriel Buscarini Leutewiler. También aparecen citados los hermanos Luis y Amir Saab Morán, a su vez hermanos de Alex Saab, empresario colombiano extraditado a EEUU, donde se le sigue un proceso por lavado de dinero.
Según fuentes del Ministerio Público, una causa de esta naturaleza requiere, entre muchas otras diligencias, a lo menos, que se envíen sendos oficios a los bancos extranjeros donde se supone que existen las cuentas secretas, gestiones que deben pasar por la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional (Uciex), trámites que –según las fuentes de este medio- no se habían realizado hasta hace un par de semanas atrás.
FALTA DE TRANSPARENCIA DE LA FISCALÍA NACIONAL
En el mes de mayo, fecha que coincide con el inicio de las declaraciones –por zoom- de los personeros públicos, el entonces abogado defensor privado Ángel Valencia realizó gestiones ante el Ministerio Público, directamente con el fiscal Campos para conocer el contenido de la investigación, abierta meses atrás, para lo cual presentó escrito de patrocinio y poder a favor del presidente del Senado, Álvaro Elizalde.
El Mostrador realizó consultas con el Departamento de Comunicaciones de la Fiscalía Nacional, haciendo llegar oficialmente dos preguntas: ¿El Fiscal Nacional ha tenido contacto con el Fiscal Regional Campos por esta causa? (indicando el RUC), y si ¿Renunció formalmente al patrocinio (de Álvaro Elizalde)?
Luego de solicitar más tiempo, la Fiscalía en definitiva decidió no responder las consultas. Por el contrario, la jefa de Comunicaciones, Malú Urzúa, optó por llamar por teléfono a este medio para informar que la respuesta oficial «es que no hay respuesta«.
OPACIDAD EN ENTREGA DE INFORMACIÓN AL CDE
En la época en que aún no estaba definido quién sería el Fiscal Nacional, fuentes del Ministerio Público señalan que el exsenador y exministro de Defensa y actual integrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE) Alberto Espina (RN), habría realizado gestiones con el Ministerio Público para recabar antecedentes sobre esta causa reservada por lavado de activos. Cabe hacer notar que el actual Fiscal Nacional Ángel Valencia trabajó varios años en el estudio de abogados de Alberto Espina (Espina, Zepeda & Acosta). Llamaron la atención en el órgano persecutor estas gestiones de Espina, ya que no integra el Comité Penal del CDE, sino el Comité Laboral-Medioambiental.
En todo caso, en el Comité Penal del Consejo de Defensa del Estado están esperando hace semanas el oficio (que tiene que incluir información relevante de la causa) que le tiene que hacer llegar el fiscal Eugenio Campos, en cumplimiento de la ley que obliga al Ministerio Público a informar al CDE de todas y cada una de las causas criminales en las que aparecen mencionados funcionarios públicos en ejercicio, como es el caso de esta investigación criminal por lavado de activos; aunque sea una investigación “secreta”. (por Héctor Cossio, El Mostrador)
