En las presentaciones del Gobierno acerca de las “bondades” del nuevo Seguro Social Previsional se muestran cálculos de personas que cotizaron durante 20 años, quienes, gracias a la reforma podrían recibir tasas de reemplazo incluso superiores a 100%.
¡Qué atractivo! Pero, ¿es ese un objetivo deseable para un sistema de seguridad social? ¿Que personas que contribuyen la mitad de su vida laboral jubilen con el 100% de su ingreso? Se trata entonces de un sistema, además de injusto, con derechos que duplican los deberes, por lo tanto insostenible financieramente mirado globalmente; no sólo por ese desequilibrio entre beneficios y contribuciones, sino también por la estructura de incentivos que genera, que lleva a que esa brecha sea mayor que la estimada por los modelos del Gobierno. Aunque éste plantea que se incrementarán los incentivos a cotizar, eso no parece realista; más bien podría ser en realidad de un Sistema de Inseguro Social Previsional.
El incentivo a cotizar para sectores de bajos ingresos proviene, supuestamente, de los beneficios del seguro social. Sin embargo, y sabiendo que esos sectores tienen una altísima tasa de descuento intertemporal, lo que percibirán es que manteniendo un alto porcentaje de lagunas recibirán de todas formas una tasa de reemplazo altísima, de 100%. Eso no es todo, cotizando por el menor monto posible, maximizan el beneficio solidario a recibir, por lo que no parece creíble que puedan disminuir los niveles de informalidad que existen actualmente.
¿Y qué pasa con los sectores de altos ingresos, que tienen niveles de formalidad elevados? Será este grupo el que se verá negativamente afectado por el componente de reparto del seguro y por el aumento de 50% del tope imponible; esos sectores financiarán la solidaridad. Por lo tanto, este grupo también ve negativamente afectado su incentivo a cotizar, frente a otras alternativas de ahorro, que sin duda rentarán más que el 2% real estimado para las cuentas nocionales. Aunque en estos tramos la elusión y la evasión son más complejos, se irán creando mecanismos para intentar reducir el impacto del impuesto al trabajo formal.
Definitivamente, el supuesto de un incremento de la formalidad laboral producto de la reforma es poco plausible, por lo tanto, la sostenibilidad financiera del seguro social también lo es. ¿Qué propone la reforma en esta situación hipotética? En ese caso se modificarían los parámetros, entre estos, aumentar la tasa de cotización y/o disminuir la rentabilidad de las cuentas nocionales, agravando el problema de incentivos a no contribuir. Sin duda, un sistema de capitalización resuelve lo anterior de mejor manera.
¿Y qué hacemos con las pensiones de los sectores de bajos ingresos, que son los que tienen también las mayores lagunas? Lo cierto es que la PGU ya hizo gran parte de ese esfuerzo.
Sin considerar el alza del monto y cobertura de ésta que establece el proyecto de ley, el gasto proyectado de la PGU para 2023 es de US$ 7.300 millones.
La expansión del pilar solidario ya aprobada ha reemplazado totalmente el aumento de tasa de cotización que se planteaba en 2018 como necesario, y todos los esfuerzos ahora deben concentrarse en aumentar los niveles de formalidad laboral para que una mayor tasa de cotización no disminuya la base de cotizantes. La mejoría adicional del pilar solidario debe contemplar incentivos a cotizar, en vez de dar la señal para muchos de que con la PGU es suficiente.
En definitiva, avanzar en formalidad laboral es un objetivo que va más allá de mejores pensiones: la reforma propuesta podría terminar siendo un retroceso significativo en esta materia. (DF)
Cecilia Cifuentes
