Más de diez años estudiando el crimen organizado y el narcotráfico, revisando todos los indicadores de violencia y analizando las políticas públicas de seguridad me han confirmado que hoy, en Chile, estamos pagando un impuesto encubierto que se llama seguridad.
Eso que se leía en los casos de estudios y periódicos internacionales sobre secuestros y extorsiones a trabajadores de diversos sectores es una realidad en el país. Una realidad de la que se habla poco porque la cantidad de homicidios y balaceras nos desconcentran. Pero, lo cierto es que esa certeza que se llama seguridad ya no es tal ,y la inversión y el desarrollo se ven amenazados por los grupos criminales nacionales y extranjeros que alteran el día a día ya sea por robar una carga, extorsionar a un ejecutivo o usar la cadena logística legal para transportar productos ilegales.
Las empresas, esos lugares que aportan al desarrollo del país, que generan empleo y contribuyen al crecimiento de la comunidad, deben incluir en sus presupuestos una cifra no menor para asegurar el negocio y a sus trabajadores. El problema, es que no siempre se puede. Cuando se está frente a grupos organizados que deben velar por su negocio, el de otro es meramente instrumental y nada es tan importante como el dinero sucio.
Quién iba a pensar que el bodegaje de químicos o insumos médicos podría significar un riesgo. Pero, cuando hablamos de ácido sulfúrico, hablamos de minería, pero también de laboratorios para procesar coca; cuando lo hacemos de ketamina, pensamos en medicina, pero también en la tusi que se consume todos los fines de semana.
La seguridad ya no tiene que ver con la altura de la reja o la cantidad de cámaras, tiene que ver con la sostenibilidad del negocio y mientras antes incluyamos esto en nuestro análisis, más eficientes van a ser las acciones. Por eso, es tan importante la coordinación público-privada, porque Chile y los chilenos necesitan de seguridad para vivir y para trabajar.
Las economías ilegales se transforman en un problema. Si se trata del cobre tiene que ver con infraestructura crítica, de salmones con salud pública o de madera con seguridad física de los trabajadores y un conflicto asociado a grupos terroristas, y así podríamos seguir con otros sectores. El tema es que, también se trata de empleo, de bienestar, de lavado de activos, de falsificación de instrumentos públicos, etc.
Más de una década de investigación sólo viene a comprobar esa hipótesis que me llevó a esto: ni la cordillera es tan alta ni el desierto es tan extenso. Ubicados en el lugar de residencia de grandes carteles internacionales con las oportunidades de desarrollo del país, era imposible mantenernos alejados del problema. Y, si no podemos mantenernos alejados, al menos alejemos la amenaza, pero tampoco fuimos exitosos y hoy escuchamos a los gremios empujar esos temas que afectan al sector y a las empresas hablar de secuestros.
Esto no se trata de negocios, de empresas, de privatizar un tema, se trata de avanzar juntos para poder seguir siendo el ejemplo de América Latina y ese país donde todos quieran venir a invertir. (El Líbero)
Pilar Lizana
