En Chile nos acostumbramos a creer que todo problema se resuelve con una ley nueva. El resultado no es más orden ni más justicia, sino un sistema cada vez más frágil, como consecuencia de iniciativas mal concebidas.
Procedo a recordar algunos casos: los retiros de pensiones, las políticas de subsidios eléctricos, el proyecto que amplía la obligación de salas cuna, la ley de humedales urbanos y la reciente iniciativa para eliminar las multas del tag. Todos son ejemplos de políticas públicas que se presentan como medidas de alivio o corrección, pero terminan socavando nuestra capacidad de avanzar al desarrollo.
La calidad de las iniciativas de política pública se ha ido deteriorando progresivamente, especialmente en la Cámara de Diputados. Muchas veces se trata de decisiones que miran la encuesta de la última semana, no el país de los próximos veinte años.
Subsidiar el consumo eléctrico a costa de las actividades productivas encarece la operación de las empresas, deteriora nuestra competitividad y castiga la inversión en un contexto global ya desafiante.
Obligar a todos los empleadores, incluso pymes, a tener salas cuna sin importar el número de mujeres con hijos contratadas encarece los costos, haciendo aún más difícil la sobrevivencia de unidades económicas pequeñas y puede incluso frenar aún más la contratación de mujeres en edad fértil o acentuar el drama de la baja natalidad en Chile.
En el caso de la ley ya vigente sobre humedales urbanos, las principales consecuencias han sido la paralización de proyectos, la incertidumbre jurídica por declaratorias mal fundamentadas y múltiples litigios en tribunales ambientales, debido a la falta de coordinación entre municipios y el Ministerio de Medio Ambiente.
Eliminar las multas del tag, como propone el proyecto presentado en la Cámara, por su parte, es doblemente nocivo. Por un lado, destruye el equilibrio económico de los contratos de concesión de obra pública —en ellos, el riesgo de incumplimiento se trasladó a los concesionarios— y los vuelve inviables en el largo plazo. Y, por el otro, transmite el peor de los mensajes a la ciudadanía: “no cumpla sus deberes, ya encontrará un diputado que lo perdone”.
El problema no es solo jurídico o legislativo, es institucional. Cambiar las reglas del juego para empresas extranjeras que han decidido invertir en Chile es un desincentivo directo a nuevas inversiones. Ello es así, porque si las normas cambian de manera inesperada, los contratos dejan de ser mecanismos confiables para asignar riesgos y atraer inversión. Ningún modelo de obra pública funciona bajo esa incertidumbre. Con el argumento de favorecer a los usuarios, se terminará perjudicándolos. Porque la ecuación es sencilla: a mayor riesgo percibido, más cara es la infraestructura. Más costo de financiamiento, más exigencias de cobertura y, al final del día, tarifas más altas para los usuarios. O menos infraestructura.
La fragmentación y polarización política agravan este escenario. Cuando las propuestas se evalúan por su origen antes que por sus méritos, se diluye el incentivo a legislar con responsabilidad y se instala la idea de que las normas pueden adaptarse a cualquier presión coyuntural. La ley deja entonces de ser un marco estable para convertirse en un instrumento de reacción frente a urgencias de corto plazo.
Este deterioro institucional no ha ocurrido de un día para otro. Se ha normalizado que la legislación pueda modificarse sin evidencia, sin procedimiento y sin considerar la arquitectura que hace posible la convivencia social y económica. Cuando eso sucede, se resquebraja la confianza en que las reglas son claras, estables y aplicables a todos. La gestión del Ejecutivo se traslada artificialmente a resolver los problemas mediante reformulaciones legales.
Recuperar sobriedad legislativa no es volver al pasado, sino asumir que cada decisión normativa deja una huella sobre conductas, contratos y expectativas económicas. Legislar no debe ser un ejercicio de inmediatez emocional ni de marketing político, sino un acto de responsabilidad hacia el futuro. Mientras sigamos creyendo que todo se va a arreglar con una ley improvisada, seguiremos debilitando el valor de la ley.
Jorge Bofill
